El impuesto a las ganancias de “los trabajadores” grava al 10% más rico de la Argentina. Si se elimina, aumentaría la inequidad

Realizamos una cita del economista Hernán Soltz

Si miramos las estadísticas de la OCDE, la relación mínimo no imponible/salario medio de estos países es aproximadamente 0,30, con  una gran dispersión porque en el tope tenemos a Chile con 1,4 y a Mexico con 0,7 (igual que Grecia) y en la cola a los nórdicos con 0,12 aprox y Francia con 0,01!!. Brasil no está en las estadísticas de la OCDE pero si hacemos la cuenta da 0,85 aprox. ¿Cómo está Argentina hoy, comparado con esos países?. La cuenta da 1,05. Y si se actualiza según inflación 7 provincias o evolución salarial subiría a casi 1,4, como en Chile.

Es decir, el mínimo no imponible de la Argentina es altísimo respecto al resto del mundo. Sólo grava a quienes están un 40% arriba del salario medio.

Por Victor Zavalia

En los últimos días hemos visto la reacción de los propietarios rurales de la provincia de Buenos Aires, frente al tímido intento de adecentar en alguna medida la suma ridículamente baja que actualmente pagan sus tierras como impuesto Inmobiliario.

En ese clamor no están solos. Hace tiempo que los ricos, en muchas partes del mundo, han logrado crear una cultura antiimpuestos muy extendida, que se tradujo en una notable rebaja para los sectores más acomodados desde los tiempos de Reagan y Thatcher, paralela a una extraordinaria concentración de la riqueza. El discurso que se emite sin descanso es simple pero eficaz: los impuestos sólo sirven para enriquecer a los políticos o, en versión local, “hacer caja”. Así, sin reparar en la contradicción, se pide más justicia, más salud, más educación, más seguridad, más obra pública y ¡menos impuestos!

Los economistas reconocen dos tipos de impuestos: los indirectos, como el IVA que se aplica a todas las operaciones de compraventa sin tener en cuenta a las personas que las realizan, y los impuestos directos, como el impuesto a las Ganancias, que recaen en forma directa sobre cada contribuyente, de modo que permiten considerar su capacidad económica y hacer que cuanto más alto sea el ingreso, mayor sea la proporción de ese ingreso que se deba entregar como impuesto al Estado para que éste pueda cumplir sus fines. A esto se llama progresividad en la imposición, y es una herramienta fundamental para lograr una sociedad más equitativa e integrada. Razonablemente, los ricos se oponen a los impuestos directos, que los afectan especialmente. Y también se oponen a los impuestos en general, porque prefieren un Estado mínimo, dedicado exclusivamente a brindar el ambiente necesario para los negocios. Prefieren que cada uno se las arregle como pueda, pagando en el mercado para obtener educación, salud, seguridad social y tantas otras cosas que esperamos del Estado.

Anteriormente el impuesto a las Ganancias se llamaba a los réditos y durante el gobierno de Perón, en 1952, fue presentado así:

“El nuevo régimen impositivo, basado en el principio de la desgravación de las pequeñas rentas y el aumento de los gravámenes a las clases más pudientes, cumple una alta función social, cual es la de contribuir a una más equitativa distribución de la riqueza”.

En estos momentos, algunos líderes sindicales consideran injusto aplicar este impuesto a los “trabajadores”, por alto que sea su salario, y han tomado como bandera de lucha gremial y política el reclamar su eliminación. En ese reclamo están acompañados por varios intelectuales y dirigentes políticos, en una actitud muy nociva, por lo que se intentará hacer algunas aclaraciones.

Un argumento falso –pero muy efectivo– es forzar el significado de las palabras y sostener que “el salario no es ganancia”. El término “ganancia” puede parecer poco apropiado, aunque todo el mundo, para conocer el sueldo de un compañero, le pregunta “¿cuánto ganás?”. El diccionario de la Real Academia Española informa:

–ganancia: 1. f. Acción y efecto de ganar.

