Hidroeléctrica Urrá: tragedia humanitaria en Colombia

Por: Ramón Alcides Avida Peralta-Adital

Desde 1940 los gobiernos colombianos de turno venían insistiendo en esta obra colosal en el municipio de Tierralta-Córdoba, pero la ejecución del proyecto se inició medio siglo después, cuantificado en mil doscientos millones de dólares. A partir de 1999 surgieron los primeros desastres ambientales advertidos al gobierno. La navegación fluvial Embera se cortó para siempre; las ciénagas y humedales, entre ellas, Góngora Grande en Lorica, quedaron en manos de terratenientes y mafiosos, dedicadas a extensas plantaciones de palma aceitera y de árboles para la industrialización. Aproximadamente 70.000 familias que derivaban su sustento del río Sinú fueron afectadas por los poderosos dueños de Urrá I.

El 20 de marzo de 1999, mediante la sentencia 194, la Corte Constitucional “amparó” el derecho que asiste a las comunidades que habitan la red hidrográfica del Sinú. Pero la empresa desacató el fallo de la Corte en abierto desafío a las leyes de la república y a los acuerdos internacionales. Fue ingenuo pensar que amparados en la ley los indígenas podían impedir la realización de un proyecto que beneficiaría intereses particulares de una clase política poderosa y excluyente.

En noviembre de 1994, más de mil indígenas del pueblo Embera-Katío – según reveló la Revista Semillas en su edición Nº36 -, en sus botes y balsas, zarparon del resguardo Caragabi en el Alto Sinú, en una expedición aguas abajo, hasta la desembocadura del río, para mostrar que estaban dispuestos a defender el río Sinú y su territorio ancestral. Con suma rapidez la clase política recurrió a la represión para sofocar la pacífica protesta. En estos hechos sangrientos, el gobierno de Ernesto Samper asesinó los mejores y más valientes de los dirigentes indígenas: Lucindo Domicó y Alonso María Jarupia. El gobernador Kimy Pernía Domicó, incansable luchador por los derechos de su pueblo, fue asesinado el 2 de junio de 2001 bajo el gobierno de Andrés Pastrana, en operativo conjunto de militares y paramilitares. Además, la población quedó controlada y amenazada para que no alzara su voz disidente.

Pero la cadena de consecuencias no terminó allí. Los ríos tributarios del Sinú cambiaron su curso a medida que este se desagotaba, el talud de los ríos incrementó la tasa de erosión pluvial y arrastró cientos de hectáreas de suelo fértil hacia humedales y estuarios, produciendo su desecación. Como consecuencia, el nuevo ambiente trajo consigo un nuevo ecosistema, adaptado a la deforestación y al drenado.

Dice Fernando Castrillón Zapata, en su libro “Una Historia de farsa y crímenes”, que en enero de 1996 los contratistas desviaron el río por dos túneles y bloquearon el Sinú; el bocachico que nadaba aguas arriba desafió la difícil tarea de franquear estas galerías de alta velocidad para llegar a sus únicos lugares de desove: las ciénagas y humedales dentro del territorio Embera. Millones de peces saltaron en un esfuerzo inútil para salvar la turbulencia que los estrellaba contra las paredes de los túneles, y comenzaron a emerger muertos. Los responsables encubrieron la catástrofe ecológica, enterrándolos en fosas retroexcavadas. Después de este desastre, el bocachico no regresó.

De 460 mil hectáreas de bosque húmedo tropical, los poderosos dueños del megaproyecto, en pocos años, han destruido más de14 mil hectáreas. Simplificando la ecuación, los dueños de Urrá I arrasan en promedio el área equivalente a 16.66 canchas de fútbol cada día con la respectiva flora y fauna que albergan. A este ritmo, dentro de pocos años toda la selva de la cuenca hidrográfica del Sinú y los bosques nativos del macizo del Paramillo serán el recuerdo de un devastador cataclismo forestal, hábitat y nichos de aves únicas en el mundo quedarán arrasados. Hoy la familia de aves trepadoras no tienen dónde anidar, los dueños de la empresa acabaron con los árboles corpulentos en cuyas cavidades se reproducían; las aves zancudas emigraron; las aves de patas cortas y buceadoras, que habitaban sus nichos en humedales, no tienen donde alimentarse y mueren en parvadas. Y las aves y mariposas migratorias nunca volvieron.

