Durante el conflicto de 2008 entre el Gobierno y las patronales agrarias, uno de los argumentos más repetidos por el K-progresismo fue que con las retenciones se buscaba mejorar la distribución del ingreso en favor de los sectores populares y la clase trabajadora. En oposición a esta postura, en varios artículos (recogidos en Economía política de la dependencia y el subdesarrollo, UNQ, 2010) sostuve que el Gobierno procuraba sostener el tipo de cambio real alto mediante la transferencia de parte de la renta agraria a otros sectores del capital.

Planteé también que si se hubiera querido mejorar la distribución del ingreso disminuyendo la renta agraria, la primera medida debería haber sido alentar el aumento de los salarios rurales, y combatir seriamente la precarización del trabajo en el sector. Señalaba que cuando los salarios agrarios ni siquiera reponen el valor de la fuerza de trabajo, puede considerarse que una parte de los mismos está ingresando en la renta (véase El Capital, tomo 3, p. 808,, edición Siglo XXI). Según el INDEC, en 2008 el salario promedio en el campo era $1100, lo que representaba el 57% del promedio salarial en el resto de la economía; en los cultivos industriales, que empleaban unos 50.000 trabajadores, los salarios eran aún más bajos, apenas $868 en promedio. A esto se unía el trabajo en negro generalizado, y la explotación del trabajo infantil. Por eso planteaba que “la primera manera práctica y sencilla de bajar la renta agraria y comenzar a mejorar la distribución del ingreso es aumentando los salarios de los trabajadores rurales” (p. 215, Economía política….). Sin embargo, durante el conflicto el Gobierno -siempre aplaudido por el progresismo izquierdista-, se cuidó mucho de poner en primer plano el tema. Esto aún cuando la propia presidenta CK reconoció que los trabajadores rurales eran los peor pagados de los asalariados. Después del conflicto, las condiciones de vida de los trabajadores rurales tampoco mejoraron mucho, a pesar de las altísimas ganancias en el agro. Por ejemplo, en 2009, la Secretaría de Trabajo calculaba que aproximadamente el 72% estaba en negro. La súper explotación del trabajo infantil continuó sin grandes problemas (como tantas veces denunciaron La Alameda y otras organizaciones). Y en agosto de 2011 el salario mínimo del trabajador rural era de $2210. Si bien representa una mejora con respecto a 2008 (pero hay que contar la inflación), cualquiera sabe que se trata de un ingreso de hambre. Algunos incluso han señalado que con un salario tan bajo hoy es difícil conseguir mano de obra, ya que no repone el costo mínimo de una canasta de subsistencia.

Pues bien, recientemente el sindicato de los trabajadores rurales, UATRE, llegó a un acuerdo con la Sociedad Rural y Coninagro (aunque otras agrupaciones patronales se oponen) para que el salario mínimo de los peones rurales se incremente a $3000 (35,7% de aumento). Pero al Gobierno esta cifra le pareció inadmisible (no vaya a ser que los peones rurales se envicien con lujos) y dispuso que el aumento sea del 25%; así el salario mínimo queda en $2763. Además, la presidenta CK atacó públicamente a los trabajadores rurales que se movilizaron en defensa de su conquista.

Por otro lado, la renta agraria se mantiene muy alta. En abril de este año La Nación informaba que los alquileres de campos para la campaña 2011-12 se estaban negociando con subas de hasta el 10% en las mejores tierras de la pampa húmeda. En la zona de Rosario se fijaban alquileres de 20 o 21 quintales por hectárea, contra 18 o 19 quintales en la campaña anterior; se trata de alquileres por lo menos tan altos como en los mejores momentos de 2007-8. La limitación del aumento de salarios a todas luces no contribuye a cambiar esta situación. A todo esto, el progresismo K, siempre tan preocupado por la justicia social, parece guardar silencio.

Agreguemos todavía dos cuestiones. En primer lugar, la renta es plusvalía. Esto es, no se trata del “ingreso que recibe el factor de producción tierra”, como se la presenta en la literatura burguesa, sino de la plusvalía remanente sobre la tasa media de ganancia del capital invertido en la tierra. Con esto decimos que es valor generado por el trabajo de los obreros rurales. En segundo término, esa plusvalía es apropiada por el terrateniente merced a que dispone del monopolio sobre un bien natural (o sea, que no es reproducible con trabajo). Por eso, la renta constituye un tributo que el conjunto de la sociedad paga a los propietarios de la tierra. De aquí deriva un cuestionamiento radical del marxismo a la propiedad privada de la tierra, y en consecuencia a la renta. Además, y como señalé al comienzo de la nota, el hecho de que los trabajadores rurales no reciban siquiera el valor de su fuerza de trabajo, contribuye a mantener altos los ingresos de los propietarios. La medida del Gobierno K, de impedir el aumento de salarios obtenido, debe interpretarse en este contexto teórico. En este respecto, no hay ruptura con su política de 2008.

Fuente: http://rolandoastarita.wordpress.com/2011/11/23/renta-agraria-y-salarios-rurales/