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Jubilada descubre que fue la responsable de 36 millones que Cambiemos gastó en campaña

“¿Una campaña política? No, estás equivocado. Yo soy jubilada. No sé de qué me habla”, responde Stella Maris Sandoval desde su casa de Villa Celina, La Matanza. Ella insiste en que nunca se enteró, pero esta matancera, de 68 años, fue la encargada legal de manejar los $ 36 millones que Cambiemos gastó en las últimas PASO.

-¿Usted es militante de Pro?, preguntó LA NACION, en un breve diálogo telefónico.

-¿¡De qué!? ¿Militante política? No, no, debe estar confundido. Conocí a una persona que trabajaba en ese partido, pero nada más, respondió la jubilada.

-¿Sabe que fue la máxima responsable de las cuentas de Cambiemos durante una campaña electoral?

-(Silencio) No sabría qué decirle. Yo nunca firmé nada.

La historia de Stella Maris es sólo uno de los datos que se desprende de la auditoría realizada por la Cámara Nacional Electoral sobre los informes de financiamiento para las últimas PASO que presentaron los principales partidos políticos.

Donantes sin capacidad económica, aportantes fantasmas, reconocidos asesores que no fueron declarados y millonarios gastos de pre-campaña fuera de la ley son algunas las prácticas que ejecutaron Cambiemos, el Frente para la Victoria (FPV) y UNA.

La jubilada Stella Maris fue la responsable económica de la alianza Cambiemos, que encabezó Mauricio Macri, pero que también contuvo a los entonces precandidatos presidenciales Elisa Carrió y Ernesto Sanz, infomaron fuentes judiciales.
Stella Maris está secundada por otra jubilada. María Armanda Inza, de 82 años, también aseguró a LA NACION que no estaba enterada de su rol partidario.

Historias como la de Stella Maris y María Armanda se volvieron habituales en los últimos años, aseguraron apoderados, operadores electorales y funcionarios judiciales consultados por este diario. ¿Por qué? Los partidos políticos evitan designar a dirigentes activos porque la ley de financiamiento electoral fijó como castigo para los responsables económicos la inhabilitación para ocupar cargos públicos si sus balances no son aprobados.

Fuente: La Nación

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