“La Monsanto”, por Martín Caparrós

31 de julio de 2012

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La frase era un dechado: “Hace unos instantes estuve con Monsanto (sic) que nos anunció una inversión muy importante en materia de maíz y además estaban muy contentos porque la Argentina está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos, en repatriación de científicos y fundamentalmente también en respeto a las patentes. Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias nos hemos convertido también en defensores de las patentes”.

Dijo, con esa cara de falsa ingenua que le queda tan rara, y enarboló un folleto. Cristina Fernández estaba en un sitio peligroso: es una tradición que los presidentes argentinos, cuando comparecen en el Club de las Américas de Nueva York, hablen de más. Se ve que los anima el público de grandes empresarios americanos –en este caso, entre otros, representantes de JPMorgan, Barrick Gold, Ford, Fox, IBM, Cargill, Walmart, DirecTV, Procter & Gamble, Pfizer, Monsanto, Microsoft– y se sueltan, y después a veces se arrepienten.

Nadie sabe si la doctora Fernández se arrepintió de definir el oportunismo con esa frase sonriente: “Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias nos hemos convertido también en defensores de las patentes”. Después de haber estado, se sobreentiende, muchos años “en contra” de esas mismas patentes. O eso parecía en 2006, cuando Monsanto trababa embargo contra barcos con granos argentinos en Europa porque el Estado argentino no le dejaba cobrar lo que quería por la patente de uno de sus productos estrella: la semilla de soja RoundUp Ready. La otra es el RoundUp, el herbicida hecho de glifosato que mata todo lo que pulula alrededor salvo esas semillas, genéticamente modificadas para sobrevivir al killer.

(La historia es larga y está bien contada en un artículo de Le Monde Diplomatique. En síntesis: en los noventas, cuando empezó a venderla, Monsanto no patentó la semilla en la Argentina pero, a cambio, recibió del gobierno de Menem la autorización para su uso –lo cual, en países como Brasil, tardó años de pruebas y debates. La RoundUp Ready copó, muy pronto, la gran mayoría de los campos argentinos. Durante diez años Monsanto se dio por satisfecho con sus acuerdos con las productoras que les pagaban un cánon por las semillas y, sobre todo, con las ventas crecientes del Round Up, que completaba el combo. Hasta que decidió que quería cobrar más y empezó su ofensiva política y judicial.)

Aquella tarde de junio en Nueva York, Cristina Fernández siguió hablando y explicó los términos de su nueva alianza con Monsanto: la empresa americana tendría una planta productora de semillas de maíz genéticamente modificadas en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, y un par de proyectos de investigación conjunta con científicos argentinos. Quizá Monsanto quiera hacer ahora aquí lo que suelen hacer las multinacionales químicas: modificar lo suficiente el producto que no patentaron –o cuya patente va a vencer– para patentarlo como si fuera otro, y recaudar.

Cada época tiene sus ogros: Monsanto es uno de los más presentes estos días. Todo empezó hace casi cincuenta años, cuando la empresa fabricaba el “agente naranja”, un defoliante poderoso con que el ejército americano se cargó los bosques y cultivos de Vietnam para tratar de rendir a sus defensores. En esos días, aviones militares derramaban torrentes de veneno sobre el país, medio millón de vietnamitas moría en esos bombardeos, otro medio millón nacía malformado –y Monsanto prosperaba en paz. Pero su verdadero salto a la fama llegó un cuarto de siglo después. En los noventas empezaron a convertirse en lo que son ahora: una empresa multinacional que estableció la propiedad privada de la reproducción natural. Con sus semillas de plantas que no dan semillas, Monsanto controla el mercado mundial de semillas transgénicas y, a través de eso, se acerca cada vez más a una posesión en la que puede definir quién come, quién no, a qué precios, bajo qué condiciones.

Todo tan claro que Eduardo Galeano solía llamarla “la serial killer multinacional”. Tan claro que, hace menos de un año, Carta Abierta decía en una carta abierta que “el gran capitalismo agropecuario tiene su mirada en la Bolsa de Chicago, en las operaciones políticas de gran escala, en los secretos de los gabinetes químicos que perfeccionan la semilla transgénica, nuevo padrenuestro de una teología que sin tener santidad tiene a Monsanto, mientras empresarios voraces, pioneros cautivos de un clima de mercantilización de todas las relaciones humanas, se comportan como forajidos de frontera, escapados de otra época, pero tiñendo de una agria tintura este momento histórico que aunque les es heterogéneo, caen en la incongruencia de querer apropiarlo”.

Tan claro que hace tres años, un día en que el señor Verbitsky, falto quizá de nada más excitante, decidió tirarle un par de prontuarios por la cabeza al tornadizo Felipe Solá, escribió uno de sus artículos acusándolo de haber “trabajado para Monsanto”. Hasta que Cristina Fernández mostró su alborozo y su cariño por su nuevo socio, y ninguno de ellos dijo esta boca es suya –señora presidenta.

Pero, más allá de los vaivenes clásicos, más acá de sus nuevos amores, Monsanto va a seguir planteando sus dos problemas principales.

Uno son sus efectos sanitarios y ecológicos. El maíz transgénico, por ejemplo, que van a fabricar en Córdoba está prohibido en Francia por contaminante; el gobierno francés –del liberal Nicolas Sarkozy– pidió en febrero último a la Unión Europea que lo prohiba en todo su territorio. Y, aquí, la mayoría de los productores dicen que no saben qué puede quedar de sus tierras después de unos años de semillas transgénicas –pero que la ganancia es tan grande que las siguen usando. Aunque varios me dijeron, últimamente, que trataban de hacerlo en tierras arrendadas: ajenas.

Que rebosan de RoundUp. Monsanto solía presentarlo como biodegradable hasta que tribunales franceses y americanos los condenaron por publicidad engañosa. En realidad es biodegradante: degrada toda la vida que hay alrededor, y por eso solo se pueden plantar las semillas de Monsanto, que lo sobreviven. Pero no las personas: el mes pasado, precisamente en Córdoba, empezó el primer juicio oral y público por un caso de envenenamiento por fumigación con glifosato.

Los acusados –faltaba más– no son los inventores del tóxico sino los aviadores que lo fumigaron, pero la historia es siniestra –en un suburbio cordobés muy expuesto a las fumigaciones, casi 200 cancerosos sobre 5000 habitantes, un bebé nacido sin riñones– y fue bien contada por Página/12 cuando todavía hablaba del asunto, antes de que Monsanto se convirtiera en “un nuevo inversor”.

