El presidente del AFSCA, Gabriel Mariotto recordó hoy que el próximo 28 de noviembre vence el plazo para que los multimedios cumplan con el artículo 161 de la ley de medios.

dijo:

Artículo 161 de la ley de medios que fija el límite de licencias de radio y televisión

El próximo 28 de noviembre vence el plazo para que las empresas mediáticas se presenten para cumplir con el artículo 161 de la ley de medios que fija el límite de licencias de radio y televisión. Así lo confirmó el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y flamante vicegobernador electo, Gabriel Mariotto, en una entrevista radial realizada con radio Continental.

Lo que ocurre es que la ley 26.522 sostiene que nadie puede controlar más de 10 licencias de radio y televisión abierta y que ningún grupo empresario puede cubrir más del 35 por ciento del total de habitantes. Es justamente el artículo 161 el que establece que todos aquellos prestadores que tengan más licencias que las permitidas deberán transferir alguna de ellas. Este punto es el no se está aplicando al grupo Clarín, que consiguió una medida cautelar, pero sí está vigente para el resto de los radiodifusores.

Para desmitificar dichos, Mariotto negó que la ley de medios se aplique para perjudicar a un determinado grupo y habló del caso Telefe que a través de Telefónica tiene varias licencias: “Aquí no se avanza contra un medio particular. Se esperan los tiempos administrativos para el cumplimiento de la ley. En noviembre vence el plazo de los grupos que tengan una cantidad de medios que excedan la cantidad de licencias excedidas. Telefónica no se excede en las licencias pero tiene dos temas por ser la titularidad una empresa extranjera. Por otra parte, es una empresa de servicios públicos y esto no le permitiría tener un medio. Telefónica dice que es una empresa autártica, asi que nosotros estamos analizando esto”.

Además, aseguró que la empresa de Alberto Pierri, Telecentro, está dentro de la ley, al sostener que “compite en su área con una empresa como Telefónica y Telecom”. Consultado sobre el resto de los concentrados empresarios dijo sobre la compra de los empresarios Raúl Moneta y Matías Garfunkel del paquete de radios CEI (FM Rock & Pop, Metro y Blue) que “estamos esperando la presentación del señor Moneta para ver cómo esa compra pasa a otros licenciatarios. Hubo un acuerdo que permitió que el grupo CIE cumpla con la transferencia de sus radios”.

Mariotto también negó que se permitan excepciones con el límite para que los medios de comunicación cumplan con la aplicación total de la ley de medios. Al respecto dijo que “hay tiempos administrativos”. Por ejemplo, explicó “el Grupo Hadad, en teoría, tiene más licencias de lo que le corresponde”.

Ya analizando la situación del Grupo Clarín dijo que “el volumen es tan alto que cualquier ciudad que abordes encontrás una posición dominante. Por eso Clarín está en el primer plano de ajuste a derecho”.

También se refirió a la publicidad oficial: “La publicidad oficial es el 3% de la totalidad de la publicidad. Igual tiene que tener la posibilidad de regirse por una ley. En la década del 80 y 90 no había partidos que accedieran a un spot. Esto se ha logrado. Ahora, las críticas de la SIP es que tiene que distribuirse de acuerdo al rating, un absurdo de la concentración. Qué quieren los grupos concentrados, que toda la publicidad vaya a ellos”.

“La publicidad del Estado no tiene que ser un condicionante para la existencia de un medio” dijo y agregó: “El Grupo Clarín es el que más pauta recibe. Por eso creo que no hay una guerra sino que tiene que ajustarse a derecho”.

Mariotto también defendió que haya empresas que ya tengan señales de televisión digital “porque estamos en una etapa experimental”: “Recién ahora se está llamando a concurso para que haya nuevos oferentes”. Además, reclamó que la oposición ocupe los espacios que les corresponde en el control de los medios.

Fuente

A fin de mes vence el plazo para cumplir con el art 161

La gran esperanza blanca. A Magnetto se le hundieron sus tres candidatos El Cabezón, Lilita y Ricardito. Ahora su única esperanza es Binner.

