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¿Asistimos a la preparación de un autogolpe de Estado del PRO? Similitud con el contexto político de Perú en 1990.

Actual contexto económico

En casi 75 días de gobierno PRO, desde diversos sectores de la sociedad hay un pensamiento colectivo respecto de los errores de este gobierno, “no tienen experiencia”. No obstante, si se analizan las medidas del actual gobierno, elegido por un magro margen en balotaje, las mismas corresponden a un plan de gobierno decidido a beneficiar a una pequeña parte de la sociedad, a intereses de grandes corporaciones económicas y el sector financiero. Algunas de las medidas que no benefician al sector con menores recursos de la sociedad pero si a las mencionadas corporaciones económicas son:

  • Una devaluación del peso de más del 50% sin control de precios, con el consecuente disparo de la inflación.
  • Despidos masivos en el sector público, sin efectuar en forma previa auditoría para verificar el cumplimiento de los contratos.
  • Eliminación de las retenciones para exportación de empresas mineras.
  • Baja de las retenciones para la exportación de granos.
  • Incremento de más del 300% en servicios públicos.
  • Poner un techo a las paritarias del 25% cuando se espera solo en el año 2016 una inflación del 40%.
  • Modificación del impuesto a las ganancias en forma previa a las paritarias e incorporación de 220000 personas trabajadores y 110000 personas jubiladas en el pago de este impuesto.
  • El ofrecimiento de pago a los fondos especulativos de una deuda inicial de U$S2000 millones por aproximadamente U$S8000 millones.

Muchas de estas decisiones del poder ejecutivo tienen que ser aprobadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, particularmente la Ley Cerrojo para el acuerdo con los fondos especulativos y la modificación del impuesto a las ganancias.  A pesar de que la principal fuerza política en la Cámara de Diputados votada en las últimas elecciones, el FPV (Frente para la Victoria) se ha fragmentado, la principal fuerza política en la Cámara de Senadores (FPV) se mantiene unida. En este contexto, parece que no será posible que voten las leyes propuestas por el ejecutivo nacional contra los intereses de la clase trabajadora. ¿Qué hará el ejecutivo nacional ante esta situación, para llevar adelante su plan de gobierno?

 

Conflictividad social

Nos encontramos frente a un gobierno nacional que ha llegado al balotaje por menos del 50% de posibles votantes. Día a día disminuye la imagen positiva del gobierno y la conflictividad social va en aumento. Con la creencia que es posible contener al pueblo argentino y sus reclamos, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. En el mismo se limita la forma de protestar, la libertad de prensa y no se hace explicito el no uso de armas letales. En una entrevista ante la pregunta de cómo se ejecutará el protocolo expresó: “…se le dará 5, 10 minutos a los manifestantes, si no se van, los sacamos”.

El día lunes 22 de febrero de 2016, la Confederación de Trabajadores de la educación de la República Argentina (CTERA) expresó su preocupación por las paritarias en una Conferencia de prensa. También se expuso las amenazas que recibió Roberto Baradel (Secretario General de SUTEBA) para aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo. Los representantes de CTERA se expresaron: “Basta de intimidaciones y amenazas, exhortamos al gobierno nacional a formalizar la propuesta de la paritaria nacional docente y a las gobiernos provinciales a convocar a la discusión en paritarias”. Asimismo, se denunció la amenaza recibida por la hija de Baradel este fin de semana. “A estos dos hechos se suma los mail que la hija de Roberto Baradel recibió este fin de semana con amenazas de muerte a su familia si no firmaban la paritaria de la Provincia de Buenos Aires con la propuesta ofrecida por la gobernadora

Es estremecedor las formas de acción de un gobierno que además de no gobernar para los sectores menos favorecidos, siquiera intenta mostrar señales de una buena conducta democrática. Un ejemplo de esto ha sido la propuesta de querer nombrar dos Jueces en la Suprema Corte por decreto, en un claro acto inconstitucional.

Si se tienen en cuenta algunas medidas y acciones del PRO que tienen como objeto irritar a un sector de la sociedad que no lo ha votado y generar un estado de caos para justificar más medidas represivas y ante el actual contexto económico y social, advirtiendo la historia reciente de la región y como el PRO puede continuar gobernando contra el interés de una mayoría, surge la pregunta, ¿El gobierno del PRO está preparando un autogolpe de Estado?

En la región hay antecedentes próximos respecto de autogolpes de estado, la actual situación en Argentina es comparable con la situación de Perú gobernada por el liberal Fujimori. En Perú en año 1990 el partido político Cambio 90 (resulta llamativa la similitud con el nombre de la alianza CAMBIEMOS) ganó las elecciones pero sin tener el control del congreso. Luego de que el congreso legisle contrariamente a las leyes presentadas por el ejecutivo de Cambio 90, el día 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República  y el martes 7 de abril se presentó la Ley de bases del gobierno de emergencia y reconstrucción Nacional. Como consecuencia del autogolpe de estado se llamó a una asamblea constituyente y se modificó La Constitución introduciendo modificaciones liberales en la misma, modificaciones que aún permanecen.

Es importante preguntarse, ¿Qué hará la sociedad Argentina ante una situación similar a la de Perú en 1992?

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