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La persecución a Lula y las contradicciones del PT

Por Vanessa Dourado

Brasil pasa por momentos agónicos de una profunda crisis política. La condena de Luiz Inácio Lula da Silva es apenas parte de la respuesta de la derecha a la forma izquierdista sui generis de gobernar del Partido de los Trabajadores (PT). Luego de 13 años en el poder, el Partido de los Trabajadores profundiza su deseo de mantenerse en el espacio institucional a cualquier costo. Utilizando tácticas similares a las derechas, el Partido de los Trabajadores se puso de acuerdo con el capital financiero y con la comunidad empresarial de forma intensa y sin intención de ruptura. Durante los gobiernos del PT se incrementó un 420% la ganancia del sector financiero.

Sin embargo, los programas sociales de erradicación del hambre y de inserción social de los sectores más vulnerables del país son hechos que no pueden ser despreciados o negados. Todo es ilusión, menos el hambre. Si los sectores medios de la sociedad brasilera son críticos al gobierno del PT –principalmente de Lula– por su carácter conciliatorio, neo-desarrollista, su mano amiga a empresarios  y contratistas o por su política poco “izquierdista”, hay otro sector que piensa y saca sus conclusiones a partir de sus condiciones concretas. Para este último, Lula es no sólo un líder político que mira a los pobres, es también el único –en la visión de las mayorías–  que puede hacer que el pueblo no vuelva a transitar por situaciones de hambre y pobreza extrema. Quien tiene hambre, es prisionera. El inmediatismo de algunas políticas públicas, extremadamente criticadas por derechas e izquierdas, puede no haber sido una solución, pero para un pueblo golpeado por las históricas políticas segregacionistas, demofóbicas y criminalizadoras de la pobreza, sirve y es celebrado.

Las izquierdas críticas al PT cuestionan sus modos reformistas y sin soluciones de fondo. La derecha se desespera por volver a dominar Brasil y todo lo que significa tener en las manos un país con tantas oportunidades de negocios en un momento de profundización de la crisis a nivel global. La persecución al PT, Dilma y Lula es también una forma de desmoralizar a las izquierdas. El sistemático intentó de probar que las izquierdas no saben gobernar, siempre estuvo presente y se profundizó cuando Dilma asumió la presidencia.

En los últimos meses, Lula viene sufriendo una importante persecución política. Acusaciones sin pruebas concretas, un linchamiento mediático que  no respetó siquiera la muerte de su compañera, Marisa Letícia Lula da Silva, fallecida el último 27 de febrero y un proceso de demonización en torno a su figura. El golpe institucional, con la maniobra realizada para culpabilizar y destituir a Dilma Rousseff, es un marco relevante y ha pavimentado el camino para que otros juicios fuertemente cuestionables tomasen el espacio del sistema judicial. Pareciera ser que toda forma es válida en función de los intereses de quienes están ocupando de forma ilegitima y criminal los espacios político-institucionales del país.

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El Juez Sergio Moro, figura destacada en todo el proceso de investigación de la operación Lava Jato y responsable por la condena de Lula, es el gran entusiasta del fin de la corrupción en Brasil. Sin embrago, sus posicionamientos, muchas veces desprovistos de lógica y éticamente cuestionables, parecen no confirmar sus aparentes y proclamados deseos. Moro ha sido duramente criticado por sus colegas juristas  en su performance. Los hechos considerados justos por el juez incluyen escuchas telefónicas ilegales, parcialidad en los juicios de corrupción de miembros de las derechas y decisiones tomadas de formas arbitrarias –sin suficientes pruebas concretas para la fundamentación de las mismas–.

 

Mientras los acontecimientos van poco a poco dejando nítido que hay un gran acuerdo entre poderes fácticos. El sistema judicial, los sectores políticos interesados en mantener sus negocios  y el capital extranjero con el objetivo de redistribuir los privilegios a la burguesía en detrimento de los derechos básicos de la mayoría del pueblo brasileiro. Hay sectores populares que afirman, la actual democracia es la dictadura de ayer. La reforma laboral aprobada esta semana y el paquete de medidas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno ilegitimo de Michel Temer es una prueba de que la utilización del “combate a la corrupción” es, en realidad, una excusa para un retroceso en el tiempo mediante a un escenario que se asemeja al período colonial de Brasil, pero con nuevos actores.

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