Clarín parece haber iniciado una vasta acción de contrainformación, y ha elegido hacerlo como en tantísimas otras oportunidades a través de La Nación (ver abajo). Que la redacción original del proyecto en danza para Papel Prensa haya sido de Cecilia Merchan (que después se alejó del FAP) es una cortina de humo. Los socialistas santafesinos impulsan este proyecto con la total anuencia de Magnetto. La clave son los tres años de plazo de desinversión. Lo demás es hojarasca. Magnetto viene pedaleándola desde hace tres años mientras por Moreno, el Anses y la CNV lo van poniendo contra la pared. Y ahora quieren pedalearla un año -hasta que la nueva ley quede firme- y a partir de entonces tres años más. Obtener siete años de gracia y en el ínterin seguir haciendo lo imposible porque haya una crisis ecómica, apostar a que que el ciclo kirchnerista se trunque, de manera de poder zafar definitivamente. La pregunta es, si están contra las cuerdas ¿por qué dejarlos escabullirse una vez más?

Papel Prensa, en la mira del oficialismo legislativo
Por Laura Serra | LA NACION

Después de las elecciones, en las que espera consagrarse ganador con más del 50% de los votos, el oficialismo irá por más en su plan de avanzar sobre los medios de comunicación independientes.

El próximo objetivo será Papel Prensa, empresa cuyos accionistas son Clarín (49%), LA NACION (22%) y el Estado nacional (27,5%).

Encumbradas fuentes parlamentarias adelantaron a LA NACION que, después de los comicios presidenciales, el oficialismo insistirá en aprobar el proyecto de ley que dispone declarar de interés público la producción, distribución y comercialización del papel de diario, que ya cuenta con dictamen de comisión en la Cámara de Diputados desde octubre de 2010.

La iniciativa está lista para ser discutida en el recinto e impone profundas regulaciones, ya que exige que el papel de diario se comercialice a un “precio final igualitario” y prohíbe a los medios gráficos tener acciones en empresas productoras de papel.

Asimismo, establece un plazo de tres años para que las actuales empresas productoras, comercializadoras y distribuidoras de papel de diario se ajusten a las obligaciones que impone la norma.

La iniciativa, curiosamente, no pertenece al Gobierno, principal interesado en intervenir en la empresa Papel Prensa. Fue elaborada por la diputada Cecilia Merchan, de Libres del Sur y aliada al candidato presidencial Hermes Binner, del Frente Amplio Progresista (FAP). El oficialismo, gustoso, firmó el dictamen, al igual que Proyecto Sur, que lidera el diputado Pino Solanas.

El resto de los bloques opositores -UCR, PJ Federal, Coalición Cívica, Pro y bancadas provinciales- expresaron su rechazo y lograron frenar el afán del oficialismo por aprobar el proyecto el año pasado. Sin embargo, la resistencia no durará demasiado, advierten: si el oficialismo triunfa por paliza en las elecciones presidenciales, posiblemente los bloques de FAP y Proyecto Sur finalmente cedan y aporten sus legisladores para convertirlo en ley.

El tiempo del oficialismo

Si el objetivo no se logra antes de diciembre próximo, los oficialistas no desesperan: saben que, con el recambio legislativo, recuperarán su mayoría en ambas cámaras. “Es sólo una cuestión de tiempo”, se lamentan los opositores. El avance de la iniciativa es uno de los temas de preocupación incluidos en el duro documento emitido ayer por ADEPA.

El oficialismo justifica su avanzada sobre la empresa Papel Prensa en la supuesta apropiación ilegal de la firma por parte de Clarín y LA NACION durante la última dictadura militar.

Denuncia, además, que ambas empresas periodísticas utilizan la compañía para producir papel para su propio abastecimiento y no para satisfacer “la sostenida demanda del mercado interno, que se ve obligada a importar papel a un precio que supera en casi un 50% al que ellos mismos se autoproveen”, según los fundamentos de un proyecto de ley, que en su momento envió la presidenta Cristina Kirchner.

Tanto LA NACION como Clarín rechazaron las denuncias del Gobierno y, ante la Justicia, presentaron elementos para demostrar que la venta de las acciones de Papel Prensa se realizó de manera voluntaria y lícita.

La oposición denunció la maniobra del Gobierno y lo acusó de pretender coartar la libertad de expresión. “El Poder Ejecutivo está avanzando, como una mancha de aceite, sobre los medios independientes para integrarlos a su ejército mediático que reproduce regular y sistemáticamente la palabra oficial. Se está destruyendo el papel que deben tener los medios en democracia”, enfatizó la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica).