–ganar: 2. tr. Obtener un jornal o sueldo en un empleo o trabajo.

En otros países, como en México, el mismo impuesto se denomina “sobre la renta” y en España “IRPF-Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. ¿Queda mejor referirse al salario como “renta” en lugar de “ganancia”? También se lo suele designar “impuesto a los ingresos”, pero aquí traería confusión con el denominado “ingresos brutos”. Como vemos, no es fácil encontrar un nombre más adecuado. Pero lo que importa no es el nombre sino el concepto, estamos discutiendo sobre política y economía, no sobre filología. De paso, conviene aclarar que este tipo de impuesto se aplica a los asalariados en casi todos los países.

Sostener que el impuesto no debe ser pagado por los trabajadores parece a primera vista muy simpático y hasta razonable. Pero en cuanto uno comienza a profundizar, el tema se complica. Está claro que un camionero que gana 10.000 pesos mensuales es un trabajador. Pero un pintor, un plomero o un electricista que trabaja por su cuenta y paga impuestos, ¿no es un “trabajador”? Y el gerente de una gran empresa con sueldo de 50.000 mensuales ¿es un “trabajador” y, por lo tanto, debe ser eximido del impuesto?

Actualmente, un asalariado con cónyuge y dos hijos comienza a pagar ganancias si cobra más de 8000 pesos mensuales. Es obvio que no se trata de una persona rica, sin embargo sólo el 10 por ciento de los individuos alcanza o supera ese nivel de ingresos. O sea que por cada trabajador en esa condición hay nueve que ganan menos o mucho menos que él. ¿No es justo que una pequeña proporción del salario que supera ese monto contribuya a sostener el Estado, Estado sin el cual es imposible construir la Patria que a tantos les gusta exaltar en los discursos? Parece entonces que lo sensato no es pedir la eliminación del impuesto, sino adecuar la escala, para que quien gana 8000 pesos pague una proporción mucho menor que quien gana 80.000.

El de los impuestos es un gigantesco equívoco que va a costar mucho trabajo desmontar. La prensa de derecha se indigna porque “el Estado les mete la mano en el bolsillo a los ciudadanos” y llama “impuestazo” a la modesta corrección que se realizó al impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires, obscenamente bajo.

En ese sentido, el discurso de los ricos ha tenido un éxito enorme: ha conseguido que evadir los impuestos no tenga sanción social, no se considere un delito que perjudica a los honestos y a los más débiles, sino una simpática picardía. Cuando alguien reclama la factura en la caja de un comercio, el que pasa vergüenza ante el resto de la fila es el reclamante y no el evasor.

Por otra parte, se trata de un problema difícil de entender por el ciudadano común, de modo que la reacción más natural es oponerse. Así, Moyano y otros dirigentes sindicales prefieren defender el interés más inmediato de sus agremiados mejor pagados, en lugar de comprometerlos también en la brega por una sociedad más equitativa. Peor aún es la actitud de algunos intelectuales supuestamente progresistas, que irreflexiva e irresponsablemente adhieren a esta posición retrógrada.

Es imprescindible una reforma tributaria que contemple también lo atinente a la minería, las ganancias por acciones o colocaciones financieras, las herencias, los patrimonios y otros problemas que hoy se soslayan. Pero aunque entre los especialistas hay amplio consenso sobre su necesidad, hacerlo no va a ser fácil. Tampoco lo es en el mundo desarrollado, como vemos actualmente en los Estados Unidos. Entre nosotros hay que imponerse a los poderes fácticos, a la gran prensa, a una deformación cultural muy difundida y acendrada, y finalmente al intríngulis de la Coparticipación Federal. Por eso los partidos políticos son renuentes a tratar la cuestión abiertamente: corren el riesgo de hacerse de enemigos poderosos y de perder una parte de sus seguidores.

