EE.UU en Panamá: Preparando una guerra a los movimientos sociales latinoamericanos

Estados Unidos que es el mayor consumidor de droga del mundo es quien obliga a nuestros gobiernos a pagarle tributo para combatir el narcotrafico, o sea a los proveedores que hacen el negocio con ellos. Bajo el pretexto de luchar contra el narcotrafico, se ha permitido el ingreso de tropas, la instalación de bases aeronavales en toda la región y hasta la Cuarta Flota que vigila el Atlántico Sur. Por aire, tierra y mar los militares norteamericanos se instalan en nuestro Continente con el único fin de reprimir a los indígenas, campesinos, sindicalistas y activistas que luchan contra sus intereses: el de saquear nuestros recursos naturales y seguir permitiendo que sus multinacionales exploten a trabajadores en condiciones infrahumanas para continuar con su poderío económico y la influencia que han perdido en la región, ahora que pueden llegar a perder su hegemonía mundial . Tratamos antes el caso de México y la entrada hacia Guatemala, Honduras y El Salvador. Aquí sobre el control estratégico al Canal de Panamá, los experimentos a la población para ver que armas resisten y el control de la entrada continental hacia Sudamérica, teniendo en cuenta que ya tienen controlada la frontera sur  de México y toda Colombia

La remilitarización de Panamá

El gobierno panameño denunció el 13 de enero de 2011 que había encontrado un campamento abandonado, con equipo sofisticado cerca de Bahía Piñas (provincia del Darién), en el Pacífico, cerca de la frontera con Colombia. Los aparatos de seguridad panameños lo relacionaron con la organización guerrilla colombiana FARC. Sin embargo, hay información que en esa área EEUU está invirtiendo 4 millones de dólares en la construcción de barracas con fines militares y un muelle para naves con capacidad de interceptar barcos en alta mar.

EEUU, según el Tratado del Canal Torrijos-Carter, evacuó su última base militar de Panamá el 31 de diciembre de 1999. A pesar de no existir presencia de tropas norteamericanas en el Istmo desde aquella fecha, Panamá ha firmado con EEUU cinco acuerdos que le permiten a ese país tener presencia militar en el país, ignorando la ley panameña. El Departamento de Defensa de EEUU, incluso, ha firmado, desde el 31 de diciembre de 1999, 715 contratos con empresas norteamericanas para que desarrollen actividades en Panamá.

Con el último acuerdo de asistencia militar entre ambos países, firmado en 2009, la mayoría de los contratos del Departamento de Defensa son para la construcción de “bases aéreo-navales” sobre las dos costas de Panamá. El presidente Ricardo Martinelli, el ministro de Seguridad, Raúl Mulino, y la embajada de EEUU han informado poco sobre las 9 bases “aereo-navales” que se están construyendo. A pesar de las denuncias y protestas de las organizaciones sociales panameñas, el silencio del gobierno es hermético.

Según información del Departamento de Defensa de EEUU, en su año fiscal 2011 se invertirán casi 16 millones de dólares en 6 bases militares en Panamá. En 2010 el Departamento de Defensa invirtió 6 millones de dólares en otras tres bases.

A fines del año pasado el Departamento de Defensa firmó un contrato por un total de 4 millones de dólares para construir barracas militares y un muelle con capacidad militar en “Puerto” Piña. El lugar donde se efectuará (o ya se está efectuando) la inversión para las barracas militares coincide con el área donde el gobierno panameño denunció la existencia de un campamento de las FARC.

Las barracas que construirá EEUU tienen, según el contrato, capacidad para desarrollar operaciones “contra-narcóticos”. Esta iniciativa de EEUU, en particular, bajo la coordinación del Comando Sur, incluye 6 bases. Además de “Puerto” Piña, se construirán centros de operaciones militares en La Palma y Punto Coco. En Meteti, Yaviza y Rambala ya se hicieron importantes avances en 2010.

Según los contratos del Departamento de Defensa, la empresa J&J Maintenance, con sede en Austin, Texas, va a construir un “CN (Counternarcotics) Ops Center/Barracks” y un muelle en Punta Coco, que estará listo antes de octubre de 2011. Otro contrato firmado por el gobierno norteamericano proyecta construir un “CN Pier Renovation and Jet Docks” en La Palma, para terminar en agosto de 2011.