La madre de todas las batallas

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y candidato a vicegobernador bonaerense por el kirchnerismo, Gabriel Mariotto, dijo ayer que la ley de medios permitió la “pluralidad de voces para expresar lo que somos y cómo somos”. En el tercer encuentro de formación de cuadros políticos, señaló: “A partir del cambio de modelo, en 2003, la madre de todas las batallas es la ley de medios de comunicación, porque es la matriz de la cultura”..

Fuente:http://pajarosalinas.blogspot.com/2011/10/ley-de-papel-prensa-esta-siendo.html

El hecho de que un puñado de empresarios vinieran controlando el 95% de la comunicación de toda la sociedad argentina implica que sus ganancias vienen siendo multimillonarias.

Una ley que tienda a desmonopilizar y a permitir que se escuchen más puntos de vista, necesariamente deberá hacer retroceder a esos multimillonarios multimediáticos empresarios en la cantidad de medios que poseen.

NO ESTAMOS EN

LA LEY PERO

EXISTIMOS

Los medios comunitarios, alternativos y populares, exigimos que se respete nuestro derecho a comunicar

La Red Nacional de Medios Alternativos realizará, este miércoles 23 de septiembre de 8 a 13 hs., una maratón de radio y televisión frente al Congreso con el objetivo de mostrar la existencia de las emisoras comunitarias y exigir que su derecho a la comunicación sea garantizado por el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A pesar de las modificaciones que se le realizaron al proyecto de Ley de Servicios y de todas las propuestas que aportó la RNMA en foros y audiencias, los medios comunitarios NO ESTAMOS dentro de la letra de la ley. Para la norma, hoy con media sanción de Diputados, somos “entidades sin fines de lucro” en las mismas condiciones que la Fundación Noble o la CGT.

Los medios comunitarios venimos trabajando desde hace años en contextos desfavorables, siendo perseguidos y muchas veces acallados. La libertad de expresión y el derecho a la comunicación se garantizan no sólo evitando cualquier tipo de monopolio sino resguardando los derechos de todos los sectores, pero sobre todo de aquellos que día a día construimos una comunicación solidaria, participativa y plural.

La ley debería otorgarnos mecanismos diferenciados y específicos para el acceso a licencias y armado del plan técnico, asignación automática de licencia a todos aquellos medios comunitarios que al momento de la sanción de la ley estén trasmitiendo, reserva específica del espectro,  representantes en la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación y en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual,  aumento del presupuesto destinado al fomento de emisoras comunitarias y reducción de la cantidad de licencias por prestador de 10 a 4.

No es viable ningún proyecto de ley que hable de “democratización de los medios” sin la derogación del decreto 527/05, firmado por Néstor Kirchner, que le regaló 10 años a los multimedios para explotar las licencias.

Con una ley que no nos ampara, los medios comunitarios estamos condenados a seguir siendo víctimas de los vaivenes de la autoridad de turno. ¿Ese es el destino que el Estado piensa para los que hacemos una comunicación distinta?

Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

Septiembre de 2009

Sin embargo, si analizamos los intereses puestos en juego y las diferentes posturas ante los cambios que impulsaría esta nueva Ley, podemos manejar algunas hipótesis para sacar conclusiones muy diferentes a las argumentaciones de esos diputados:

¿Existe una estrecha alianza entre los mayores multimedios y los políticos de la derecha, los que se retiraron del recinto a  la hora de votar?

Si uno revisa la manera en que fueron mostrados en medios masivos los candidatos, por ejemplo, de Unión PRO, en las últimas elecciones, y la manera en que estos defienden a los multimedios atacando ferozmente a la nueva Ley de Medios, no puede menos que pensar que ambos grupos se llevan extremadamente bien.

La descalificación de la Ley, sin matices, sin análisis, sin discriminación de artículos, tampoco puede menos que llamarnos la atención respecto de las intenciones que motivan a estos políticos.

