Las víctimas del franquismo denuncian al Estado español por vez primera ante las Naciones Unidas

El pasado 2 de Noviembre, las víctimas del franquismo formalizaron una denuncia ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Suiza) como única vía urgente ante la lentitud de los tribunales españoles y otras instancias internacionales y ante la negativa del Estado español a cumplir su labor de búsqueda de todos los desaparecidos, labor que se deja en manos de asociaciones ciudadanas con anterioridad a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica.

En el documento se pide al Relator Especial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos, el argentino Juan Méndez, que actúe de manera urgente “para poner fin al sufrimiento de los familiares que siguen sin saber donde se encuentran sus seres queridos, muchos de ellos en situación de “especial riesgo al tratarse de personas de avanzada edad”. El autor del texto es Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor a su vez del caso de los ‘Niños Perdidos. Crímenes contra la Humanidad’ y de las primeras investigaciones jurídicas sobre los desaparecidos del franquismo.

Varias asociaciones de Memoria Histórica y colectivos de víctimas han suscrito este texto y “no descartan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo o el Relator ONU para la prevención del genocidio”.

Las víctimas fundamentan su petición de “acción urgente” en la persistencia de “trato inhumano, cruel y degradante” por parte de Gobierno hacia varios miles de familiares directos de los desaparecidos de la dictadura franquista (casos de las fosas comunes clandestinas y de los niños víctimas de desaparición forzada), por no cumplir su deber en la localización de los restos mortales de al menos 113.000 víctimas desaparición forzada abandonados en fosas comunes clandestinas y de cientos de desaparecidos en combate en escenarios como la batalla del Ebro con restos mortales directamente insepultos, lo que viola el Segundo Protocolo de la Convención de Ginebra y la Convención de la Haya de 1898.

Una vez presentada la denuncia, el Relator –que es el que tiene competencias inmediatas ante una situación de sufrimiento-, podría iniciar en cualquier momento un procedimiento de investigación in situ, es decir, viniendo a España y acudiendo a los lugares donde se sabe están las fosas clandestinas, además de entrevistarse con los familiares. También podría optar por dirigirse por escrito al Gobierno para pedirle explicaciones de lo que está sucediendo.

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