Denuncian irregularidades en los subsidios del PRO a escuelas privadas

Denuncian irregularidades en los subsidios  a escuelas priva
En medio del escándalo por la carencia de vacantes y la compra de aulas modulares, el organismo cuestionó el otorgamiento de los beneficios a las instituciones privadas, en un 90% administradas por la Iglesia Católica.

La Ciudad de Buenos Aires, tierra natal del Papa Francisco, es considerada por la propia Iglesia Católica como una de las diócesis del mundo que más colegios tiene a su cargo. Según las cifras oficiales del gobierno porteño, son más de 450 instituciones educativas de todos los niveles, que sólo en 2012 recibieron 1573 millones de pesos. La cifra refiere a uno de los subsidios estatales más grandes y menos conocidos del tercer Presupuesto más importante de la Argentina, pero su dimensión concreta sólo se puede apreciar en comparación con el dinero público que el Estado porteño destina a la construcción y al mejoramiento de escuelas púbicas. La inversión para infraestructura escolar en 2012 tuvo un presupuesto sancionado por la Legislatura Porteña de 275 millones de pesos, pero finalmente la cartera educativa a cargo del ministro Esteban Bullrich sólo gastó 192 millones: el 12% de todos los fondos destinados a sostener a los colegios privados de la Capital.

El desequilibrio entre los aportes estatales a la gestión privada de la educación y la cifra destinada a construir escuelas ha sido materia de una dura discusión política dentro de la Ciudad, en momentos en que padres de unos 17 mil alumnos denuncian que sus hijos no tienen vacantes en las escuelas públicas porteñas. Sin embargo, el informe 2.13.06 de la Auditoría General de la Ciudad también revela que la distribución de esos 1573 millones de pesos tiene serias irregularidades en los métodos para beneficiar a los distintos colegios y suma fallas administrativas y jurídicas en el pago y liquidación de esa enorme masa de dinero público orientada, en su mayoría, a pagar los salarios de casi 5000 docentes privados.

El organismo encargado de establecer los montos de los subsidios, de verificar la calidad de la educación privada y de realizar los pagos es la Dirección General de Educación de Gestión Privada, comandada desde 2010 por Beatriz Jáuregui, una mujer de estrecha confianza con el ex cardenal Jorge Mario Bergoglio.

La Iglesia Católica argentina es una de las diócesis del mundo que más colegios tiene a su cargo.
Jáuregui es, según sus pares, la única directora general de todo el gobierno PRO que maneja una billetera tan abultada. Reporta directamente a la vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires, un área de la institución eclesiástica que es considerada dentro del clero como “un verdadero arzobispado aparte”. También integra el grupo de funcionarios de ferviente militancia católica que responden a la edil del PRO Victoria Morales Gorleri, titular de la Comisión de Educación de la Legislatura Porteña. Ambas reconocen públicamente su fidelidad política a Bergoglio y exhiben una relación directa con el actual Papa, una jactancia que todavía no ha podido disfrutar el director general de Educación Estatal, Maximiliano Gulmanelli, un hombre que tiene a su cargo las políticas para la educación pública de la Ciudad, pero también responde a la Iglesia, donde todavía recuerdan su pertenencia orgánica al influyente Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) y su participación en el staff del Canal 21 del Arzobispado con un programa a cargo.

Bajo el signo de esa poderosa mesa de funcionarios laicos, coordinados por otro creyente sin fisuras como el ministro Bullrich, se distribuyeron en 2012 (último dato disponible) los 1573 millones de subsidios. Según el informe de la AGCBA, Jáuregui destinó a los jardines privados 215,6 millones, a las escuelas primarias 473,8; a los institutos de educación especial otros 62, a los colegios secundarios 667,4 millones, a las instituciones para educación de adultos 6,7; a las universidades privadas 113 y a los institutos terciarios 16,5 millones, sin contar los otros 4 millones previstos para la ley “Escuelas Seguras en Gestión Privada”.

