Debates ausentes. Recolonización. El campo ofrece una matriz de soluciones a la pobreza

Bernardo Veksler

ARGENPRESS.info

Las dispares cifras de pobreza e indigencia generaron un nuevo debate en la superficie de los problemas, sin que se vislumbren propuestas superadoras. La prolongada disputa alrededor de la cuestión agropecuaria marginó una de las posibles soluciones a ese angustiante drama social. ¿No se hace necesario proponer una masiva colonización rural que resuelva la crítica situación que afecta a millones de argentinos?

Esta semana salieron a la luz las divergencias existentes en la evolución de los índices de pobreza, mientras el INDEC sostiene que hubo un descenso del 17,8 al 13,9 por ciento (un millón y medio de personas que dejaron de ser pobres), los analistas no oficiales consideran que en esa situación se encontraría alrededor del cuarenta por ciento de la población. Más allá de las dispares estadísticas, se hace necesario y urgente abrir un profundo debate sobre las perspectivas de nuestra sociedad en ese contexto y qué soluciones es posible barajar para intentar erradicar esa lamentable realidad.

En los últimos meses la polémica entre dirigentes del agro y el gobierno fue un tema casi excluyente en los medios de comunicación, pero ese debate central giró alrededor de las retenciones a las exportaciones y las situaciones dramáticas que aparentaban vivir los productores. Mientras ellos protestaban, cortaban rutas y hacían oír sus reclamos a viva voz, los millones de empobrecidos y marginados casi no manifestaban sus estados de ánimo, aunque tuvieran de lejos muchas más razones para hacerlo. Una verdadera paradoja de la Argentina de hoy.

En tanto, el tema de cómo las extensas superficies rurales argentinas podrían resolver la creciente marginación y pobreza de los habitantes del país no mereció ni una mínima parte de los profusos espacios utilizados para esa cuestión sectorial. Cuando se aludía a esa temática era sólo para fortalecer las posiciones de los participantes en la pulseada, pero nunca para ofrecer satisfacciones a las víctimas de las sucesivas crisis.

El reciente proceso electoral reafirmó la convicción de que existen temas que están ausentes de los debates y propuestas de los principales candidatos y funcionarios, y sugestivamente son los problemas cotidianos que afectan a millones de pobladores del país.

Entre las cuestiones destacadas que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas están la inestabilidad económica, la calidad de vida, la pérdida de poder adquisitivo, la educación, la salud pública, la inseguridad, el transporte de pasajeros, etc. Por lo general, casi todos esos temas son tratados con la superficialidad de los que no lo padecen o se sienten lejanos de los sufrimientos de sus conciudadanos.

Más allá de los índices estadísticos, los síntomas de la creciente marginalidad social se palpan con contundencia en las calles de las principales ciudades argentinas: vendedores ambulantes, cartoneros, revolvedores de residuos, mendigos, familias e individuos sin techo, niños y jóvenes deambulando sin destino, consumo de adicciones destructivas que ganan terreno entre los sectores más vulnerables de la sociedad. En fin, multitudes de desesperados y desesperanzados que se hunden en una degradación sin fin. ¿A qué futuro podremos aspirar con estas evidencias de catástrofe social? ¿Los debates existentes las toman en cuentas? ¿Las vicisitudes de estos seres humanos entran en la agenda de los políticos y referentes sociales argentinos? ¿Las polarizadas polémicas de los últimos tiempos las ponen en consideración? ¿Los recursos del Estado están destinados a resolver esas angustiantes problemáticas? ¿Qué proyecciones se efectúan de estas calamidades presentes? Cualquier encuesta callejera asombraría por los altos

índices de respuestas negativas que se lograrían ante estos interrogantes.

Ante las consecuencias de las sucesivas crisis económicas que se han padecido en los últimos años, los gobernantes acostumbran a responder con índices oficiales que pintan un cuadro poco compadecido con esa realidad. En tanto, los que sobreviven en esas precarias condiciones sufren la superficialidad de las políticas consumadas, las escasas respuestas ofrecidas y discursos con justificaciones que sólo alientan a la resignación.

Crece la precariedad urbana

Una de las cuestiones primarias a considerar son las condiciones de vida que ofrecen los conglomerados urbanos, donde se acumulan personas en condiciones de precariedad extrema.

La población en las trece villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires consignó un crecimiento del 77 por ciento en los 10 años transcurridos entre el censo de 1991 y el de 2001, llegando a la cifra de 93.000 habitantes. Según estimaciones no oficiales, viven actualmente en ellas más de 150.000 personas. Para dar una verdadera dimensión del problema debería incrementarse esa cifra con los ocupantes de inmuebles, los que viven en refugios y lugares de tránsito o directamente en la calle.

En la ciudad de Santa Fe, el Movimiento Los Sin Techo ha hecho un relevamiento y afirma que cada mes se instalan 30 nuevos ranchos, lo que significa unas 400 viviendas precarias nuevas por año. El informe añade que en 2000 esa organización había logrado erradicar completamente todos los ranchos de la ciudad, pero el avance de la pobreza y la falta de políticas sociales ha logrado llevar la existencia actual a más de tres mil viviendas precarias en ese ejido urbano.

El 10,8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) rosarina se encuentra desocupada, en el primer trimestre de 2009. Si a ese índice se le suma el 39 por ciento de los asalariados que se encuentra en estado de vulnerabilidad y los beneficiarios de los planes de empleo existentes, las personas con problemas de inserción en el mercado laboral alcanzan a 225.047 individuos. Esto implica el 37,4 por ciento de la PEA. Lo cierto es que alrededor del 40 por ciento de los rosarinos tienen problemas laborales y no cuentan con asignaciones familiares, ni descuentos jubilatorios y quedan fuera del armado de políticas sociales (Precariedad y pobreza. Informe de ATE Rosario, 23 de agosto de 2009).