Si uno analiza medianamente el grueso de los contenidos de la Ley que ya tiene media sanción fácilmente advertirá que es brutalmente más democrática que la que viene rigiendo, porque inevitablemente va a garantizar que alcanzen la difusión masiva muchas más miradas sobre la realidad de las que hay ahora, porque además van a tener trabajo muchos mas comunicadores y va a haber una consecuente mayor pluralidad de ideas en discusión.

Si uno a la vez calcula la cantidad de millones que con esta Ley van a dejar de  ganar las enormes corporaciones mediáticas que – controladas por un puñado de empresarios- acaparaban el 95% de la comunicación de la sociedad argentina, no puede menos que suponer que estas empresas van a desplegar todo su poderío para evitar que la Ley se sancione -léase van a hacer y decir lo que sea para descalificarla-.

Si además de eso uno advierte que la única chance que tienen los políticos de la derecha de ganar, es mostrando sus discursos frente a periodistas que no les hacen ningún cuestionamiento mientras esos medios permanentemente agitan la inseguridad para que ellos puedan ofrecerse como protectores, uno empieza a darse cuenta que cuando se vota a un político de derecha, no se vota solo a ese partido, sino también al multimedio que lo ha catapultado. Esto quiere decir que si el candidato gana, los intereses de ese multimedio serán prioridades, y probablemente también los intereses de las empresas que auspician en ese medio.

Los candidatos de la derecha saben muy bien esto, saben que sus discursos no resisten el debate, saben que solo ganan si son mostrados sin objeciones y reiteradamente.

Saben que Gabriela Micheti en Capital Federal salía- entrevistada por periodistas que la mimaban- en la TV aproximadamente 10 veces por cada vez que salía Pino Solanas y sin embargo estuvo cerca de empatarla en cantidad de votos.  Saben que con sólo un debate público -que arriesgaron probar-,  recibieron un duro golpe que casi los deja knock out.

Saben que en esta sociedad fragmentada, que ha dejado de reunirse, que ya no discute masivamente sobre política como lo hacia hace 30 años, está más que nunca la TV controlando la opinión pública.

Y saben que cuantos más medios haya, más difícil les será tapar sus fisuras, tapar sus delitos, esa enorme cantidad de irregularidades, represiones ilegales, desalojos violentos y violaciones a los derechos humanos que diariamente son silenciados por los grandes multimedios.

Lo saben porque además la estrategia de alianza entre multimedios y candidatos neoliberales funciona bien en muchos lugares del mundo.

Por eso han quedado descolocados y por eso están enfurecidos. Por eso dicen atrocidades sin sentido que ofenden la inteligencia de un niño, como lo hizo Macri al tildar de “fascista” la la nueva Ley de medios.

Por eso unen su furia a la furia de los dueños de los multimedios que pierden un negocio multimillonario.

Por eso nosotros, aunque seamos oposición al kirchnerismo y aunque no veamos en la iniciativa una vocación puramente guiada por intereses populares sino que nos huele a una represalia por una pelea entre dos grupos de poder, la celebramos.

La celebramos porque al ver la furia que le produce la Ley a los que pertenecen al sector que históricamente saquea al pueblo, sabemos que va a ser mejor, mucho mejor que lo que está vigente.

También sabemos que en una sociedad donde el mayor poder es el económico, los políticos de la derecha abroquelada no bajarán los brazos y desplegarán todos sus recursos para mantener el control de la opinión pública, por lo que no tenemos duda de que esta lucha está recién está empezando, de que va a ser larga, y de que la única forma que tiene el pueblo de enfrentar al poder económico es la organización.

Enrique Grandolini

Por el contrario, expresa los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y muchos otros aportes, y es el triunfo del arco social y progresista que logró modificar sustancialmente el proyecto original del PEN. El saludo de 30 universidades públicas del país lo demuestra. Lamentablemente, la reacción de los grupos mediáticos provocó confusión: los 25 legisladores denominados de “centroizquierda” fueron achacados de filo-K, cuasi-K, neo-K o directamente K. La campaña desinformante fue tal que los argentinos no hemos podido festejar el postergado anhelo de una ley que cumple con nuestros sueños democráticos.