Por otro lado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU construirán tres bases aéreo-navales adicionales, tipo “CNT [Counter Narcoterrorism] Ops Center/Barracks”, en Isla Grande, Obaldía y El Porvenir. Los centros militares deben estar terminados entre julio y septiembre de 2011. En cada una de estas instalaciones se invertirá un total de 3.5 millones de dólares. EEUU contempla invertir en Isla Grande, Obaldía, El Porvenir y “Puerto” Piña, un total de 15.5 millones de dólares en 2011.

En el marco de los protocolos militares norteamericanos, que hablan de actividades “humanitarias”, también se construirán tres escuelas y un centro de salud por un total de 946 mil dólares en áreas rurales de Panamá. Forman parte de las “acciones humanitarias” de las Fuerzas Armadas de EEUU en países que supuestamente no cuentan con presupuesto para construir sus propias instalaciones.

Además de las bases aéreo navales en construcción, EEUU continúa realizando “pruebas tropicales” con fines militares en Panamá. Según revelaciones de los contratos existentes, desde principios de la década pasada, el Departamento de Defensa tiene acuerdos con dos empresas. Por un lado, con Kvaerner Process Services que recibió 12 millones de dólares para realizar “pruebas tropicales” y “otros servicios de apoyo administrativo”. Con Trax International, asociado con Yuma Proving Ground, (Arizona, EEUU) se han suscrito contratos por una suma de por lo menos 18 millones de dólares.

En Panamá los militares norteamericanos realizaron pruebas documentadas sobre soldados puertorriqueños y de otras nacionalidades a mediados del siglo XX para conocer su resistencia a cierto tipo de armamentos y químicos. En la actualidad, algunos diarios de la localidad han publicado avisos reclutando personal para trabajar en “pruebas tropicales” no especificadas.

El Departamento de Defensa de EEUU también ha contratado a J&J Maintenance (de Texas) para reparar y actualizar varios polígonos de tiro en el país. Un acuerdo firmado con la empresa le proporciona medio millón de dólares para mejorar los polígonos (“Upgrade Ranges”) en el primer semestre de 2011.

El Comando Sur y el nuevo régimen de seguridad

El Comando Sur de EEUU anunció que en agosto de 2011 realizará sus maniobras militares Panamax en torno al Canal de Panamá. Invitó a un total de 17 países de la región, incluyendo a Panamá, para que participen en el operativo de 15 días. Las maniobras, un triste remanente de la guerra fría, son parte de la novena versión de los ejercicios multinacionales Fuerzas Aliadas Panamax.

El año pasado, los norteamericanos realizaron una operación similar para enfrentar una supuesta insurrección popular panameña. Según un despacho de prensa fechado en aquella época, “el Comando Sur defendería el Canal de Panamá contra un levantamiento de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que pretenden desestabilizar al Estado panameño”. Para este año, el Comando Sur aún no ha anunciado quienes son los enemigos de los 2,000 efectivos participantes.

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli tiene que demostrarle a su mentor norteamericano que el uniforme militar, los gorros y las medallas que presentan sus subalternos en las reuniones del “alto mando conjunto” son merecidos. Durante el último año, el Ministerio de Seguridad ha realizado operaciones tácticas a lo largo de la geografía panameña sacando a relucir su nuevo armamento y las flamantes bases aéreo navales.

Las llamadas bases aeronavales que construye EEUU en ambos litorales de Panamá ya están causando conflictos entre las tropas panameñas y los moradores –en su mayoría campesinos- de esos lugares. Además, está creando un elemento de soberbia entre los militares panameños que colaboran con EEUU desde las distintas instancias de la Policía Nacional. Estos elementos, comenzando por el propio ministro de Seguridad, parecieran creerse por encima de la ley y de los intereses del pueblo panameño.

En Jaqué, Daríen, cerca de la frontera de Colombia, la base militar financiada por EEUU y operada por efectivos panameños, ha construido retenes y controla los movimientos de la población. En la comarca Cuna-Yala ha generado reacciones de los pobladores que acusan a la fuerza fronteriza de “terrorismo”. En el norte de la provincia de Veraguas ha provocado un enfrentamiento entre la comunidad y las tropas navales.