De acuerdo al control que revisó todos los números de esa caja pública (que funcionaría bajo una discreta y santa tutela), en 2012 se incluyeron 20 instituciones educativas, pero los investigadores descubrieron que “no hay dictamenes jurídicos para el otorgamiento, baja o modificación en los aportes” y advirtieron que “no hay orden de prioridades, porque en ningún caso se realizó la evaluación” para definir cuáles son los colegios que más necesitan los aportes públicos.

El artículo 25 de la Constitución porteña establece que “las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio educativo se sujetan a pautas generales establecidas por el Estado, que acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable”, y no deja dudas en la forma que debe repartir ese dinero. “La ciudad puede realizar aportes (…) dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos.” Según la Auditoría, aquel mandato constitucional no se cumplió porque jamás se realizaron las evaluaciones necesarias y “se han detectado incumplimientos en relación a la elaboración de los actos administrativos, la orden de prelación, la alteración del circuito de pagos y transferencias, junto a modificaciones sustanciadas en los aportes transferidos”.

Entre sus conclusiones, los enviados por la AGCBA consideraron que “tras dos décadas de su migración desde la jurisdicción nacional a la Ciudad, la Dirección de Educación Privada no ha completado el ajuste de la totalidad de sus procedimientos y criterios”, aunque uno de los temas más delicados, además de la ausencia de prioridades, tiene que ver con los aranceles. Los auditores no hallaron la documentación que respalde esas decisiones y confirman un duro informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que denunció hace dos años que la ausencia de criterios “deja un importante e inaceptable margen de discrecionalidad de un importante caudal de recursos públicos, ya que puede determinar en base a su sola opinión el monto de dinero que recibirá cada escuela de gestión privada”.

Las críticas de ACIJ sobre los aranceles definieron la política de Jáuregui como “extremadamente regresiva, toda vez que mediante una serie de mecanismos que elevan irrazonablemente los topes máximos, autoriza que el Estado continúe subsidiando fuertemente a los establecimientos educativos que cobran cuotas extremadamente altas, y a las que claramente no asisten niños de menores recursos económicos”. Un desequilibrio financiado con fondos públicos, bajo la atenta mirada de una Iglesia que prefiere mirar para otro lado cuando le tocan el bolsillo.

Partidas que ensanchan la brecha educativa

Los $1.573 millones que la Ciudad aportó a los colegios privados en 2012 sumaron el año pasado otros $ 250. Según un análisis sobre el Presupuesto 2013 que realizó Eduardo Epszteyn, representante del FPV dentro del colegio de auditores de la AGCBA, hasta finales de septiembre se habían girado $ 1342 millones, en una tendencia de gastos que en diciembre ya alcanzó los 1800, otro récord en subsidios estatales a la educación privada. El desbarajuste fue el prólogo de este año que comenzó con 17 mil vacantes menos en las escuelas públicas, el mismo déficit de escuelas en las villas porteñas, y un curioso plan para remplazar la ausencia de aulas con prototipos similares a un contenedor. Ese contraste tiene una explicación en el dinero que fue destinado en los últimos años a la construcción y mejoramiento de escuelas públicas.

En 2013, mientras los subsidios crecieron, el presupuesto para Infraestructura escolar fue, a finales de septiembre, de $ 122 millones, aunque para el año pasado la Legislatura había aprobado $ 158. En 2012 la tendencia fue similar: la comuna invirtió $ 192 millones de los 275 que tenía autorizados para gastar. Según los cálculos sobre 2012 y 2013, se trató de los dos años de menor inversión en infraestructura escolar pública desde 2007, aunque entre 2008 y 2012 “no se utilizaron $ 477 millones de presupuesto sancionado no utilizado para construcciones, pero si lo consideramos respecto al crédito vigente, es decir, si comparamos los números respecto al presupuesto que efectivamente tenían, se negaron a gastar 737 millones”.

Este diario buscó obtener la respuesta de los funcionarios de la cartera educativa conducida por Esteban Bullrich, pero sus voceros se negaron a opinar sobre el informe de la Auditoría y también sobre los abultados aportes públicos para la educación privada que en mayo de 2012 fueron recortados en $ 200 millones, cifra repuesta con creces cuando la Iglesia puso el grito en el cielo.

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