Monsanto seguirá envenenando –como decía Galeano– los campos y los campesinos argentinos; ahora, con el apoyo del Estado. Pero esto es pura coherencia: después de todo, este gobierno nunca simuló preocuparse por la salud pública. En cambio, sí hizo de la “lucha contra los monopolios” una de sus banderas más flameadas.

Decíamos: Monsanto es, ahora mismo, el nombre global del monopolio despiadado. Lo cuentan muchos y, entre ellos, Marie-Monique Robin –la periodista francesa que consiguió que generales argentinos hablaran en cámara de sus torturas y asesinatos– en una película que vale la pena mirar. Porque el 87 por ciento de las plantaciones de semillas transgénicas –algodón, maíz, soja– del mundo usan sus semillas; esto es: la enorme mayoría de las plantaciones del mundo engordan a Monsanto. La noticia de que el gobierno nacional y popular está encantado de hacer negocios con semejante emblema ya tiene un mes; podría haber provocado incomodidades, molestias, escozores; no se vieron.

Olvidemos que Monsanto es uno de los principales responsables del hambre de millones de personas a las que dejaron sin tierras o sin semillas, porque a nosotros no nos importa el hambre de los indios o los somalíes y, de últimas, nuestra prosperidad viene de sus penurias: ellos se hunden con los aumentos de precio de los granos que a nosotros nos salvan.

Y olvidemos los efectos que está teniendo sobre la estructura social y económica de la Argentina el imperio de la soja transgénica –la concentración de las explotaciones agrarias, la expulsión de los pequeños campesinos, la transformación de regiones enteras en desiertos verdes, la probable esterilización de los suelos de buena parte del país– porque, en última instancia, nada de eso va a influir en las elecciones del año que viene sino en las vidas de las próximas generaciones de argentitos.

Pero, aún así, es curioso que la llegada de Monsanto se discuta tan poco. Y creo que no se discute porque los fieles seguidores del gobierno no suelen discutir sus medidas, y lo que nos hemos acostumbrado a llamar “la oposición” –que podría hacerlo– sigue controlada por la derecha. Lo cual le sirve a la derecha y al gobierno: a la derecha para dejar claro que lo que debe suceder tras el fracaso de este gobierno es el retorno de su gente; al gobierno para evitar que le critiquen renuncios como éstos –porque es obvio que ni Clarín ni La Nación ni Macri ni Scioli, aliados naturales de los grandes monopoios, van a hacerlo.

Para eso, en síntesis, sirve la crispación, la división actual de la política argentina: para que dos fracciones del mercado distraigan con ladridos mientras siguen adelante con “un capitalismo en serio”: mientras siguen cuidando los negocios de la Barrick, Walmart, Proctor & Gamble, Cargill.

Para que siga funcionando la agrupación que realmente importa: la unidad de negocios que algunos llaman La Monsanto.

VIDEO

Cristina Fernández de Kirchner y Monsanto

Duración: (7:02)

http://vimeo.com/44673915

MONSANTO VS ARGENTINA.

Pedidos de detención de barcos con harina de soja argentina en los puertos de Dinamarca, Holanda, España e Inglaterra; un reclamo millonario de regalías; juicios a importadores europeos, son algunos de los hechos visibles de una inusual disputa entre la multinacional de origen estadounidense Monsanto y los agricultores y el gobierno argentino. Un conflicto que trasciende los intereses privados.

Es creencia generalizada que las carnes son el principal producto de exportación argentina al mercado europeo. Más allá del volumen y calidad de las carnes argentinas, la simple consulta de las estadísticas comerciales revela que son los productos derivados de la soja (especialmente harina para piensos) el fuerte de esa exportación. Esos productos contienen (en una forma ya inútil para ejercer su función) restos de genes insertados artificialmente en la semilla de soja para otorgar a la planta -en la etapa del cultivo- resistencia a un herbicida: el glifosato. Es decir, son productos derivados de una variedad de “soja transgénica”.

La soja transgénica representa hoy más del 90% del total de ese cultivo en Argentina. Su amplia y rápida difusión es uno de los factores que explica la llamada ‘sojización’ de la agricultura: la participación de la soja en el total de granos se duplicó (hasta rondar el 50%) entre las cosechas de1996/97 y 2004/05. Argentina vende, sólo a Europa, alrededor de 2.000 millones de dólares anuales de derivados de soja.

En esta rápida difusión influyó el efecto de la inserción de un transgen resistente al glifosato en el genoma de una gama de variedades de soja producto del excelente nivel de fito-mejoramiento existente en Argentina. Esta combinación es la que permitió mejoras en los rendimientos y bajas en los costos de producción. Pero también fue decisivo otro factor de tipo legal y comercial: el transgen resistente al glifosato (conocido comercialmente como “Round Up Ready” o ‘RR’), identificado por Monsanto, ha estado y está en el dominio público en Argentina, es decir, pudo ser libremente utilizado por las empresas semilleras para desarrollar sus propias variedades de soja con ese gen, sin necesidad de contar con el permiso o efectuar el pago de una compensación a Monsanto (Viollat, pág. 6).

Patentes y territorio

El gen RR no fue patentado por Monsanto en Argentina, aunque sí en otros países, como los europeos y Estados Unidos. Tal vez por un mal cálculo sobre el impacto comercial que la soja RR podría tener en Argentina o por otros motivos (prácticos o estratégicos), Monsanto dejó vencer los plazos para solicitar y obtener válidamente una patente en Argentina.

El sistema de patentes tiene tres características importantes: a) es de uso voluntario, esto es, el inventor puede optar por solicitar o no una patente; b) es territorial, lo que significa que una patente sólo tiene fuerza legal en el país donde se la solicita ante la oficina respectiva y se la obtiene (así, una patente de Estados Unidos no es válida en Argentina y viceversa), y c) es un sistema de premios y castigos: si se solicita la patente antes de que la invención pierda novedad (es decir, de que sea públicamente divulgada) y se cumplen otras condiciones de patentabilidad, el titular puede recibir un monopolio de explotación de la invención por 20 años desde la fecha de la solicitud. Pero si no solicita la patente en término eficaz, ya no se puede reclamar ningún derecho: una vez divulgado (salvo que ello hubiera ocurrido en fraude), el invento cae en el dominio público en todos aquellos países donde no se haya solicitado y obtenido la protección.