En abril del presente año la Organización Revolucionaria de Resistencia Kuna (ORKUN) condenó “la violenta agresión cometida contra la comunidad kuna de Miria Ubigandup, por parte del Servicio Nacional de Frontera (SENAFRONT), causando heridas en los ojos de un argar (vocero y guía espiritual), producto del lanzamiento de bombas lacrimógenas”. Según ORKUN, esta “actitud terrorista del SENAFROT demuestra la intolerancia, la incapacidad y la brutalidad en el manejo de una situación de conflicto interno en una comunidad regida bajo sus propias normas jurídicas y culturales”.

Poco antes, el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, arremetió contra la comunidad de Guázaro, sobre el litoral caribeño en el norte de la provincia de Veraguas. Los campesinos se quejan de los abusos de los militares panameños. Mulino le pidió incluso al Ministerio Público que investigara al representante de la comunidad por estar “brindando colaboración” a las fuerzas enemigas. Al mismo tiempo, el ministro ordenó que se reforzara la custodia y patrullaje de varias comunidades (entre ellas Belén y Calovébora).

Mulino parece tomar muy en serio las líneas de acción que emanan del Comando Sur y aseguró que sus fuerzas armadas “no se van” de la comunidad. Un diario de la capital panameña, dándole seguimiento a este lamentable espectáculo – en el peor estilo “macartista” – sentenció que “la denuncia de Mulino obedece a que el representante de la comunidad ha sostenido reuniones con la población para exigir la salida del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)”. El diario – por ignorancia o por complicidad – concluyó que “resulta inaudito que un representante abogue porque los uniformados que laboran en el área se retiren. Razón tiene el ministro en pedir que se haga una investigación al respecto”.

En la actualidad, la militarización de Panamá avanza rápidamente en algunas comunidades relativamente aisladas como las mencionadas más arriba. Pero cuando el país entero se encuentre nuevamente sometido a un régimen militar, sirviendo a los ineptos gobernantes, los abusos y los retenes serán generalizados. Tendremos en ese futuro, que no se ve tan lejano, un ministro de Seguridad que acuse a todos los panameños de “brindar colaboración” a los enemigos. Tampoco faltarán diarios –como en el pasado– que defenderán a los uniformados que abusan de su poder para defender los intereses de quienes se consideran dueños del país.

El ejercicio de Panamax que se inaugura el próximo mes, para la supuesta defensa contra una insurrección popular panameña, es un buen ejemplo de los planes militares que tiene nuestro Ministerio de Seguridad y los actuales gobernantes.


Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.

Fuente: Revista Amauta

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2 comments

  1. USA no tiene ninguna base militar en cordoba, argentina… de donde sacaron esa info?

    1. No son bases reconocidas como bases militares y en eso estoy de acuerdo el mapa estaria mal confeccionado, son oficinas de la DEA y otros organismos con militares norteamericanos, puestos de vigilancia y operaciones conjuntas y ensayos. Porque la base militar esta en Malvinas. Sin embargo adjuntare en el mensaje presencia militar y operaciones conjuntas en el pais de informacion que fui recolectado.

      Ahi te pongo la fuente del ultimo mapa y la info subyacente:

      Fuente del mapa ultimo que aparece en el post:
      http://www.elciudadano.cl/2009/09/29/presencia-militar-norteamericana-en-latinoamerica-y-seguridad-nacional-donde-esta-el-enemigo/
      “ARGENTINA

      La estrategia del gobierno estadounidense incluye el entrenamiento de militares latinoamericanos, como en el caso de la Operación Cabañas, realizada en Argentina en 2001, con la participación de 1.500 oficiales de EE.UU., Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

      Según documentos del gobierno argentino, el objetivo de este entrenamiento era crear un “comando militar unificado” para combatir el “terrorismo en Colombia, además del campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales”.

      En 2003, una gran movilización en Argentina impidió otro entrenamiento militar llamado “Águilas III”.

      Informacion en la que se basa ese articulo para confeccionar el mapa:
      http://www.revistapueblos.org/spip.php?article55
      “La estrategia del gobierno estadounidense incluye el entrenamiento de militares latinoamericanos, como en el caso de la Operación Cabañas, realizada en Argentina en 2001, con la participación de 1.500 oficiales de EE.UU., Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

      Según documentos del gobierno argentino, el objetivo de este entrenamiento sería crear un “comando militar unificado” para combatir el “terrorismo en Colombia, además del campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales”. La prensa estadounidense colabora con este proceso. Por ejemplo, un artículo del 23 de octubre de 2002, publicado en el periódico Miami Herald, defiende la necesidad de la creación de una Fuerza Militar Sudamericana para luchar contra la guerrilla en Colombia y para “lidiar con semejantes amenazas internas en un futuro”.