En tanto, en Villa La Tela, la más grande y antigua de la ciudad de Córdoba, donde residen unas 2.500 familias, la mayoría de ellas percibe como único ingreso un plan social provincial o municipal. El sector no cuenta con servicios organizados de agua, luz ni cloacas. Las familias que habitan esta zona se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social. Estos datos, que fueron proporcionados por la ONG Perspectiva Social, se refieren sólo a una de las 85 villas de la ciudad, que, por otro lado, viven situaciones similares. La inestabilidad y precariedad laboral prevalecen en estas comunidades, constituyendo el mercado informal de trabajo el ámbito más frecuente de desarrollo de las diferentes ocupaciones.

¿Existen caminos alternativos?

¿No sería razonable intentar revertir la tendencia al desenfrenado crecimiento urbano y que las ventajas naturales de la geografía argentina estén al servicio de resolver esas necesidades? ¿La disminución de la población de las ciudades no sería un aporte a la solución de los principales padecimientos que afectan a los grandes conglomerados urbanos?

Existe una paradoja que se puede advertir con una simple mirada: centros urbanos que cobijan a cada vez mayores contingentes de desesperados luchadores por la subsistencia y campos cada vez más despoblados, cuya tenencia se encuentra cada vez más monopolizada y al servicio de las grandes multinacionales exportadoras. ¿No sería un paso lógico comenzar a evaluar, debatir, diseñar y llevar a cabo algún plan que permita que el campo pueda dar cobijo a familias trabajadoras que estén dispuestas a iniciar una explotación agropecuaria cooperativa que les ofrezca una vida y un futuro digno?

La emergencia que estamos viviendo exige el diseño de soluciones creativas, y la recolonización del campo bien podría ser un camino para generar, aunque más no sea, las circunstancias para que humildes familias tengan la posibilidad de lograr la autosuficiencia con la dignidad de su trabajo y una mejora sustancial de sus condiciones de vida.

Si los gobernantes se propondrían resolver esta situación límite, seguramente encontrarían innumerables tierras que podrían ser utilizadas con ese fin. En los últimos meses, por ejemplo, un municipio del conurbano bonaerense obsequió a varios clubes de fútbol enormes superficies para erigir centros deportivos que no serán de usufructo público, ¿no hubiera sido mucho más razonable haberlos puesto al servicio de las urgentes necesidades humanas de trabajo y vivienda?

Si se realizaría una convocatoria a los habitantes urbanos que quieran emprender una explotación agrícola y si para ese fin se le cedería terreno, vivienda, herramientas e insumos, seguramente miles de familias estarían dispuestas a cambiar las desdichas urbanas por un emprendimiento productivo autónomo o cooperativo que le brinde una perspectiva vivificante a su proyecto de vida.

Si a esa voluntad de superación se le aportaría el asesoramiento del INTA y de las universidades, seguramente sería una garantía de erigir sólidas barreras que impidan el fracaso emprendedor.

¿No debería ser un tema prioritario el vuelco de recursos materiales y humanos del estado a diseñar colonias agrícolas, granjas colectivas y cooperativas que posibiliten canalizar estas voluntades?

Esta política de recolonización agraria debería complementarse con la redistribución de las tierras improductivas para que puedan estar en manos de quienes efectivamente quieran laborarlas, aumentando las posibilidades de que mayores contingentes de trabajadores precarizados o sin empleo puedan canalizar su fuerza productiva y proyectarse junto a sus familias. Complementariamente, además de consolidar las posibilidades de autosubsistencia, a mediano plazo podría aumentarse sensiblemente la producción agropecuaria y la preservación del medio ambiente urbano y rural.

Paralelamente, se debería alentar a quienes actualmente se desempeñan en actividades rurales a que permanezcan y puedan progresar en sus sitios de residencia. Si con el mismo criterio se promovería y se protegerían las reservas y tierras en poder de los pueblos originarios para convertirlos en unidades productivas eficientes, se estarían dando pasos avanzados hacia la dignificación humana y a cortar ese pernicioso circuito que visualiza a las ciudades como la única posibilidad de obtener un sustento.

También, se cortaría la dependencia de los planes sociales, que los condenan a perpetuar su situación, de miles de personas aptas para un desempeño productivo, se daría un duro golpe al clientelismo político que se aprovecha de esas calamidades y se presentaría una posibilidad concreta de ascenso social que atraiga a los jóvenes hacia un camino distinto al de vivir un presente desprovisto de perspectivas.

Si se concretara esta estratégica medida, se produciría la saludable consecuencia de reducir los contingentes de personas que ven como único destino el amontonarse en las grandes ciudades para sobrevivir, aunque tengan que hacerlo en las condiciones más extremas e infrahumanas que se haya podido imaginar.

La reducción de los conglomerados urbanos también operaría en la mejora de las condiciones de vida de los pobladores que persistan en el intento de residir en las ciudades. Al disminuir su población, mejoraría la seguridad y podrían generarse planes de reordenamiento urbano que optimicen el hábitat de las ciudades.

El estado deliberativo en que se encuentra la ciudadanía merecería que se le ofrezca temas de fondo para debatir, sobre todo cuando en ellos se encarna la posibilidad de vislumbrar la luz al final del túnel de una sociedad demasiado acosada por negros nubarrones.

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