Debemos recordar que tal desinformación es comparable a la que sufrimos en los 90. Quienes hoy cacarean, jamás intentaron debatir una ley de medios aún siendo gobierno, y esto no excusa al oportunismo oficialista. Fue la complicidad de esa dirigencia política y el discurso único neoliberal de los grandes medios lo que permitió las privatizaciones y el saqueo del patrimonio público del menemato. Quienes nos opusimos sufrimos el duro silenciamiento. Fue así que a ningún medio periodístico le pareció relevante dar publicidad el mayor de los debates culturales de entonces: en el marco de la ronda del libre comercio del GATT, los países europeos evitaron que EE.UU. pudiera ubicar a la cultura al nivel de industria.

Se pueden importar técnicos para fabricar automóviles, pero no se pueden traer poetas o artistas para expresar el alma de un pueblo, su identidad cultural. Sobre estos temas, siendo diputado nacional, promoví encuentros con la participación de legisladores latinoamericanos y europeos, pero fueron ignorados en los medios de la época.

Estas formas de censura no llamaron la atención de la oposición conservadora que habla de “Ley K” para deslegitimarla, aún cuando el oficialismo contribuye a ello con los manejos autoritarios del debate y los negocios que abortamos. El ciudadano debe saber que esta ley que algunos llaman “fascista” es menos protectora que las leyes europeas o norteamericanas que se toman de espejo: estas normas obligan a cuotas de producción local y tienen una regulación más alta que la nuestra. Sus leyes antimonopólicas jamás permitirían –como en la Argentina– que sólo cuatro operadores tengan 84% de la facturación y 83% del mercado.

Por ello la votamos en general y contribuimos con grandes cambios, como la exclusión de las telefónicas. Se hubieran podido realizar varios más, si los radicales, el macrismo y el pejota disidente se hubiesen quedado en el recinto. A no engañarse: vamos a tener en democracia la primera ley de medios –aún mejorable– hecha por todos y para todos los argentinos.

* Diputado electo – Proyecto Sur.

El parlamento nacional estudia la sanción de una nueva legislación en materia de comunicaciones audiovisuales en la Argentina. El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) intenta sancionar una nueva normativa que reemplace a la sancionada durante la dictadura terrorista que asoló el país entre 1976 y 1983. La propuesta se ha convertido en un eje determinante de la oleada de ataques políticos que exceden el tema en debate y que apuntan a un cuestionamiento global por parte de sectores que, por razones de lo más diversas, confrontan con el gobierno.

Sectores diversos se han puesto de acuerdo en decir que harán “todo lo posible para evitar que la ley se sancione”. Y van más, dicen que en el caso de que igual la misma se aprobara ella será sujeto de un pedido de anulación cuando se produzca la remoción de la mitad de la Cámara de Diputados y de un tercio de la de Senadores y su reemplazo por los elegidos en las elecciones del pasado 28 de junio, de resultas de lo cual la nueva cuantificación de los bloques mejora el poder parlamentario opositor.

Sobre esto último lo que se plantea es la cuestión entre legalidad y legitimidad, aunque no se lo exprese en estos términos. Nadie puede negar que es legal lo que haga esta conformación del Congreso de la Nación, lo que está en juego es si es legítimo que siga aprobando leyes cuando una reciente elección modificará su composición, no sólo en quienes serán legisladores sino también en cuando a que sectores crecerán y cuales disminuirán en su representación.

Precisamente como la discusión se centra en la legitimidad lo interesante es ver cómo se han comportado los actuales reclamantes en otros casos similares en los que no se tocaron intereses de grandes grupos económicos, más allá de que no fueran, en este caso, propios del negocio mediático. Casos de reciente data y de antigua data.

Entre los primeros se puede recordar uno muy reciente como fue el de la Ley de Emergencia Agropecuaria. Curiosamente los mismos diputados y senadores que hoy cargan contra el tratamiento de la proyectada norma audiovisual no tuvieron empacho alguno en ir a sentarse a sus bancas y votar la ley. Para eso no argumentaron que debían tomarse “vacaciones” hasta su relevo el 10 de diciembre y en ese momento ya habían pasado casi dos meses desde el 28 de junio. Luego, los mismos diputados “ilegítimos” se rasgaron las vestiduras cuando la presidenta Cristina Fernández, con buenas razones o no, vetó esa ley. Para los “ilegítimos” en ese caso sólo valía su condición de “legales”.