El sistema de patentes ha funcionado de este modo desde que se originó en los países europeos hace cinco siglos y, de hecho, es rarísimo o inexistente el caso en que una empresa innovadora (menos aun un inventor individual) solicita una patente en todos los países del mundo. En promedio, son más los países en los que no se patenta, dejando el invento para que lo use cualquiera, que aquéllos en donde se incurre en los gastos -nada despreciables- de tramitar, obtener y ejercer los derechos que una patente confiere. La única probable excepción es la industria farmacéutica, que deja pocos lugares del planeta sin recorrer para asegurarse el monopolio de la venta de sus nuevos medicamentos.

En una etapa de globalización puede sorprender que el sistema de patentes sea menos global de lo que muchos suponen o desean 1. La ausencia de protección de patentes en un país particular no puede ser subsanada -como pretende ahora Monsanto- ejerciendo abusivamente los derechos de patente conferidos en otro territorio. Las patentes europeas o estadounidenses que la empresa puede tener sólo se aplican a los actos que se realicen en aquellas jurisdicciones que puedan constituir una infracción a la patente. A diferencia del copyright, que se protege sin necesidad de registro u otras formalidades, la protección de patentes requiere (para felicidad de los abogados y agentes) que ésta se tramite y sea obtenida en cada país.

La ausencia de un sistema global de patentes es revelada por otro hecho significativo: los países, aun aquellos que son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y están sujetos, por tanto, al Acuerdo sobre los ADPIC 2 tienen un margen considerable para determinar qué es una invención y qué no lo es. Así, muchos países consideran que un gen no es patentable, pues se encuentra ya en la naturaleza y no puede ser ‘inventado’, aun cuando sea aislado y reivindicado como tal. En este punto 3 difieren las legislaciones de los países desarrollados y muchos en desarrollo -como Argentina y Brasil- en los que la apropiación de los recursos genéticos mediante patentes genera resistencias y regulaciones menos permisivas, aunque perfectamente compatibles con las reglas de la OMC.

Beneficios de ventas

Volviendo al caso Monsanto vs. Argentina, la empresa dejó deliberadamente el gen RR en el dominio público, pues no presentó una solicitud de protección en tiempo útil. Obviamente, la situación de libre disponibilidad del gen facilitaría, como previsiblemente ocurrió, la difusión del gen RR, con una ventaja importante para la empresa: ella vende también el herbicida (glifosato) al que la planta de soja se hace resistente. De este modo se pudo beneficiar con las ventas de sus semillas transgénicas y con las de crecientes volúmenes de glifosato.

Además, aun cuando Monsanto no tenía base legal para reclamar un pago por el uso del gen RR, las empresas semilleras argentinas entraron en contratos de licencia privados, contemplando el pago de regalías por tal uso. Indicador de la aparente armonía que reinaba es que el Instituto Nacional de Semillas registró cerca de 200 variedades vegetales que incluyen el gen RR, de las cuales sólo treinta fueron desarrolladas por Monsanto. Pero hay un dato aun más revelador: la ley argentina permite a cualquier tercero oponerse al registro de variedades vegetales. Monsanto nunca hizo uso de este derecho; es decir, consintió con pleno conocimiento el uso del gen RR en las numerosas variedades de soja que se registraron, variedades que, en definitiva, son las que sustentaron el éxito del gen RR.

La difusión de la soja RR en Argentina no sólo sirvió a Monsanto para la venta de sus semillas y del glifosato en el mercado interno. Fue el punto de partida para la diseminación de sus productos en todo el Cono Sur. Argentina fue la puerta de entrada que Monsanto eligió para la región, probablemente atraída por su apertura a las inversiones extranjeras y, sobre todo, por la permeabilidad a la aceptación de variedades transgénicas, rechazadas en otras partes del mundo. Sin ir más lejos, la formal aprobación del cultivo de soja transgénica fue demorada en Brasil por acciones judiciales durante varios años. No obstante, se cultivó ampliamente (sobre todo, pero no únicamente, en el sur del país) con semillas importadas desde Argentina, con lo cual la aprobación gubernamental 4 sólo legitimó una situación de hecho.

Especulación

La soja transgénica fue desarrollada en 1991. El uso comercial se inició en 1996. Argentina, junto con Estados Unidos y Canadá, fue uno de los primeros países en autorizar su introducción, no obstante el clamor generado en el mundo contra del cultivo de variedades transgénicas por muchas organizaciones no gubernamentales y las preocupaciones que suscitan sus efectos en el medio ambiente.

Por casi una década, la fórmula argentina pareció satisfacer las aspiraciones económicas de Monsanto: a) la soja RR domina casi el total de la producción de uno de los mayores productores mundiales de soja y se difunde en países vecinos; b) Monsanto participa en el mercado con venta de semillas y glifosato, y c) Monsanto percibe regalías de empresas semilleras argentinas, aun en ausencia de patente.

Sin embargo, tras aceptar y beneficiarse de esa fórmula durante ese período, Monsanto decidió que los agricultores deberían también pagar una contribución a la empresa. Exigió un pago de hasta 15 dólares por tonelada, una suma exorbitante que, de ser aplicada, llevaría a la ruina a miles de productores.

El gobierno argentino, ejercitado en contiendas mayores (como las generadas por la renegociación de la deuda externa y los condicionamientos del FMI), rechazó con toda razón la pretensión de Monsanto. En represalia, la empresa amenazó y luego concretó solicitudes de detención de barcos con harina de soja argentina en puertos europeos, con el argumento de que contienen el gen RR (lo que nadie discute), por lo que tal importación infringe sus patentes europeas sobre dicho gen y su expresión en células  y plantas modificadas.

La empresa multinacional no oculta sus intenciones: llevar a juicio a importadores europeos de harina de soja argentina para que sean éstos los que paguen un ‘plus’ por la tecnología incorporada por el gen RR, sea voluntariamente (mediante licencias contractuales) o por sentencia judicial. Dada la espada de Damocles que significa tener juicios por cada embarque del producto, se corre naturalmente el riesgo de que los importadores europeos migren a otros oferentes, o bien de que se sometan al pago de una regalía cuyo costo terminarán trasladando a los productores y exportadores argentinos. El perjuicio para Argentina resultante de este ejercicio abusivo del derecho de patentes puede ser enorme. Especula Monsanto que, ante este escenario, el gobierno argentino cederá y se decidirá a crear un sistema especial de compensación para retribuir por el uso del gen.

