La explotación pesquera argentina: Un nuevo enfoque

Elena Louge (ACTA)

La explotación pesquera no ha sido ajena a las políticas de destrucción y entrega de nuestro patrimonio nacional, cuyas consecuencias hoy padecemos. Millones de pobres pueblan nuestro país.

En el año 1997, el gobierno nacional entregó a los capitales extranjeros empresas como Aerolíneas Argentinas e YPF, y en la actualidad se observa en general un aumento en la concentración de la riqueza en pocas manos y mayor extranjerización de la economía.

En ese marco se aprobó una Ley de Pesca que avala en la pesca lo que se hizo en otro sectores de la economía. Esta ley habilitaría a los grandes capitales de sector pesquero a repartir los recursos entre los barcos nacionales y los extranjeros, mediante un sistema denominado Cuotas Individuales Transferibles.

Esto significa establecer un derecho de propiedad privada sobre el uso de los recursos naturales, en este caso los pesqueros. La definición de los derechos de propiedad es uno de los elementos centrales dentro del manejo de los recursos pesqueros. Se pretende establecer cuotas (transables en el mercado) por barco sobre la base de las capturas históricas de cierta cantidad de años previos a la sanción de la Ley, favoreciendo así a los buques de mayor tamaño, asociados a los grandes capitales.

Este panorama a su vez haría que las flotas menores se vieran en la necesidad de vender sus cuotas, concentrando aún más la explotación pesquera en los capitales más poderosos del sector. Es conveniente mencionar que al favorecer a los grandes barcos que procesan la captura a bordo (congeladores-factorías), cada barco fresquero disminuiría su captura actual. Por lo tanto, las plantas en tierra contarían con menor actividad de procesamiento de pescado, agudizando el desempleo en las localidades que dependen de la pesca.

Consecuencias de la aplicación de la Ley Federal

Las Cuotas Individuales Transferibles (CITs) se inscriben en un documento oficial y en un registro, como una propiedad, que el poseedor podrá vender o alquilar. De esta manera, de pronto, el propietario de un barco se encontrará con un título de posesión de cuota de captura de merluza que tendrá un valor de compraventa, otorgado gratuitamente por el Estado.

Otro elemento que debemos agregar a esta problemática situación, es que este sistema requiere mayores controles de la actividad pesquera y en la actualidad los mismos son muy débiles. En países que no ejercen debidamente este control (detección satelital, descargas, inspectores, observadores, etc.) está explícitamente recomendado no aplicar las Cuotas Individuales Transferibles, menos aún cuando hay alto grado de corrupción.

Por otro lado, existen enormes irregularidades en los permisos de pesca y en las declaraciones históricas de captura, que como se mencionó, son la base por la cual se deberían determinar las cuotas individuales transferibles.

Rechazamos la implementación de este aberrante régimen de explotación, que significará más desocupación, fuga de capitales y destrucción de los recursos pesqueros de propiedad social.

Antecedentes

La aplicación de la CIT y sus consecuencias en diferentes países, se menciona seguidamente:

Islandia: en los años 70 se implementaron las CITs en la pesquería del bacalao, las que no dieron resultado. La compra de cuota redujo el número de barcos y media docena de los más grandes controlan la flota. Finalmente, en 1994 se reconoció que el sistema de CIT no fue un buen mecanismo para realizar una pesca sustentable.

Holanda: La práctica demostró que el sistema de cuotas produjo la sobrecapacidad de la flota pesquera y la sobrepesca.

Nueva Zelanda: el principal efecto ha sido excluir de este sistema a los pescadores independientes y de pequeña escala, que son dominados por grandes empresas que sólo buscan aumentar las ganancias a costa de la destrucción de los recursos vivos marinos.

Irlanda: se ha producido una creciente concentración del capital y de las grandes flotas, lo que ha perjudicado a los pescadores costeros que utilizan barcos pequeños, que prácticamente han desaparecido. Además, es cuestionable el sistema de CIT, porque, si el sector de altura entrara en colapso no sería posible reconstruir el sector, ya que no existiría suficiente gente de oficio cuya preparación se realiza en las pequeñas flotas.

Canadá: concentración de las capturas por parte de las empresas multinacionales.

Conclusiones

Los recursos pesqueros deben ser administrados dentro de los conceptos de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. En este contexto la pesca debe ser considerada como un sistema complejo con elementos constitutivos biológicos y socio-económicos.

Debe abarcar no sólo la salvaguarda de los recursos pesqueros, sino también el estudio integral de los ecosistemas marinos, las actividades extractivas, la distribución de los productos y los intereses culturales e históricos de las comunidades locales (incluyendo sindicatos, ONGs, etc.) que dependen de la pesca.

El nuevo proceso de globalización económica, facilitó el dominio de las multinacionales que son capaces de cambiar los medios de producción, de residencia y que en la pesca impulsan el sistema de CIT.Las CITs permiten la concentración de la pesca en las grandes empresas.

En la práctica esto ha sido verificado, ya que donde ya se han aplicado, el efecto inmediato fue excluir del sistema a los pescadores independientes y de pequeña escala, que prácticamente desaparecen. La CIT representa un avance de la privatización en la pesca, mediante el cual el Estado otorga gratuitamente una porción del recurso, a través de un título de propiedad.

Por lo tanto, sería necesario establecer un adecuado y mejor sistema de capturas anuales, es conveniente seguir con el Sistema Olímpico, con protección a las pequeñas flotas, el establecimiento de áreas y épocas de veda, y redes apropiadas para proteger a los reproductores y juveniles.

Es necesario una eficiente recaudación de impuestos derivados de la actividad pesquera para ser distribuidos y empleados adecuadamente en políticas sociales del estado, sobre todo en los sectores más desprotegidos de la sociedad y en áreas como salud y educación. Por último, señalamos como prioritario aplicar a la brevedad posible, un eficiente sistema de control (inspectores, sistema satelital, etc.), dado que sin esto las administraciones pesqueras fracasan.

Elena Louge es Científica contratada en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Mar del Plata.

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