Los costos humanos de la multinacional Alto Paraná

Sábado 17 de marzo de 2012, por Alicia Rivas Zelaya ( Equipo de Comunicación de la CTA Misiones)

En Octubre del 2011 la Multinacional Arauco que controla la empresa Alto Paraná S.A. en el norte de la provincia de Misiones fue declarada culpable de Ecocidio y Genocidio. La sentencia fue dictada en el marco del Juicio Ético a las trasnacionales.

Condenó a Alto Paraná entre otras prácticas por la “profundización de la precarización exibilización laboral, con el aumento del trabajo temporario, la tercerización del empleo, la violación de los derechos laborales, la baja calificación laboral e, incluso, el trabajo esclavo”.

También se la responsabilizó de la concentración y extranjerización de tierras que expulsa a miles de pequeños y medianos productores de la zona, condiciona la subsistencia de municipios; la contaminación de suelo, agua y tierra. Se denunció la connivencia de los gobiernos municipal, provincial y nacional en la adecuación de los marcos jurídicos e institucionales para que puedan funcionar sin ser molestadas entre otras violaciones a los derechos humanos.

Lo ocurrido la tarde del 9 de enero del 2012 en las instalaciones de la planta de MDF perteneciente a esta multinacional es sólo un ejemplo de lo que ese Tribunal condenó y llamó a los Estados a controlar, investigar, reparar y evitar. Evidentemente nada se hizo.

La explosión

A las 16,30 de ese día un estruendo similar a una bomba se escucha en Puerto Piray, Montecarlo y Eldorado, localidades ubicadas en el norte de la provincia de Misiones, a pocos minutos de las Cataratas del Iguazú. Poco después sirenas, corridas y la primera información que circula: una explosión en la Planta MDF, en Puerto Piray, a unos 200 km. de Posadas. Se habla de decenas de heridos. A esa hora nadie se imaginaba que también se hablaría de un muerto. La gravedad del “accidente” es tal pero pocos medios y menos funcionarios se ocupan de dimensionarlo.

Los primeros en llegar son los efectivos de la Comisaría de Puerto Piray, advertidos por la fuerte explosión.

“La comisaría está a escasos metros y el ruido se escuchó con mucha fuerza” destacó el comisario de Puerto Piray Javier Viera quien llegó al lugar a los pocos minutos y agregó “se rompió un caño de unas 12 pulgadas, ubicado antes de la válvula, existió una dilatación del mismo y después la rotura, hay registros de mantenimientos y funcionamiento irregular de esas válvulas”.

“Se rompió un caño antes de la válvula de la caldera, se ve que no se hizo el mantenimiento, la caldera es como una gran olla a presión que revienta por la parte más débil. Dicen que era constante que se trabara la válvula y había que ir a darle un golpe para que se abriera, falló el control, falló el mantenimiento, una válvula de seguridad no tiene que golpearse manualmente para que abra, se tiene que abrir automáticamente. Se trabó una válvula y cuando subieron se reventó el caño, se liberó vapor de manera descontrolada quemando a los operarios que subieron al lugar para intentar destrabar”, lamentó Héctor Careaga desde el Sindicato Papelero de Alto Paraná, enrolado en la CTA.

Cerca de las 17.00 llaman a los Bomberos Voluntarios de Montecarlo, quienes llegan al lugar con dos ambulancias y dos unidades de rescate. A estos sólo se les permite retirar heridos y trasladarlos hasta el Hospital SAMIC de Eldorado. “Yo no te puedo decir mucho, lo único que tenés que saber es que solamente nos dejaron entrar hasta la enfermería y de ahí llevamos 5 heridos”, se excusan desde el cuerpo de Bomberos de Montecarlo distante a unos 30 km de Piray a quienes llamativamente no se les permitió acceder hasta el lugar del siniestro.

Recién dos días después de la explosión llega hasta la planta el Ministerio de Trabajo de la Provincia en representación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. “Lo usual es que estemos en los lugares de accidentes dentro de las 24 horas pero hay que pensar que estábamos en feria administrativa, pero igual fuimos antes de que la Superintendencia nos notifique oficialmente, fuimos porque nos enteramos por los medios de comunicación”, nos apuntan desde el Departamento de Higiene y Seguridad de ese Ministerio.

Como producto del “accidente” resultaron con heridas 9 operarios. Dos de ellos, Juan Bautista Gómez y Celso Rohrig, debieron ser trasladados hasta Posadas por la gravedad de las quemaduras recibidas.