      La autorización para la entrada de tropas estadounidenses en América Latina implica garantías de inmunidad diplomática, lo que significa que soldados norteamericanos sospechosos de crímenes y violaciones a los derechos humanos no podrían ser juzgados en países latinoamericanos.

      En 2003, una gran movilización en Argentina impidió otro entrenamiento militar llamado “Águilas III”. Sin embargo, esta maniobra deberá ser realizada en Perú, bajo el comando de Estados Unidos y con la participación de militares latinoamericanos.

      Una de las regiones prioritarias para la actuación de este comando es la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Según el periódico Misiones On Line, en diciembre de 2002, el coordinador de la campaña antiterrorista del Departamento de Estado, J. Cofer Black, organizó una reunión en Puerto Iguazú con representantes de los gobiernos de Brasil, Paraguay y Argentina, y anunció que “Estados Unidos destinaría un millón de dólares para la Triple Frontera, para investigar las relaciones con el terrorismo”.

      En una entrevista para la revista Carta Capital, el ex jefe del FBI en Brasil, Carlos Alberto Costa, admitió que nunca se comprobó la existencia de actividades terroristas en la Triple Frontera. “Investigamos exhaustivamente, nosotros, la CIA, los servicios secretos de los países, y no conseguimos comprobar la existencia de células terroristas ahí”. Sin embargo, organizaciones locales denuncian la presencia de agentes norteamericanos que patrullan áreas estratégicas como los ríos de la región.

      Esta debe ser la razón principal para la presencia estadounidense, pues en la Triple Frontera está localizado el Acuífero Guaraní, considerado la mayor reserva de agua dulce del mundo, con 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Recientemente, el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos (OEA) crearon el “Proyecto de protección ambiental y manejo sustentable del Acuífero Guaraní” con un presupuesto de 27 millones de dólares. El principal objetivo del proyecto, que impide la participación de universidades y deberá ser ejecutado por empresas extranjeras, es estudiar formas de utilización del agua y el potencial energético de la región.

      La presencia militar en esta área ha sido denunciada por organizaciones sociales y de derechos humanos. Las recientes intervenciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como sus intentos de influenciar políticamente en Bolivia y Venezuela también tienen como objetivo el control de recursos naturales, como el petróleo y el gas natural.

      Otra forma de control por parte de Estados Unidos es la instalación de mecanismos como el SIVAN (Sistema de Vigilancia de la Amazonía), un proyecto de 1,4 billones de dólares, realizado por la empresa norteamericana Raytheon, con capacidad de monitorear 5,5 millones de km2. El SIVA todavía prevé la compra de aviones de guerra, como el Tucano A-29. En Argentina, el Pentágono también planea crear el Plan Nacional de Radarización, como parte de un Sistema Internacional de Vigilancia.

      Esta escalada militar fortalece la industria bélica norteamericana. Por ejemplo, la estructura de la Base de Manta, con capacidad para controlar el espacio aéreo en un radio de 400 km2, está bajo la responsabilidad de la empresa DynCorp, acusada de estar involucrada con la CIA. La base de Manta será equipada con grandes Jatos E-3 Awacs, con cazas F-16 y F-15 Eagle, para controlar la región Amazónica, el Canal de Panamá y América Central. Otras empresas bélicas y de tecnología militar, como Raytheon y Northop, aumentaron sus ganancias en un 50% el año pasado.

      Por otra parte, Estados Unidos continúa entrenando militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas y pretender crear la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, en Costa Rica, con el objetivo de influir en la legislación y las fuerzas policiales de los países de la región.

      En 2003, el ex jefe del FBI en Brasil, Carlos Alberto Costa, reveló la influencia de los servicios secretos de Estados Unidos en el país. “Nuestras agencias donan millones de dólares por año a la Policía Federal, desde hace años, para operaciones vitales. El año pasado, la DEA donó unos 5 millones de dólares a NAS (división de narcóticos del departamento de Estado) y donó unos 3 millones a otras agencias. Estados Unidos compró la policía federal. La verdad es esta: su policía federal es nuestra, trabaja para nosotros”.