Mientras Monsanto montaba esta operación para presionar al gobierno argentino, éste materializaba, paradójicamente, un reclamo ante la OMC por las limitaciones al comercio de productos transgénicos impuestos por una “moratoria” europea en la aprobación de nuevos productos de ese tipo. El reciente dictamen del panel de la OMC, que da la razón a los reclamantes, beneficiará, entre otros, a Monsanto, cuyos negocios en el continente europeo podrán expandirse si la moratoria se levanta.

Mirada global y dogmática

Los argumentos de Monsanto para la ofensiva que lanzó contra los agricultores y el gobierno argentinos son nebulosos: “Monsanto reconoce el aporte de Argentina en cuanto a la difusión de la biotecnología (…) pero no podemos dejar de cobrar porque así es en todo el mundo” 5. Bajo esta mirada global y dogmática, es indiferente lo que prevea el derecho de cada país y sus circunstancias.

Como en otros países, y conforme a la Convención de UPOV 6 que rige en la materia, en Argentina el agricultor puede retener y usar, dentro de su propia explotación, semilla obtenida a partir del cultivo de una variedad protegida. Por otra parte, como ocurre también en otros países (incluyendo Estados Unidos) la “bolsa blanca” con semilla producida sin autorización del obtentor, reduce las ventas de semilla legítima. Este es un problema de “observancia”(enforcement) que afecta a todos los productores de semilla -no sólo a Monsanto- y que no puede resolverse litigando en una jurisdicción extranjera, sino invirtiendo en el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y control de la producción y comercialización de aquéllas.

La opción elegida por Monsanto es, empero, invocar las patentes que detenta hasta el año 2011 en los países europeos. Esas patentes protegen secuencias de ADN que codifican ciertas enzimas (EPSPS clase II) con actividades cinéticas e inmunológicas, así como moléculas de ADN recombinante que las comprenden; métodos para producir plantas genéticamente transformadas utilizando la secuencia de ADN respectiva; las células y plantas obtenidas, y finalmente, métodos para controlar selectivamente a las malezas en un campo que tiene sembrados cultivos que contienen a la respectiva secuencia de ADN.

¿Puede cometer una infracción a estas patentes quien importa harina de soja o aun poroto de soja no destinado a cultivo? En el caso de la harina, aun cuando su procesamiento dejara intactas secuencias de ADN aptas para realizar la función inmunizadora contra el glifosato, ella no puede obviamente emplearse para un nuevo cultivo. Por lo tanto, es imposible violar esas patentes con la importación de la harina, pues el gen patentado no cumple la función para la que se lo reivindicó. Lo mismo se aplica a otros derivados, como el aceite de soja. En el caso del poroto, en tanto no se lo emplee como semilla, su importación tampoco es violatoria de dichas patentes, porque no hay utilización, en el territorio europeo, de la propiedad de resistencia del gen.

El caso que Monsanto plantea puede equipararse al siguiente: supongamos que en el país A se produce tomate tratado con un pesticida que no está patentado allí. El tomate se exporta a un país B, donde sí existe patente sobre el pesticida. Naturalmente, si se examinara el tomate, se hallarían moléculas del pesticida. ¿Podría el titular de la patente impedir su importación por este motivo? Sería, obviamente, un absurdo. Una respuesta afirmativa daría un poder ilimitado a los titulares de patentes para restringir el comercio, no ya de sus propios productos, sino de todo aquello que se derive de ellos o lo contenga de alguna forma, aun residual.

Por cierto, el derecho europeo, tal como está consagrado en la Directiva sobre la Protección de las Invenciones Biotecnológicas (98/44/EC del 6 de julio de 1998), deja pocas chances de éxito al osado planteo legal de Monsanto ante los tribunales europeos. Su artículo 9 prevé que la protección conferida por una patente en el caso de un producto que contiene o que consiste en una información genética se extiende a la materia en la que “la información genética es contenida y ejerce su función”. Si bien la Corte Europea de Justicia aún no ha interpretado esta norma, ella es suficientemente clara: no puede invocarse una patente contra actos que involucran productos en los que un gen protegido no desempeña “su” función, en nuestro caso, la de dar resistencia al herbicida glifosato. Ello sólo puede ocurrir en el momento del cultivo con células viables a ese fin, lo que ostensiblemente no ocurre con los productos argentinos exportados.

Litigio estratégico

La acción de Monsanto contra importadores europeos de harina de soja constituye un caso de manual de lo que se denomina “litigios estratégicos”. Quien los inicia tiene pocas chances de triunfar o interés real en obtener una sentencia definitiva; la acción judicial se utiliza como una herramienta de presión, para generar riesgos e incertidumbre y lograr una rápida sumisión a condiciones comerciales que no tienen fundamento legal. Las grandes empresas como Monsanto disponen de sustanciosos presupuestos para litigar estratégicamente. Es en la disparidad con sus contrapartes, agricultores o importadores, y no en el derecho, en lo que basa su posibilidades de éxito.

En el caso que se analiza aquí el conflicto trasciende los intereses privados de las partes en el proceso, pues afecta a la economía argentina, que apenas está saliendo de la mayor crisis de su historia. En rigor, los importadores europeos demandados por Monsanto son víctimas circunstanciales. El objetivo de la empresa es torcer el brazo al gobierno argentino, imponer una solución a su medida fuera de lo que el derecho argentino y el derecho internacional estipulan. Se trata, en definitiva, de un caso en el que está en juego mucho más que la interpretación del derecho de patentes. Es un examen importante para el modo en que se resolverán los conflictos entre las empresas multinacionales y los Estados nacionales en los que ellas operan.