El 9 de enero “por la noche ingresaron al Hospital –Madariaga de Posadas- 2 pacientes (51) y (41) años, derivados del Hospital SAMIC de Eldorado, posteriormente a haber sufrido heridas por la explosión de una caldera. Ambos pacientes se encuentran bajo un cuadro grave y crítico -con pronóstico reservado-, pero tienen todo el soporte que la institución les puede dar en la Unidad de Quemados”, manifestó el Dr. Walter Villalba, Coordinador Asistencial del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

El médico agregó que estos “pacientes han sufrido quemaduras de entre el 20 y 25 % de la superficie del cuerpo -ambos de tipo AB- lo cual los pone en una gravedad por la zona afectada” y agregó “han sufrido lo que denominamos injuria pulmonar -que es la perdida parcial de la función respiratoria- por lo tanto se encuentran con Asistencia Respiratoria Mecánica”, “normalmente todas las quemaduras de la vía aérea implican la inhalación de gases tóxicos como monóxido de carbono”. La agonía de Juan Bautista Gómez continuó hasta el 16 de enero. “La causa del deceso fue un paro cardiorespiratorio”, explicó Dr. Villalba.

Celso Rohrig permaneció internado por varias semanas, luchando por su vida hasta que finalmente pudo ser dado de alta a mediados de febrero. “Camina muy poquito, se agita mucho, dentro de todo está recuperándose bien, él era uno de los más graves, habla despacito todavía por todos los días que tuvo el respirador, se cansa mucho, no puede caminar nada prácticamente. Lo que es en la parte anímicamente esta muy mal, ya sabe que su compañero se murió”, apunta un familiar. Celso no depende directamente de Alto Paraná, trabaja para la empresa tercerizada Montajes JM. La reputación de esta contratista es muy cuestionada por los trabajadores de la zona.

Los demás heridos fueron dados de alta a pocos días del accidente, todos ellos presentan secuelas de diversa gravedad. Por sugerencia de la empresa y la justicia prefieren no dar entrevistas, hasta ahora solo pudieron testimoniar ante la policía que investiga el hecho.

La causa judicial recayó en el juzgado del polémico Juez Roberto Saldaña, cuestionado por su accionar en diversos expedientes, uno de ellos vinculado directamente a los intereses de Alto Paraná. Caratulado “Estrago Culposo Agravado”, está en plena etapa de instrucción, es decir no hay ningún imputado aún por el accidente ni por la muerte de Gómez.

“Siguiendo las directivas del juzgado en turno, recabamos la materia de investigación, documental, secuestro del caño que se rompió, en forma inmediata luego de que el personal paramédico desalojó y derivó a los heridos, nosotros solicitamos la presencia de la división criminalística en el lugar también requerimos la presencia de un ingeniero en siniestro de la policía para estudiar la caldera, como el caño que se rompió”, agrega el comisario Viera.

Los controles

La Multinacional Alto Paraná S.A. debido a los últimos “accidentes” ocurridos en sus distintas plantas debió estar siendo controlada de manera especial por el Ministerio de Trabajo. “La Superintendencia califica a las empresas según sus niveles de riesgo y nosotros tenemos que controlar”, agregan los funcionarios de la Dirección de Inspecciones Laborales del Ministerio de Trabajo de Misiones, pero inmediatamente aclaran que ésta “es una empresa que tiene todo en orden” y se excusan por la poca cantidad de inspectores con que cuenta el Ministerio. “Somos muy pocos para los 75 municipios”, esto mismo suelen repetir cuando se hablan de falta de controles en otras actividades, como la yerbatera o la forestal.

El registro de siniestralidad lo lleva la propia empresa y debe ser denunciada por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo a la Superintendencia para que se dispare desde ahí el mecanismo que obligue al Ministerio local a realizar las inspecciones y el seguimiento. Evidentemente estos registros no están por lo que no influyeron en los “estándares de Calidad en Sistema de Seguridad y Salud Ocupación OHSAS 18100” que promociona la misma empresa.

A casi 2 meses de la explosión el expediente administrativo abierto en el Área de Seguridad e Higiene todavía no tiene información sustancial para determinar los motivos de este nuevo “accidente”, tampoco si se hicieron todas inspecciones correspondientes, y el mantenimiento necesario evitarlo. “Estamos esperando el informe de Seguridad e Higiene de la Empresa, tenés que saber que nuestra investigación es administrativo técnica, y nosotros estábamos en feria”, reiteran pero nos aportan otro dato llamativo: la Superintendencia de Riesgo de Trabajo recién informa de este “accidente” el 13 de enero, es decir cuatro días después de la explosión.

Se supone que producido el accidente laboral, la empresa debió informar de forma inmediata a la ART, ésta a la Superintendencia del Riesgo de Trabajo que a su vez debió informar al Ministerio de Trabajo de la Provincia para que éste haga los relevamientos y la investigación correspondiente. “Todo eso se hace automático, por Internet”, reconocen desde Trabajo pero en este caso esto tardó 4 días.

“El control del Ministerio deja mucho que desear, no lo hace como corresponde, nosotros denunciamos muchísimas veces y las veces que llegan se comunican con la gerencia y no con los trabajadores, faltan controles” denunció una vez más el Sindicato Papelero uno de los gremios que intentó en su momento sindicalizar a los trabajadores de la planta de MDF pero las afiliaciones nunca prosperaron.

Sin embargo el territorio de la multinacional está en ocasiones militarizada, la presencia de efectivos de fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional, que permitan la libre circulación de sus camiones contaminantes, está garantizada.