      La siguiente info es desactualizada, de 2003 pero habla de las operaciones en el pais:
      http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2003/2003sext/noticias/invas109b-8.asp

      En Argentina existe, desde hace por lo menos veinte años, la base militar de Malvinas, con capacidad de almacenar armas de destrucción masiva y operar aviones de gran porte, que constituye una pieza clave para la OTAN en el control del Atlántico Sur, la Antártida y la confluencia de los acéanos Atlántico y Pacífico. Según trascendidos periodísticos (del año 1999), en virtud de un acuerdo entre los gobiernos de Gran Bretaña y EE.UU., esta base se ampliaría con una base naval conjunta con capacidad de dar cabida a 13.000 efectivos

      .

      Está funcionando también, en la capital de la provincia de Salta una oficina de la DEA (División Antinarcóticos de los EE.UU.) donde trabajan efectivos de gendarmería y policía argentinos, bajo la supervisión de tropas norteamericanas. Existe, aunque se habla poco de esto, un destacamento permanente en las islas del delta del río Paraná, en proximidad de la ciudad de Zárate, cabecera del estratégico puente Zárate-Brazo Largo que conecta la zona metropolitana con la Mesopotamia y las rutas a Uruguay y Brasil. En esa parte del delta se hicieron en el año 2000 y 2001, maniobras conjuntas, y los botes de guerra pasearon la bandera yanqui a la vista de todos.

      Se registran, además, otras formas, de presencia militar norteamericana permanente. En 1999, el gobierno de Menem ofreció al Pentágono los terrenos de la Escuela de Monte que el Ejército argentino posee en la zona selvática de la provincia de Misiones para el entrenamiento de boinas verdes. En la capital de la provincia de Córdoba, la empresa norteamericana Lockheed -productora de aviones y equipos bélicos- posee importantes instalaciones en las que opera con absoluta libertad.

      En la actualidad se habla del probable emplazamiento de una base militar del Comando Sur en territorio salteño y son insistentes las versiones acerca de la negociación entre los gobiernos de EE.UU. y Argentina, con vistas a la instalación en la Patagonia, posiblemente en Tierra del Fuego, de una base antimisilística que se relaciona con el llamado “escudo espacial” impulsado por Bush, versión aggiornada del viejo proyecto norteamericano de “Guerra de las Galaxias”. El tema es grave y más aún si se lo asocia al Acuerdo EE.UU.-Brasil antes citado. Tiene que ver con recientes declaraciones del jefe del Comando Espacial estadounidense, teniente general Edward Anderson III, ante el Senado, buscando apoyo legislativo para más investigaciones sobre armamento y defensa (diario Clarín, 8/7/2001). El argumento utilizado es que el Pentágono teme un eventual ataque sobre us satélites, tanto civiles como militares. “Debemos prepararnos para asegurar nuestro acceso al espacio -dijo Anderson- y negar ese acceso a otros”.

      Casi al mismo tiempo -consigna el periodista Claudio Aliscioni en el artículo de Clarín- “la Casa Blanca anunció la creación de nuevos escuadrones de la fuerza aérea como parte del plan para repeler ataques a su infraestructura espacial”. Para completar el cuadro de situación digamos que el pasado 23 de agosto Bush confirma que Estados Unidos se retirará del tratado de control de misiles balísticos firmado con la ex URSS en 1972, y que al día siguiente anuncia la designación al frente del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas a un halcón especializado en la defensa en el espacio, el general de aviación Richards Myers.

      Seguramente este recuento no agota la lista de enclaves militares de EE.UU. en la región, pero lo que ya se conoce y estamos denunciando configura un cerco de hierro a las aspiraciones de liberación de nuestros pueblos. Una verdadera red de vigilancia y control encaminada a preservar los intereses imperiales.