  1. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lanzó en el año 2001 una “Agenda de patentes” con el fin de armonizar el derecho de patentes a escala mundial, pero se ha encontrado con la resistencia de países en desarrollo y fuertes divergencias entre los propios países desarrollados, que proponen esa armonización.
  2. Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Argentina instrumentó las obligaciones de este Acuerdo en materia de patentes en 1995, con el dictado de la ley.
  3. Igualmente, en Europa y muchos otros países, no se otorgan patentes sobre las variedades vegetales como, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos y Japón.
  4. Ver Medida Provisória 223/04 (convertida en Ley 11.092/2005).
  5. Declaración del gerente de Desarrollo de Monsanto Argentina, La Nación, Buenos Aires, 6-3-06.
  6. UPOV es la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

Fuente: Le Monde Diplomatique

http://www.insumisos.com/diplo/NODE/813.HTM

http://www.pagina12.com.ar/fotos/20090510/notas/na14fo01.jpg

Cuando Solá trabajó para Monsanto

EL ESTUDIO DE CAMPO

El ingeniero agrónomo Felipe Solá hizo el estudio de campo para la investigación de mercado del Roundup, el denominado herbicida total de Monsanto. En 1996, como secretario de Agricultura de Menem y Cavallo, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente a ese poderoso veneno. En esta entrevista, el ex funcionario defiende su actuación y critica la política posterior a su renuncia.

Por Horacio Verbitsky

El ex secretario de agricultura Felipe Solá, quien en 1996 autorizó la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato, había realizado antes el estudio de campo para Monsanto en una investigación de mercado sobre el Roundup, la marca de la transnacional estadounidense para el glifosato. Así lo explicó el propio Solá, en la entrevista que se publica aquí. También confirmó el rol decisivo del ingeniero Héctor Huergo en la introducción de los cultivos industriales, el pesticida de Monsanto y los biocombustibles, que Solá engloba con algún pudor como “incorporación masiva de tecnología”.

El nombre de Solá no figura en el estudio, que comprendió viajes suyos a varias provincias, porque, según dijo, fue un colaborador part-time del ingeniero agrónomo Marcelo Regúnaga, quien sí puso su firma en el trabajo. También dijo que no tuvo contactos posteriores con Monsanto y que no le ofrecieron sobornos para su autorización. La lectura del expediente administrativo, consumado en apenas 81 días y antes de que se firmara el dictamen jurídico, con 136 desordenados folios, de los cuales 108 corresponden a un trabajo de Monsanto sobre su producto, que ni siquiera fue traducido al castellano, justifican la pregunta al responsable. Consultado para esta nota, Regúnaga confirmó la participación de Solá en el estudio, cuyo propósito era estimar cuánto podía crecer la demanda de herbicidas, entre ellos el Roundup, que no era el único que comercializaba Monsanto. Solá, que era ayudante en la cátedra de Administración Rural de Regúnaga, colaboró en la consultoría y viajó a Tucumán para entrevistar a productores de caña de azúcar. En la región pampeana el cuestionario se presentaba a productores de maíz y soja, que aún no era el cultivo principal. Según Regúnaga fue un pequeño estudio técnico exploratorio que se realizó en pocas semanas, cuando Monsanto era una empresa más orientada a los químicos en general que al agro y no existían los transgénicos. Los herbicidas se usaban para combatir ciertas malezas permanentes, muy difíciles de controlar, como el sorgo de alepo y el gramón. El impacto del glifosato era bajísimo y no se podía estimar todavía la magnitud de uso que tendría en los noventa, agregó. En 1989, cuando el presidente Carlos Menem le encomendó la Secretaría de Agricultura y Pesca, Solá designó a Regúnaga como su principal colaborador. Regúnaga es un entusiasta defensor del producto de Monsanto, de lo que se informará en otra nota.

Solá dice que no se arrepiente de nada de lo actuado y cuestiona la política seguida por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y de CFK, o su ausencia, y plantea un debate sobre la introducción de los cultivos transgénicos y la forma en que se manejaron, cuando él ya había dejado su cargo.

El discurso moderno

–¿Por qué el ingeniero Héctor Huergo (creador y columnista de Clarín Rural) estuvo sólo unos meses al frente del INTA?

Felipe Solá: –Huergo estuvo en el INTA entre febrero y noviembre de 1994. Era conocida su vocación por la incorporación masiva de tecnología. El venía sosteniendo que el modelo sostenido durante el gobierno de Alfonsín, con retenciones y tipos de cambios diferenciales, había condenado al campo al atraso tecnológico, y que el INTA y otros organismos técnicos sólo desarrollaban técnicas de aguante. La Argentina no fertilizaba, el uso de herbicidas e insecticidas se limitaba al de algunos productos clásicos, y los modernos (menos agresivos) eran carísimos porque se pagaban con un dólar que costaba el doble que el dólar al cual el campo vendía. Huergo pensaba que la convertibilidad, a pesar de los graves problemas de adaptación que generaba para los pequeños y medianos productores, sobre todo para los pequeños, era una clara oportunidad para acortar la brecha tecnológica con el mundo agrícola desarrollado. Y acusaba al INTA de atraso en adaptarse a esa circunstancia. Estuvo en el INTA hasta que, según dijo, fracasaron sus esfuerzos por introducir un discurso moderno, privilegiando el sendero de la intensificación por sobre todas las cosas, dado el atraso y la falta de productividad que se advertían. Se peleó siempre con el Consejo Directivo integrado por las entidades del campo y otros y no tuvo mucha cintura (sostenía que su tiempo era veloz y el del Consejo Directivo de una cadencia diferente). Quiso al final incorporar una planta de biodiesel donada por un organismo francés y no consiguió la aprobación del directorio y se fue comunicándome su disgusto por esta situación. Lo dejé ir porque me daba cuenta de que más allá de los ímpetus tecnológicos que yo aprobaba, su manejo era imposible en una institución que es prácticamente mixta en su conducción aunque sea del Estado.

–¿Por qué en el expediente de autorización de la soja transgénica resistente al glifosato no figura ninguno de los estudios que pidieron los técnicos?

Felipe Solá: –En el expediente figuran los estudios que correspondían según la normativa vigente para la aprobación de temas transgénicos en la Secretaría de Agricultura en dicha época. El principal elemento de sostén técnico para esa aprobación fue, por supuesto, el trabajo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), prestigiada hoy y siempre, desde que se formó, en el año 1991, que fue impecable. Además, la empresa Nidera, que es la que había pedido que se estudiara la posibilidad de liberar la soja RR o transgénica resistente al herbicida total (no la empresa Monsanto, que fue la que la creó), presentaba trabajos de campo desde 1991 en la Secretaría de Agricultura y durante esos cinco años había estado siendo controlada por los técnicos del INTA. Es decir que hubo un largo tiempo de estudio del impacto que tenía en el medioambiente vegetal y animal, y sobre las posibilidades de problemas con la salud humana, antes de mi aprobación. No conozco otros técnicos que figuren en el expediente y, de ser así, yo me ajusté a la normativa vigente, que es la que me dictaba acudir a la Conabia.