Pero si hay un sector de la oposición cuya postura es, al menos, incomprensible, es el de la Unión Cívica Radical (UCR). Hoy, al anunciarse la postura de la “oposición” contra la ley o su revisión cuando lleguen al Congreso los elegidos el 28, fueron algunos dirigentes de ese partido los que lo plantearon, al margen de la derecha machista y sus aliados. Y al respecto vale la pena recordar algo que tuvo a una bancada radical como principal protagonista exactamente dos décadas atrás.

Corría 1989 y el presidente Raúl Ricardo Alfonsín estaba en una agónica situación luego de que su candidato a sucederlo, Eduardo César Angeloz, sufriese una contundente derrota a manos de Carlos Saúl Menem, postulado por el Partido Justicialista (PJ). Faltaba medio año para el recambio presidencial y Alfonsín estaba jaqueado desde diversos flancos, incluso una de las nutrientes de la oposición actual, la Sociedad Rural Argentina (SRA), entonces liderada por Guillermo Alchourón. La hiperinflación y las protestas de todo tipo lo habían puesto contra la pared de manera que acordó con Menem apresurar el traspaso del poder del 10 de diciembre al 8 de julio.

Hasta ahí el tema es recordado por la mayoría, pero no sólo se acordó que Menem se calzase la banda presidencial. También hubo otras cosas en el medio. Alfonsín y Menem pactaron la Ley de Reforma del Estado, la 23.696, por la cual el nuevo presidente tiró por la borda todas sus promesas electorales, como la “revolución productiva” y abrió el camino a la política de destrucción del aparato del estado, al mal llamado “neoliberalismo”, al empobrecimiento y miserabilización de buena parte de la población y todo lo que es archiconocido.

Resulta que Menem no tenía posibilidades para sancionar la ley y debía, cuando menos, esperar al 10 de diciembre para impulsarla. Sin embargo se sancionó el 17 de agosto y ya el 23 apareció publicada en el Boletín Oficial, con el voto de los “ilegítimos” que debían irse a fin de año. Los mismo sucedió con la Ley de Emergencia Económica, la 23.697. El bloque radical, sin cuya facilitación ello no hubiese sido posible, fue el que permitió la aprobación del paquete de leyes menemistas que abrió al nuevo presidente la posibilidad de llevar adelante todo lo que hizo a lo largo de sus casi once años de gestión.

Al menos sería bueno que cuando la oposición radical, como hiciera hoy el diputado nacional Oscar Aguad al exponer en un encuentro con otros grupos opositores, señale que no se debe votar ya la ley, al menos repudie lo que hiciera su mismo bloque, aunque lo integrasen entonces otras personas, cuando abrió las puertas a las políticas que sufrió la Argentina durante la última década del siglo pasado.

Y no está de más un párrafo destinado a la postura adoptada entonces por los grandes medios que se limitaron a propagandizar las normas sin hacer objeciones. Fueron notas centralmente informativas y, de hecho, de apoyo al proceso desmantelador del estado: “Recomposición salarial y retiro voluntario para empleados públicos” (Clarín), “Texto de los decretos de reforma estatal” (La Nación), “Senadores del PJ y la UCR coinciden en la reforma del estado” (Clarín), “Diputados introdujo cambios al proyecto e reforma del estado” (Clarín), “Privatizaciones: valores y empresas en danza” (Clarín), y similares. Ningún título de carácter objetor.

Por último, como acotación postrera para el recuerdo, vale la pena que los “ilegitimizadotes” no dejen de tener en cuenta que sus antecesores que votaron la Reforma del Estado también, mediante esa norma, ya habían retocado la Ley de Radiodifusión 22.285, como parte del paquete. Reforma que, justamente, retoque mediante, abrió la puerta a la conformación de los grandes conglomerados empresarios periodísticos.

¿Ubi fantum tum est? (¿dónde está entonces lo legítimo?).

- Fernando Del Corro es periodista, historiador graduado la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA y subdirector de la carrera de “Periodismo económico” y colaborador de la cátedra de grado y de la maestría en “Deuda Externa”, de la Facultad de Derecho de la UBA. Asesor de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional para la Conmemoración del Bicentenario 1810-2010.De la redacción de MERCOSUR Noticias. www.mercosurnoticias.com

(por Por J. Bossi, criticadigital.com)

Con las bancas vacías de la oposición, que calificó de “ilegal” la sesión, pero con el apoyo clave de la centroizquierda y de los socialistas, el oficialismo consiguió esta madrugada la media sanción de la nueva Ley de Radiodifusión que envió Cristina Fernández de Kirchner. Después de catorce horas de debate, el kirchnerismo logró 147 votos a favor. Hubo 4 en contra y 1 abstención. Al momento de la votación había 104 legisladores ausentes.