La destrucción del bosque representa una pérdida irreversible para la humanidad. Según Gregorio Mesa Cuadros –profesor de la Universidad Nacional-, un árbol de selva tropical no sólo regula el ciclo hidrológico, sino que también produce 7.6 millones de litros de agua durante su lapso vital. Este desastre ambiental mantiene en lucha a los pueblos indígenas, pescadores y sociedad geno-africana, orientada a despertar la conciencia de la comunidad internacional frente a los daños ambientales, ecológicos, sociales y económicos.

Antes y después de la ejecución del proyecto, los pescadores y los pueblos Embera-Katíos y zenú lucharon unidos contra la expoliación, pero otros sucumbieron ante la astucia de los empresarios de Urrá I. Estos dividieron y quebraron la unidad del pueblo Nahua y Embera-Katío en defensa de sus territorios. La “negociación y consulta” se hizo con dos grupos de indígenas, con actores distintos, en escenarios distintos y con acuerdos distintos: los empresarios que hablaron con un grupo no fueron los mismos que hablaron con el otro. Por esta razón, las comunidades consideran tal consulta una farsa. La transnacional y los políticos ya habían decidido ejecutar el proyecto. Hoy sólo existen 10 gobernadores, los demás, después del engaño y robo de sus tierras, se reasentaron en regiones agrestes y estériles como la cuenca del río Manzo y las cuencas altas del río San Jorge.

Pero esto no es todo. Según denunció el Colectivo de Trabajo Jenzera el 9 de octubre de 2009, el proyecto Urrá II (continuación de Urrá I) destruirá 58 mil Km de selva ecuatorial originaria, y exterminará ocho pueblos indígenas Zenú, que continúan luchando por la tierra legada antes de la invasión española. Hoy se empeñan en un esfuerzo para despertar la conciencia de todos los colombianos, ante un proyecto que sólo generan pobreza y miseria, como en el Quimbo ó Hidrosogamos, pero inmensas ganancias para los empresarios y gobernantes.

Ya los ríos desaparecieron, dejando a miles de personas, en su mayoría niños, sin alimentos, sin transporte fluvial, sin bosques para cazar. La escasez del caudal del río ha facilitado el avance de la cuña salina, con graves consecuencias irreversible para los suelos agrícolas del delta, de cuya explotación sobrevivían más de 2.500 familias. Los bosques de manglar, hábitat sagrado como los arrecifes de coral para todas las especies marinas, están sufriendo el impacto de la sedimentación.

Según la denuncia de Jenzera, Urrá II arrasaría la última selva que le queda al Caribe colombiano y expulsaría a las últimas poblaciones indígenas que todavía permanecen en el resguardo Embera-Katío del Alto Sinú, su territorio ancestral. El costo que trasladaron los empresarios y políticos a los Embera-Katío del Alto Sinú fue doloroso: quitaron el sustento a las comunidades, condenándolas a la desnutrición y la muerte. Pero mayores fueron los impactos en la cultura y organización social, que dejaron este pueblo en la antesala de la extinción definitiva: Ahogaron sus dioses, sus lugares ceremoniales, adoratorios y tradición cultural. Expulsaron comunidades enteras que poblaban las planicies del Alto Sinú, entre ellas Frasquillo, dejando atrás 7.400 hectáreas inundadas, afectando el resguardo indígena del Alto Sinú y al Parque Nacional Natural de Paramillo.

La biomasa, descompuesta por la inundación, llega aguas abajo saturada de sulfuro, aumentando las emisiones de metano y dióxido de carbono. Los gases más agresivos de efecto invernadero afectaron para siempre el agua potable de los pueblos que habitan la parte baja del embalse, obligándolos a emigrar hacia distintas ciudades donde encuentran un ambiente y un hábitat hostil. Poblaciones enteras de colonos también fueron expulsadas de sus territorios. Según las comunidades nativas del Alto Sinú, los dueños de Urrá quebraron la unidad familiar, muchas madres han sido obligadas a la indigna condición de refugiadas, para prestar servidumbre en ciudades distantes y desconocidas, dejando sus hijos al cuido de sus padres, abuelas o hija mayor.

Ramón Alcides Avida Peralta es periodista de Periferia Prensa Alternativa. Construyendo comunicación popular.

Fuente : Revista Amauta-Costa Rica

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