Los estudios no realizados

–¿Por qué firmó la autorización el mismo día en que los técnicos pedían estudios de corto, mediano y largo plazo?

Felipe Solá: –La respuesta es parecida a la de la pregunta anterior. Yo no sé si el mismo día alguien pidió otra cosa, y no sé qué técnicos. Yo cumplí con mi obligación, no falté a ninguna de las obligaciones que tenía en cuanto a tomar recaudos para la aprobación de la soja transgénica. Si había algún técnico que estaba en desacuerdo, supongo que no aparece en el expediente y, si apareciera, eso no le quita absoluta legalidad y legitimidad a mi medida. Por otra parte, el tiempo transcurrido desde el momento en que se liberó esa soja hasta ahora, indica claramente que el uso racional del herbicida glifosato dentro de los límites que marcan las leyes no ha generado problemas con los humanos, salvo en aquellos casos en que operando sobre campos de soja pegados a algún lugar poblado se incumplió con la normativa sobre fumigaciones que dice que tiene que haber por lo menos dos kilómetros de distancia. Han afectado a alguna población de la misma manera en que nos puede afectar el insecticida Off si lo tomamos en una taza de té o si nos lo echamos en los ojos, porque tienen normativas de uso. La agricultura usaba antes fosforados y clorados como insecticidas y se prohibieron. El glifosato es de muy baja toxicidad y mucho más en relación a éstos.

–¿Por qué, de 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto?

Felipe Solá: –Monsanto tenía gran cantidad de investigaciones en el mundo hechas por la creación del gen RR, con ingeniería genética, y muchísimos estudios publicados con veracidad científica, abiertos al mundo de la ciencia y la tecnología para ser consultados y/o discutidos. Por eso, el aporte requerido por la Conabia es básicamente el aporte hecho por Monsanto, aunque no el único. Todos esos estudios fueron analizados por la Conabia y es lógico que quien creó el gen tuviera más elementos para aportar. Por eso, hay más páginas de Monsanto, supongo, porque no he tenido el expediente a la vista desde hace trece años. No lo he pedido, no lo he mirado, pero sí recuerdo y he reconstruido con algunos cómo fue este tema.

–¿Por qué esas páginas no fueron traducidas al español?

Felipe Solá: –Porque el inglés es el idioma científico y técnico, y porque nadie que pueda estar en condiciones de analizar algo como por ejemplo los efectos positivos o negativos de la soja transgénica, no domina el inglés. Ese expediente podía ser mirado el día de mañana por científicos o técnicos y ése era el idioma aceptado mundialmente. Aun los estudios científicos escritos en otro idioma de origen siempre son traducidos al inglés y entonces no había ninguna legislación argentina que nos obligara a traducirlos al español y tampoco creo yo que sea un problema en ninguna investigación a esta altura encontrarse con un texto en inglés.

–¿Por qué el dictamen jurídico tiene fecha posterior en tres días a la autorización, pero en el expediente figura en una foja anterior?

Felipe Solá: –No lo sé, no lo recuerdo, yo estaba absolutamente habilitado, con entidad, y era absolutamente apto para tomar la medida. Por lo tanto, la cuestión del dictamen jurídico que debe preceder obviamente en la fecha, como corresponde, a mi resolución, no es para mí el problema a dilucidar en este momento. Eso está claro.

La relación con Monsanto

–¿Cuáles fueron sus relaciones previas y posteriores con Monsanto?

Felipe Solá: –Como secretario de Agricultura, no he tenido con Monsanto relaciones especiales o que yo recuerde. No recuerdo ni el nombre de su presidente, ni la cara de Monsanto. Solamente pueden haber estado en reuniones de cámaras de las empresas, entre las cuales estaba Monsanto, pero durante mis largos años como secretario no tuve relación directa con Monsanto, ni a través de alguien, nunca. En el año 1981 hice un trabajo con el ingeniero Regúnaga en el que a mí me tocó la parte de campo. Era el estudio de mercado para el Roundup, lo que me llevó a viajar a algunas provincias, pero no firmé porque siempre fui un colaborador part-time para un trabajo que sí firmó Regúnaga. Era para Monsanto. Nunca más los vi después a los de Monsanto. Al decir después digo que alguien, en un momento dado, se reunió conmigo y con Regúnaga en 1981 a los efectos de requerir alguna pregunta sobre el trabajo, pero era un técnico del nivel más bajo. Después de la salida de la Secretaría de Agricultura tampoco he tenido la más mínima relación con Monsanto.

–¿Conoce casos nacionales o internacionales donde Monsanto ofreció sobornos?

–La gente que tiene un pensamiento globalifóbico, y dentro de ese pensamiento introduce la cuestión ecológica, le atribuye a la ingeniería genética una responsabilidad importante en algunas cuestiones, cosa que para mí en el caso de la soja no está para nada probado. Creo que no hay estudios sobre el tema de la posibilidad de que el Roundup sea un problema en sí mismo. Lo que está en discusión son los efectos sociales que pudo haber tenido la enorme difusión de la soja transgénica y de la agricultura sojera desde 1997 en adelante, que explica prácticamente todo el crecimiento de la agricultura argentina, que pasa de seis millones de toneladas en el año 1998, cuando yo me fui, a 97 millones de toneladas en el año 2008. Ante la pregunta concreta de los sobornos, no puedo saberlo, no lo sé. Es evidente que la cuestión ha tenido un impacto tal que, en términos conspirativos, se pueda pensar ahora que ha sido todo la culminación de un gran negocio. Yo creo que no fue así en el caso de la Argentina.

–¿Le ofrecieron pagarle por la autorización? En tal caso, ¿cuánto y qué contestó?

Felipe Solá: –Por supuesto que no. Es más, como secretario de Agricultura no firmé ninguna resolución, de ningún tema, por la cual me ofrecieran pagarme plata, o sobornos o lo que fuera. Salvo en el caso de temas vinculados con el Senasa, cuando este organismo tenía una función doble, porque además de hacerse cargo de la responsabilidad del estado sanitario de las industrias frigoríficas, también debía verificar si los matarifes estaban al día con los impuestos, con el IVA concretamente. En ese caso, hubo alguna sugerencia indirecta, que dio lugar a problemas, líos, que yo transmití por la prensa y que terminaron en varios casos con denuncias penales. Y yo recibí algunos “aprietes” bastante lamentables, pero que no consiguieron torcer nuestra política.