Las tercerizadas

La cantidad de empresas tercerizadas al servicio de Alto Paraná es difícil de precisar. Desde el Sindicato Papelero aún esperan esta información para indagar sobre las condiciones en las que se encuentran los trabajadores empleaos en ellas.

“Ellos tienen que cobrar igual que nosotros, tienen que tener las mismas condiciones de trabajo que nosotros, pero sabemos que muchas de ellas tienen a sus trabajadores en pésimas condiciones”, remarcó Careaga que además es Secretario General de la CTA de Wanda.

El día de la explosión había varias contratistas en el lugar realizando tareas que no son precisamente eventuales. El proceso de tercerización y precarización laboral se incrementó sensiblemente en los últimos años. Se puede notar en áreas como “mantenimiento eléctrico, mecánico, limpieza, hay sectores en los que pueden haber inclusive varias contratistas, el movimiento de tercerizadas dentro de la planta es diario” apunta el comisario Viera desde el sumario judicial que se abrió.

“Muchos de los accidentados eran de empresas tercerizadas, no sabemos como estaban, desconocemos las condiciones, no están sindicalizados. Y un trabajador de una tercerizada, sin control de un organismo sindical esta a la buena de Dios, más allá de que la Alto Paraná les exija a estos contratistas muchos no cumplen con elementos de seguridad, salarios, el descanso, exponen a sus trabajadores a lugares donde se hacen tareas para el que no fueron capacitados. Las tercerizadas tratan por todos lados de ahorrar”, agrega Careaga.

Celso Rohrig, uno de los heridos graves que dejó la explosión trabaja para la contratista MONTAJES JM, perteneciente a Juan Monjes, denunciado por sus trabajadores por violaciones a los derechos laborales y las condiciones de trabajo. “Nosotros hicimos varias denuncias a la empresa como a la Secretaría por los incumplimientos. Los trabajadores con esta tercerizada están en pésimas condiciones, la empresa sabía muy bien esta situación”, agregó Careaga. Desde este Sindicato se denunciaron en innumerables ocasiones la situación de precariedad de estos operarios a pesar de que no estén afiliados al gremio.

“Los trabajadores tienen miedo, la presión de la empresa es muy grande para que no entren los sindicatos, si te afiliás te echan, por eso es muy difícil que entre un sindicato acá”, apuntaron desde la planta.

“La empresa Alto Paraná nunca demostró abiertamente que no querían que se organicen, pero quedó el temor que si te afiliás te echan y nosotros no hicimos campaña en ese tema. Hicimos reuniones, contamos de los beneficios pero no más”, reconoció Domingo Paiva secretario general del Sindicato de la Madera, otro de los gremios que podría reclamar la representación de estos trabajadores. Paiva reconoció también que tienen un solo afiliado en la planta y “lamentablemente estaba en la lista de heridos”.

Las muertes

Juan Bautista Gómez, ingeniero de 40 años, se desempeñaba como supervisor en la planta de MDF. Dejó una esposa y tres hijos pequeños. Forma parte ahora de la lista de muertos con la que carga la multinacional.

Su muerte, y el “accidente” que la provocó, deberá ser investigado por el polémico juez Roberto Saldaña del Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado. Este mismo está cuestionado por la actuación irregular en diversas causas. Una de ellas la de Gervasio Núñez, ex trabajador de la propia Alto Paraná, encarcelado desde hace casi 6 meses a raíz de una causa que denuncian los familiares ha sido “armada”, este trabajador al momento de su detención habría estado en conflicto con la empresa.

No es el único accidente que debió ser investigado por la justicia, tampoco la única muerte. El 17 de noviembre de 2008, Hugo Carballo, un operario de la contratista Limpieza Total murió tras caer de una torre de 15 metros de altura mientras trabajada en planta de Puerto Esperanza. El 7 de octubre de 2005, Luis Duarte de 35 años y Plácido Galeano de 49 años, murieron en los piletones de depuración de efluentes de la planta también en Puerto Esperanza. Los cuerpos fueron expulsados rápidamente al Río Paraná, desde donde fueron rescatados. Este hecho motivó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación porque se sospechaba que los cuerpos llegaron al curso mediante un túnel irregular que vierte los líquidos al curso de agua.

También habría que sumar la cantidad de trabajadores de esta actividad fallecidos o discapacitados a raíz de diferentes tipos de canceres y o accidentes. Podemos mencionar el caso de Celso Aníbal Fernández, un trabajador rural de 52 años oriundo de Puerto Piray, fallecido en diciembre del 2011 en el Hospital SAMIC de Eldorado, como consecuencia de un tumor maligno detectado tras doce años de fumigación manual con agrotóxicos para Alto Paraná S.A.

Artículo publicado en el Periódico de la CTA N° 84, correspondiente al mes de febrero de 2012

Comentarios estan cerrados

Galería de fotos

Acceder | Designed by Gabfire themes
  • Facebook