No será posible la reforma sin una fuerte demanda social que la impulse. Para lograrla, primero es necesario dar vuelta el sentido común establecido. Por eso es tan importante la participación de los llamados intelectuales, uno de cuyos roles en política es tratar de comprender los asuntos complejos y luego hacer partícipe de esa comprensión a la mayor cantidad de gente posible. Se trata de abrir brechas, cuestionar el discurso prevaleciente denunciando sus inconsistencias, y atraer a los sectores progresistas de los sindicatos y la sociedad civil

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-6060-2012-06-22.html

Reproducimos una nota de Raúl Dellatorre en donde se explaya sobre las características del impuesto a las ganancias, mencionando especialmente sus principales debilidades asi como también de qué forma podrían corregirse. Una propuesta que aliviaría la carga impositiva para los primeros tramos y la aumentaría para los más altos. Como notarán, dista mucho de la inequitativa propuesta de Moyano de eliminar el impuesto.

Por Raúl Dellatorre

El impuesto a las Ganancias, en su texto, es progresivo, pero en su aplicación no. Eliminar el impuesto sobre los sueldos, como sugiere a veces en su discurso Hugo Moyano, ahondaría las desigualdades. Subir el mínimo no imponible anual antes de las paritarias, como otras veces reclama Moyano, y no después, como ha sido de práctica en los últimos años, no necesariamente ordenaría la discusión obrero-patronal. Y nadie puede asegurar si el porcentaje así determinado por el Ejecutivo actuaría como una referencia, un techo o un piso a las negociaciones salariales. Estas son algunas de las conclusiones, o simplemente reflexiones, que surgen después de intercambiar opiniones e interrogantes con expertos en temas impositivos movilizados por las expresiones del líder camionero, aunque no para marchar junto a él a Plaza de Mayo.

Lo más progresivo que tiene el impuesto a las Ganancias sobre el trabajo personal es su escala. Establece un nivel de ingresos (el mínimo no imponible) por debajo del cual no se paga el impuesto. Para los ingresos superiores, fija una escala de alícuotas (o tasas de impuesto) que empieza en el 9 por ciento y llega al 35 por ciento, que aumenta con el nivel de las remuneraciones.

Lo menos progresivo es que el nivel del mínimo no imponible se actualiza de acuerdo con la discrecionalidad del Gobierno, que puede o no actualizarlo todos los años. Y cuando lo hace, es por un porcentaje menor al aumento de sueldos. De modo que la tendencia es que cada vez es mayor la porción del sueldo que paga impuesto. Y cada vez son más los trabajadores que lo pagan.

Menos progresivo aún es que los peldaños de la escala que fija las tasas de impuesto, que está en pesos, no se actualiza desde 1997 (no es error: desde hace 15 años). Esto quiere decir que, a medida que se actualizan los sueldos, manteniendo un mismo poder adquisitivo (aumento nominal, pero no real), el trabajador va subiendo en la escala y, por tanto, paga una tasa más alta de impuesto.

El salto de peldaño a peldaño es importante: el primer tramo de “ganancias netas sujetas a impuesto” (después de descontar las deducciones) paga el 9 por ciento, el segundo 14, el tercero 19, y los siguientes van en saltos de 4 en 4, hasta alcanzar el 35 por ciento para los ingresos netos de deducciones por encima de los 10 mil pesos mensuales, que hace 15 años representaban una cifra altísima (10 mil dólares, convertibilidad mediante).

La actualización a ritmo pausado de las deducciones ha llevado a que para el año 2011 (para el actual aún no se han actualizado) el denominado mínimo no imponible, que le corresponde a cualquier trabajador, aunque no tenga carga de familia, llegue a 75.168 pesos, que equivale a un sueldo mensual promedio de 5782 pesos (siempre en términos netos). Por encima de esa cifra, sin otras deducciones, sus ingresos son “ganancia neta sujeta a impuesto”. Si en vez de esa cifra recibe en mano 1000 pesos más por mes (13.000 en el año), paga impuestos por una suma fija de 900 pesos más el 14 por ciento sobre los últimos 3000 pesos (420 pesos), totalizando un impuesto anual de 1320 pesos.