Nada de qué arrepentirse

–¿Algo más?

Felipe Solá: –Quisiera agregar algunas cosas. En primer lugar, no me arrepiento de lo conseguido, porque se trata en el fondo de investigar el impacto de la expansión del área sembrada con soja de 1997 a hoy. Creo que la soja transgénica permitió avanzar sobre estos cultivos, sobre otras actividades rurales y sobre regiones no pampeanas. Al permitir eso, ha producido seguramente cambios muy fuertes desde el punto de vista social y económico y en las formas de vida agraria, en algunos casos. Yo decidí que ingresara el gran cultivo en circunstancias muy especiales, el uno a uno hacía difícil ser un pequeño productor, el agricultor pudo aprovechar la innovación para subsistir, primero, y para crecer, después. La Argentina tuvo a mano una tecnología al mismo tiempo que Estados Unidos y la aplicó con enorme éxito porque ya venía siendo pionera en la siembra directa de sus cultivos. El avance no se hizo contra el suelo, sino respetando su estructura física y su actividad biológica por la misma siembra directa. Los resultados positivos fueron espectaculares y ocurrieron después de que me fuera de la Secretaría. Las distorsiones sociales y económicas también ocurrieron después, pero debo recalcar que en diez años no ha habido política agrícola ninguna, como no fuera dejar que cada uno sembrara lo que quisiera sin prever ni el monocultivo, que genera el problema sobre la fertilidad y no sobre la estructura física de los suelos, ni el reemplazo de actividades más intensivas en mano de obra rural y más tradicionales en cuanto al arraigo poblacional, en especial en las economías regionales. Me refiero a políticas de premios y castigos según el tipo de cultivo. Creció la oferta de mano de obra en las clases trabajadoras y medias de las ciudades rurales porque hubo mayor volumen producido, exportado consumido, pero bajó la oferta de mano de obra en el campo propiamente dicha. Resulta muy importante leer lo que el INTA, bajo la dirección del actual secretario de Agricultura, ha historiado mejor que nadie. Me refiero a “Diez años de organismos genéticamente modificados en la agricultura argentina”, de Eugenio Cap y Eduardo Trigo. También es muy importante leer lo que (el ministro) Lino Barañao opina del trabajo de la Conabia en estos temas. Finalmente, debo recordar también que el maíz RR, el maíz transgénico, fue aprobado por la Secretaría de Agricultura durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, de la misma manera que está aprobado en decenas de países junto con la soja, entre ellos Brasil. Por lo tanto, este descubrimiento de que la soja es la causante de todos los males ahora no parece haber sido algo consciente en la Secretaría de Agricultura en años anteriores, como tampoco en otra área de gobierno. Lo ocurrido es demasiado importante y transformador como para dejarlo como una conspiración antiargentina o como un simple hecho de corrupción como sugieren las preguntas. Las próximas elecciones no pueden servir de excusa para descubrir ahora quién es quién. Me refiero a mí. Con mis errores, yo soy el mismo de ayer y volvería a firmar como en 1996 la fenomenal ampliación de la economía del interior del país que se dio. Eso sí, si me hubiera quedado en la Secretaría de Agricultura, hubiera tenido una política agrícola, es decir, hubiera estudiado año tras año, junto con los productores, qué convenía sembrar, y para eso sirven las retenciones y hasta incluso algunos premios posibles a cada cultivo. Hubiera balanceado la agricultura argentina, de forma tal que no se sojizara. Con los errores recientes del año pasado, el gobierno ha sojizado aún más la agricultura. Eso es todo lo que tengo que decir, y agradezco ser consultado.

Entrevista con Regúnaga: Mercedes González.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-124649-2009-05-10.html

Sofía Gatica relató ayer su historia frente al tribunal que juzga el caso de los agroquímicos.

http://www.pagina12.com.ar/fotos/20120613/notas/na19fo01.jpg

TESTIMONIO DE UNA MUJER CUYO HIJO MURIO AL NACER EN UN PUEBLO CONTAMINADO

UNA MADRE CONTRA EL GLIFOSATO

En el juicio a dos ruralistas y un piloto por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó, de Córdoba, la madre que inició los reclamos en 2001 contó su lucha contra los agrotóxicos. Su bebé nació sin riñones. Y tiene otra hija afectada.

Sofía Gatica dio a luz un niño con una malformación que le causó la muerte en pocos minutos. Era 2001 y había poco conocimiento sobre la toxicidad de los agroquímicos, pero la cantidad de mujeres rapadas por la quimioterapia y los niños con leucemia cubiertos con barbijos aumentaba por las calles de la capital cordobesa donde vivía la mujer. Incansable, realizó encuestas por el pequeño poblado de cinco mil habitantes, descubrió que el número de patologías era superior a lo normal, sentó denuncias y conformó el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo. Ayer, declaró como querellante en la segunda jornada del primer juicio oral y público penal de Argentina por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud en zonas urbanas. El tribunal escuchó además otros tres testimonios.

Tras la exposición de la situación sanitaria realizada ayer, la segunda jornada de audiencias tuvo como protagonistas a los pobladores de Ituzaingó Anexo, unas 30 manzanas ubicadas en la periferia de Córdoba Capital que limitan con áreas rurales al norte, este y sur. El juicio unifica dos demandas de 2004 y 2008 por contaminación producto de fumigaciones aéreas y terrestres de agroquímicos en detrimento de la salud de las 1200 familias que tiene aproximadamente el barrio. Los imputados por el delito de “contaminación dolosa” –cuya pena prevista es de tres a diez años de cárcel– son dos productores, Francisco Parra y Jorge Alberto Gabrielli, y el propietario y piloto del avión fumigador, Edgardo Jorge Pancelli. En caso de comprobarse la vinculación entre fumigaciones y muerte, la figura por la que se los acusa, podría ser agravada con penas de 10 a 25 años de prisión.