El maratónico debate incluyó ásperos cruces entre los diputados, negociaciones de funcionarios K de último momento para corregir artículos y la retirada del núcleo duro del arco opositor tras denunciar la violación del reglamento de la Cámara baja.

A las 11.24, cuando el tablero marcó que había 130 legisladores presentes. De ese total, 101 eran del bloque kirchnerista que conduce Agustín Rossi. Es decir, que fue fundamental el apoyo de 29 diputados de otras extracciones para lograr el quórum. Entre las bancadas que contribuyeron, están las fuerzas de centroizquierda Encuentro Popular y Social, y Solidaridad e Igualdad, que durante las dos semanas de discusión en el Congreso solicitaron modificaciones a la versión original para dar su visto bueno al proyecto. Los otros aportes vinieron de usuales aliados del oficialismo, como el Movimiento Popular Neuquino –que, sin embargo, presentó un dictamen propio y se pronunció en contra–, el Frente Cívico de Santiago del Estero, la Concertación (ex radicales K) y otros monobloques, como el del diputado Lorenzo Borocotó.

Recién cuando el kirchnerismo consiguió número, la oposición se sumó a la discusión y apuntó a las “irregularidades” del trámite parlamentario. Adrián Pérez (Coalición Cívica) inició una seguidilla de planteos de “cuestiones de privilegio” para solicitar que el proyecto volviera a comisión para darle “un tratamiento sensato”. La moción fue rechazada por la mayoría. “Pido disculpas por si violentamos algunas formas”, dijo el jefe de la bancada K, Agustín Rossi, sobre el final del debate.

“Estamos tocando fuertes intereses de poderosos que se sentían impunes y usaban todo tipo de elementos para impedir que una ley regule los medios so pretexto de afectar la libertad de expresión”, dijo Manuel Baladrón, presidente de la Comisión de Comunicaciones, cabecera del plenario y el primer oficialista en tomar la palabra.

Desde la oposición, la radical Silvana Giúdici, presidenta de la Comisión de la Libertad de Expresión, objetó la falta de regulación de la publicidad oficial en el proyecto: “La pauta ha servido para callar voces críticas y compra medios en manos de los amigos”. Tildó la ley de “confiscatoria” y pronosticó que de instrumentarse esta ley Néstor Kirchner, “el presidente en ejercicio, será quien se quede con los medios”.

Uno de los discursos más escuchados fue el de la diputada Graciela Camaño, la única díscola del Frente para la Victoria. “Es una ley confusa. En algún momento me preguntaba cómo funcionó de mal el cortar y pegar en esta ley”, ironizó. Además, puso el eje en el artículo que fija un año como plazo para que los medios se adecuen a la norma, aun antes de que venzan los permisos. “El amigo Chávez se ajustó a derecho. Cuando las licencias caducaron, hizo su ley de comunicaciones”, concluyó.

A la hora de la siesta, con el recinto despoblado, las negociaciones transcurrían en despachos y bares cercanos. Gabriel Mariotto, titular del Comité Federal de Radiodifusión, trajinaba los últimos retoques a la ley, solicitados por los diputados oficialistas de Chubut y los socialistas, entre ellos, facilidades a las pymes dedicadas al rubro. Los cinco legisladores patagónicos responden al gobernador Mario Das Neves que, desde un principio, denostó la iniciativa. Hasta anteanoche, los peronistas disidentes que suscribieron el dictamen de minoría elaborado por Camaño contaban con la firma del chubutense Juan Pais, según dijeron fuentes de ese espacio a este diario. Eso no ocurrió.