      Los ejercicios militares conjuntos

      Esta práctica no es nueva. Sin embargo, en el presente, en el marco del Plan Colombia y la llamada “doctrina de la cooperación para la seguridad hemisférica”, la realización de operativos conjuntos, en distintos países del área y comandados por militares norteamericanos, adquiere una nueva dimensión. Las fuerzas políticas de izquierda y diversos movimientos que tienen en su programa la defensa de la paz y la soberanía nacional, vienen alertando en forma reiterada sobre el particular. Periodistas independientes, como Stella Calloni, han reunido y publicado -quebrando el hermetismo de la gran prensa en temas como éste- valiosa y documentada información. Existen denuncias del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y una acción de amparo ante el Poder Judicial presentada por la Asociación Americana de Juristas. Hace pocos días, el diputado nacional Ramón Torres Molina presentó en el Parlamento (sesión del 22/8/01) y como cuestión de privilegio el tema del ingreso al país de tropas extranjeras para operativos conjuntos.
      En Córdoba, se realizó en agosto de 2000 el denominado Operativo Cabañas, con tropas de varios países, entre ellos Estados Unidos. Y en el momento de escribir estas líneas se está desplegando en Salta, en terrenos cercanos a la capital provincial, la seguna versión de esos ejercicios, el Operativo Cabañas 2001, donde participan unos 1500 efectivos de Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Este año, el Poder Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley autorizando el ingreso de militares extranjeros, pero no llegó a tratarse en sesión plenaria. Sin embargo, en la fecha prevista , y en abierta violación del artículo 75 de la Constitución Nacional, ingresaron las tropas y un considerable número de armas y equipos militares, provenientes de los EE.UU., cuyo número y calidad se oculta al conocimiento del público y, específicamente, de los legisladores que debieron pronunciarse sobre el particular.

      Poco antes, el 25 de julio de 2001, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un pedido de autorización para el ingreso al país de 100 infantes de marina norteamericanos para el Ejercicio Fluvial V, que debía realizarse en el río Paraná entre el 23 de julio y el el 10 de agosto. El Congreso no llegó a autorizarlo pero los marines ingresaron y el ejercicio se realizó en total secreto. En el año 2000 tuvo lugar en la misma zona el Ejercicio Fluvial IV con 120 infantes de marina estadounidenses y 250 de nuestro país.

      En la Memoria del Ejército Argentino, (publicación del Estado Mayor General del E.A.,citada por el diputado Torres Molina) figura una larga lista de operativos en los que participaron efectivos argentinos junto a los de otros países. Mencionamos algunos: Ejercicio Apoyo Humanitario (1995); Operación Cruz del Sur (1996); Ejercicio Fuerzas Unidas, en Brasil (1997); Ejercicio Cabañas 97, en Panamá (1997); Ejercicio Fuerzas Unidas, en Paraguay (1998); Ejercicio Cabañas 98, Puerto Rico (1998); Operación Cruz del Sur 98, en Corrientes, Argentina (1998); Ejercicio combinado de fuerzas especiales, en Isla Grande de Tierra del Fuego (1998).

      Se han realizado en la región muchos otros, que por ser más recientes o no participar en ellos tropas argentinas, no figuran esa Memoria; como el recientemente realizado en Paraguay. En este último país, en Puerto Rosario, acaba de finalizar el 24 de julio de 2001-según informa el diario asunceño ABC Color- un operativo militar conjunto, desarrollado durante dos semanas, con tropas locales y de Estados Unidos.”

      Bases de “vigilancia” ubicacion :
      http://levantateyactuazine.blogspot.com/2010/06/la-forma-alternativa-de-colonizacion.html
      En Cuanto a nuestro pais, Argentina,en el 2004 con la escusa de la no proliferación Nuclear el congreso aprobó la instalación de ocho bases de monitoreo. pero si bien argentina maneja energía nuclear , no tiene armas nucleares, nunca tubo una bomba atómica y firmo varios tratados del uso pacifico de la energía nuclear
      estas supuestas bases de “vigilancia internacional” no son mas que formas de espionaje del territorio argentino, si bien todavía no se sabe si están en funcionamiento se localizan en:

      1. Paso Flores PLCA
      Estación sismológica
      PS1 Ubicación (40,7 S, 70,6 O) Tipo 3-C
      2. Coronel Fontana CFA
      Estación sismológica
      AS1 Ubicación (31,6 S, 68,2 O) Tipo 3-C
      3. Ushuaia USHA
      Estación sismológica
      AS2 Ubicación (55,0 S, 68,0 O) Tipo 3-C
      4. Buenos Aires
      Estación de radionúclidos
      RN1 Ubicación (34,0 S, 58,0 O)
      5. Salta
      Estación de radionúclidos
      RN2 Ubicación (24,0 S, 65,0 O)
      6. Bariloche
      Estación de radionúclidos
      RN3 Ubicación (41,1 S, 71,3 O)
      7. Paso Flores
      Estación de vigilancia infrasónica
      IS1 Ubicación (40,7 S, 70,6 O)
      Examen del emplazamiento – 1997
      8. Ushuaia
      Estación infrasónica
      IS2 Ubicación (55,0 S, 68,0 O)

      Saludos!

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