Gatica fue la primera testigo de la tarde. El 24 de febrero de 2004 denunció que en el “campo de Parra”, al este del barrio, aplicaban agroquímicos con un equipo terrestre, “mosquito”. En aquella ocasión, el allanamiento realizado por orden de la fiscalía local logró identificar los restos de los productos utilizados, pero la investigación quedó cajoneada. Su pelea, no obstante, había comenzado en 2001, cuando tuvo un hijo que murió a los minutos del parto por una malformación: nació sin riñones. Conmovida por la cantidad de casos de cáncer que había en el barrio y por la muerte de su bebé, hizo la primera encuesta sanitaria del barrio. Relevó dos manzanas, con la ayuda de quienes luego conformarían el espacio Madres de Ituzaingó.

“Desde entonces hasta 2010 encontramos 193 casos de cáncer entre los vecinos, además de otras malformaciones como púrpura o labio leporino”, explicó Gatica, galardonada este año con el premio Goldman por su defensa del medio ambiente. La mujer tuvo que mudarse hace más de un año para resguardar su salud y la de su hija de 17 años, que está en pleno tratamiento de desintoxicación, luego de que detectaran que su sangre convive con dos plaguicidas. Las madres denunciaron casos de alergias respiratorias y en la piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones y cánceres. “En el 2003 lograron una ordenanza que estableció la distancia mínima de fumigación de 200 metros, pero los sojeros preferían pagar las multas, lo hacían de noche o en feriados. Ellas siempre estaban ahí tratando de pararlos”, contó a Página/12 Medardo Avila Vázquez, el otro querellante.

La audiencia había comenzado a la mañana con la declaración de Marcela Ferreyra. La vecina tuvo en 2004 un chico que murió en el primer día de vida también por una malformación. “Había quedado embarazada a principios de octubre, en coincidencia con la época del año en que se fumiga intensamente en los campos. Al menos dos veces por semana, el embrión recibía directamente el veneno que era rociado vía aérea”, detalló Avila Vázquez, que es médico y fue subsecretario municipal de Salud. La mujer contó al tribunal de la Cámara 1ª del Crimen que la fumigación se hacía de noche y que el cielo quedaba tapado bajo una “nube blanca”. “El olor se sentía en el aire a la mañana siguiente”, dijo. Luego, declararon Pablo Vargas, un vecino que fotografió la fumigación del 11 de febrero de 2001, y Norma Herrera.

“Sabemos que los imputados son el eslabón más débil de este modelo de agricultura tóxica que se aplica en más del 50 por ciento del país”, apuntó Avila Vázquez. “Aquí intervienen grupos económicos, como Monsanto, y grandes productores. Sin embargo, los acusados sabían lo que hacían, actuaban a conciencia y por dinero. No tienen perdón.” Las audiencias continuarán hasta al menos el martes, cuando está prevista la declaración del investigador del Conicet Andrés Carrasco, que estudió el efecto letal del glifosato en embriones.

Informe: Rocío Magnani.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-196270-2012-06-13.html

Débora Giorgi y Héctor Timerman ofrecieron una rueda de prensa luego de las reuniones.

http://www.pagina12.com.ar/fotos/20120616/subnotas/na02fo03.jpg

ANUNCIOS DE MONSANTO Y DE EMPRESAS DE MINERIA

INVERSIONES QUE LLEGAN.

Monsanto anunció que invertirá 1800 millones de pesos para una nueva planta de maíz que creará 400 puestos de trabajo. De Vido se reunió con las mineras Barrick Gold y Yamana Gold.

Antes de reunirse con los representantes de 40 empresas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro privado con autoridades de Monsanto, quienes le hicieron un anuncio concreto de inversión por 1800 millones de pesos para montar una nueva planta para semillas de maíz y otro de 170 millones de dólares para dos estaciones experimentales de maíz y soja en Córdoba y Tucumán.

“La inversión de Monsanto es importantísima y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 20-20, como nuestro plan industrial. Me decía su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología”, dijo luego la Presidenta al informar sobre la novedad en la reunión con empresarios. “Tengan ustedes la certeza –señaló– de que vamos a seguir en la misma línea. Yo estoy convencida de que tres van a ser los vectores que van a decidir el progreso o el retraso de los pueblos y de las naciones en el siglo XXI: la energía, los alimentos y la ciencia y la tecnología. El entrecruzamiento inteligente y virtuoso de estos tres vectores son los que van a permitir hacernos crecer. Y creo que Argentina tiene un futuro y un presente muy promisorio.”

Durante una conferencia de prensa que se realizó luego del evento, la ministra de Industria, Débora Giorgi, agregó que la nueva planta para producción de semillas de maíz implica “400 puestos de trabajo más” y destacó que el lugar de emplazamiento del emprendimiento es el barrio Malvinas Argentinas, en Córdoba, algo que ligó con el hecho de que la Presidenta estuviera en Nueva York debido al discurso que dio ante el Comité de Descolonización de la ONU.

Antes del encuentro de CFK con los empresarios, el ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo reuniones con Peter Monk, presidente de la operadora minera Barrick Gold, quien le confirmó que la empresa invertirá 6500 millones de pesos, monto previsto para el 2012 destinado al desarrollo del proyecto Pascua-Lama. Según informó el ministerio en un comunicado, “la minera destacó que el cronograma de inversiones para dicho proyecto se viene cumpliendo de acuerdo a lo establecido y que su puesta en funcionamiento está prevista para mediados de 2013”. De Vido estuvo también con el representante de otra empresa minera, en este caso con el vicepresidente de Yamana Gold, Patrick Portmann.

Por Victoria Ginzberg

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/196541-59379-2012-06-16.html

VIDEO

El mundo según Monsanto. En español y completo.

Documental que denuncia los efectos negativos que provocan los productos agroquímicos y las semillas de soja transgénica que comercializa la empresa más grande del mundo del sector.

En síntesis, expone la cara más oscura de la lógica económica neoliberal, a través de la realidad agrícola de América del Norte y del Sur, especialmente de Argentina.

Hoy Monsanto es el primer semillero de soja, maíz, algodón y productor de agroquímicos del mundo. Quien dice semilla, dice Monsanto, pero también dice alimentos.

Es la empresa norteamericana que maneja el mercado mundial de la soja. Es la misma empresa que fabricó PCB, y ocultó durante 50 años que ese aceite era cancerígeno. Es la empresa que produce y que patentó las semillas de soja genéticamente modificadas, para resistir agroquímicos y tempestades, etc.

Dirección: Marie-Monique Robin

Película – Duración: (1:49:04)

http://youtu.be/LdIkq6ecQGw

María Laura Ramognino

03 de agosto de 2012

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