Pero supongamos que ésa era su situación en el año pasado, con un ingreso neto de 6782 pesos. Si este año hubiera obtenido un aumento adicional de 2000 pesos en mano (29,5 por ciento), su “ganancia neta sujeta a impuesto” se elevaría ahora a 39.000 pesos, y el impuesto se integraría de una suma fija de 4200 pesos más 23 por ciento sobre los últimos 9000 (2070 pesos), acumulando un impuesto anual de 6270 pesos, que es 4,75 veces el impuesto del año anterior, o 375 por ciento más, frente a un aumento de ingresos de menos del 30 por ciento.

No es que vaya a perder plata o que el impuesto “le coma todo el aumento”, como también suele decir Moyano, pero el impuesto pasa a ser un hecho significativo en el bolsillo del trabajador del ejemplo. Y no es sólo una cuestión psicológica. Si en vez de quedar congelado, el mínimo no imponible aumentara, supongamos, un 20 por ciento entre el año anterior y el actual (pasando, por ejemplo, a 90.200 pesos anuales), su “ganancia neta sujeta a impuesto” estaría ahora próxima a los 24 mil pesos anuales, y el impuesto alcanzaría a (2300 de suma fija más 760) 3060 pesos. El impuesto habría aumentado también en forma significativa respecto del valor del año anterior, de 1320 pesos, porque aunque aumentó el mínimo no imponible, permaneció inamovible la escala de tasas impositivas por nivel de ingresos. Tal como ocurre desde 1997.

Moyano no reclama actualizar la escala congelada hace 15 años, que provocaría un impacto significativo de reducción del impuesto en las categorías más bajas y sería más razonable, y hasta quizá menos resistido. Sus asesores no le procuraron esa alternativa o él no los escuchó. En cambio echa a volar propuestas que provocan más entusiasmo, pero seguramente más desigualdades si se aplicaran. Eliminar el impuesto a las Ganancias sobre trabajadores en relación de dependencia dejaría la carga sólo sobre los que tienen la misma relación, pero encubierta, a través de la emisión de factura y bajo la figura de autónomos. Entre los camioneros son muchos los que están en esa situación, porque ésa es la forma de relación que impone una alta proporción de empresas de primera línea (alimentarias, cerealeras, etc.) con sus transportistas. La propuesta de Moyano los deja de lado, e incluso les agregaría una inequidad adicional respecto de la que ya sufren en relación con los empleados declarados.

Hacer depender la actualización del mínimo no imponible de una decisión arbitraria del Ejecutivo en vez de establecerse una fórmula preconcebida (como lo es hoy el ajuste a las jubilaciones) es otra deformación del sistema. En vez de proponer el cambio de sistema, el líder camionero prefiere la pulseada anual con el Gobierno, en beneficio de la especulación sobre la acumulación política que podría lograr con ello.

Un impuesto progresivo en su concepción puede perder el mérito si se lo aplica con parámetros que se actualizan mientras otros no, o si está sometido a resoluciones discrecionales de la autoridad política. Un impuesto sobre el trabajo personal sometido a la presión de las corporaciones, como la de los jueces o el sector financiero cuyas ganancias siguen exentas, tampoco puede ser calificado como justo.

En su detrimento, además, el impuesto a las Ganancias provenientes del trabajo es el más difícil de evadir, porque su pago al fisco no depende del contribuyente sino del descuento que le practica quien le paga. Tampoco tiene la más mínima posibilidad de maquillar los resultados, como suele ocurrir con los balances empresarios. No se puede “inventar” un hijo para subir las deducciones, como se inventan honorarios pagados al exterior para tratar como gastos deducibles lo que, en verdad, son remesas de utilidades. O se sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones en operaciones entre filiales de una misma firma. Estas inequidades no deberían ser ajenas a la agenda de una central obrera. Y Moyano no las menciona.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-196975-2012-06-22.html

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