La oposición dedicó la tarde a la rosca política lejos de las bancas. El PJ anti-K motorizó una estrategia para hacerle pagar al oficialismo el costo por la supuesta violación del reglamento. El diputado electo Felipe Solá y Francisco de Narváez se reunieron en una oficina del microcentro porteño para ajustar el plan. El ex gobernador bonaerense se comunicó con Jorge Busti, Adolfo Rodríguez Saá e incluso a Carlos Reutemann, quien no le devolvió el llamado. En total, juntaron 31 diputados que se retiraron de la sesión. La misma táctica adoptó el resto del arco opositor: la UCR, Unión PRO y la Coalición Cívica. Eso implicó que toda una bandeja estuviera vacía al final del debate.

Ayer, la sorpresa la dieron los socialistas: después de una ronda de consultas entre los miembros del comité del partido –entre ellos, el gobernador Hermes Binner y el senador Rubén Giustiniani– nueve de los diez diputados avalaron en general la norma. “Le creemos poco o nada al oficialismo en cuanto a las motivaciones de esta ley”, aclaró Silvia Augsburger, titular de la bancada, a la vez que reconoció que era un avance comparada con la norma de la dictadura. Esta postura ya tiene su correlato en el Senado: se descuenta que Giustiniani votará por el sí. A esa buena noticia para la Casa Rosada, se le sumó una mala: ayer el senador neuquino Horacio Lores llamó para felicitar a su coterráneo, el diputado José Brillo –quien votó en contra– y le anticipó que hará lo mismo, según confiaron a este diario fuentes de esa fuerza. El Movimiento Popular Neuquino fue hasta ahora un aliado fiel.

A diferencia de otros debates, como el de la resolución 125, no hubo enfrentamientos de hinchadas ni arengas en los palcos. Entrada la madrugada, el oficialismo logró aprobar, en soledad, su proyecto de medios.

http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=29680

La Presidenta explicó que la medida se toma para desterrar cualquier duda de los legisladores que pueda servir de excusa para demorar el tratamiento del proyecto.

Al encabezar una conferencia de prensa en el Salón Sur de la Casa Rosada, la mandataria recordó que el proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual que se debate en la Cámara de Diputados “transitó 25 foros, 80 reuniones públicas y tuvo 138 modificaciones”.

Aseguró que esta norma “constituye después del Código de Vélez Sarsfield la primera ley `anotada`, que significa que establece el origen y las razones por los cuáles se dicta la norma”.

Cristina Fernández, afirmó que “no recuerdo ninguna ley que se haya discutido con este nivel de amplitud” al referirse al proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados.

Destacó además la importancia que tienen “las audiencias públicas” que se están realizando en la cámara baja y dijo que la iniciativa esta teniendo “un trámite inédito”.

La Presidenta consideró que la nueva iniciativa “debe ser una ley de gran consenso, en la cual en los ejes fundamentales estemos todos de acuerdo”.

Durante su encuentro con la prensa dijo que “este proyecto no incluye en ningún articulado cómo debe ser el contenido de la publicación” y sostuvo que “la necesidad de tener una verdadera nueva ley de medios de la democracia es una oportunidad que no debe ser frustrada”.

Al ser consultada por el trámite parlamentario que sigue hoy el proyecto, la Jefa de Estado dijo que “no” maneja los tiempos” del Congreso “pero habiéndose obviado” el principal escollo que habían planteado algunos legisladores “seguro que los diputados van a cumplir con los plazos que se propusieron” para sancionar la ley de Comunicación Audiovisual.

Cristina Fernández anunció que se eliminará del proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual la participación de las empresas telefónicas en el espectro radioeléctrico.

Detalló que el Gobierno tomó la decisión de “eliminar que las telefónicas puedan participar de este ámbito” para “desterrar de que manera uno de los principales escollos y las excusas que le pueden haber servido a otros para no poder tratar la ley”.

Sostuvo además que el propósito de haber incluido a las telefónicas fue “dotar a la sociedad argentina de un instrumento legal en materia de medios que pueda permitir que se escuchen las voces de todos y que se desmonopolice este sector”.

Finalmente la mandataria aseguró que “la desmonopolización va a convertirse en negocio para muchas pymes que no pueden hacerlo porque no pueden competir con el monopolio y que se terminan fundiendo”.

Al ser consultada si la ley de Comunicación Audiovisual va a perjudicar a pequeñas radios del interior, dijo que “es exactamente al revés” y afirmó que “normalmente Canal 7 llega a todos los lugares donde no hay rentabilidad”.