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Pese al fuerte lobby de los laboratorios el Congreso quiere rescatar la Ley de Genéricos

Jimena Segura 10 de Agosto de 2014 | 12:00

La normativa que se aprobó en 2002 nació en terapia intensiva cuando a uno de los artículos se le incorporó misteriosamente un agregado que la transformó en letra muerta. Ahora hay consenso entre los legisladores para impulsar el cambio.

La semana pasada se realizó la jornada de difusión del proyecto de modificación de la Ley de Genéricos impulsado por la diputada Gloria Bidegain. El proyecto contempla la modificación del controversial artículo 2, que si bien exige la expresión del nombre genérico en la receta médica, permite que el profesional pueda sugerir el nombre o una marca comercial.

Así, la propuesta de modificación de la ley, pretende dejar en manos del médico solamente la prescripción de la modalidad terapéutica y del medicamento “por su nombre genérico o su denominación común internacional”, excluyendo la opción actual, supuesto causante de la desviación de los objetivos originales de la normativa.Hecha la ley… Concebida la llamada Ley de Genéricos en el año 2002 como ratificación del decreto del entonces ministro de Salud Ginés García, su espíritu se enmarcaba en una necesidad de reducción de los precios de los medicamentos frente a la crisis económica por la cual se decretó la “emergencia sanitaria”.
Según informó en las jornadas Rubén Torres, entonces superintendente de Servicios de Salud y actualmente Rector de la Universidad ISALUD, antes de sancionada la ley, el índice de precios de los medicamentos prácticamente duplicaba el índice general de precios, y a partir de implementada la nueva normativa esta relación se revirtió a partir del fuerte cumplimiento que tuvo en sus orígenes. Lo que se mantuvo sólo hasta fines de 2006, “en que por distorsiones del mercado se reubicó en los niveles próximos al IPC. Ello reveló que en tanto que se cumplió la norma, fue una herramienta poderosa”, señaló Torres.
De acuerdo a los especialistas, la intención original de la ley no contemplaba la incorporación de tal salvedad al artículo, pero las presiones de la industria farmacéutica habrían logrado su fin: la posibilidad de que el médico sugiriera en la receta una marca, lo que de sugerencia comenzó a transformarse en incumplimiento de la ley.
En la actualidad, según Bidegain, 7 de cada 10 reclamos que recibe en su despacho, están vinculados al incumplimiento de esta ley, la cual, dice “ha perdido estímulo en los últimos años, debido al incumplimiento de sus términos por parte de diferentes actores de la cadena de salud”.
Las razones del incumplimiento suelen recaer en varias cuestiones. Algunas por propia desinformación del médico, otras por conveniencia al recibir premios por recetar marcas, y otras por una cuestión cultural en donde el paciente se somete a una sugerencia del médico que va más allá de un saber científico real. De conjunto son todas expresiones del poder de mercado de los propios laboratorios en producir e instaurar determinadas marcas lo que les permite en definitiva obtener mayores rentabilidades.
De aquí que también acompañan este proyecto, otros como el de la limitación de gastos de publicidad de los laboratorios en medicamentos, donde el 2×1, la promoción de medicamentos de venta libre o la propia actividad del visitador médico sean restringidas, en tanto que convierten a un bien esencial en una mercancía, que por su parte responde a patrones de demanda inelástica muy particular y así ofrecen ganancias extraordinarias a la industria.
Encarecimiento.Según los especialistas, de cumplirse la ley, esta debería actuar como una herramienta eficaz para morigerar los aumentos desmedidos de precios.
La iniciativa en 2002 fue también acompañada del Plan Remediar y de la promoción de producción pública de medicamentos.
El Remediar posee hoy 17 mil dispensarios que permitió que bajaran los costos en tanto que por licitación el estado logra hasta un 80% de descuento en medicamentos que son luego provistos a entidades públicas como hospitales o centros de atención.
En el marco de estas jornadas, Torres remarcó que el 50% del gasto nacional en medicamentos sale del bolsillo de los ciudadanos, lo que si bien se encuentra atemperado por el Plan Remediar, el segmento que se encuentra entre el segundo y tercer quintil de la población, sin cobertura formal de la seguridad social, está fuertemente afectado por el impacto de este gasto “que frente a un aumento de precio de los medicamentos, hoy para un trabajador informal, que por alguna razón no tiene acceso al Remediar, se le hace catastrófico”.
Por ejemplo según la Defensoría del Pueblo para la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la evolución de los precios de los medicamentos de diciembre a la actualidad mostró un crecimiento promedio de entre un 35% y 40%, mientras que la ley de movilidad de los jubilados, que estuvo incluso sobre la pauta de otros aumentos, fue de un 30 por ciento.
Es este contexto en el que la tensión sobre el aumento de precios de los medicamentos llevó al replanteo de la normativa y del cumplimiento necesario de las mismas que permita una regulación más acorde a una necesidad social.
Y la cuestión justamente es esta, es decir cuál es la trasferencia de salarios, jubilaciones e inclusive presupuesto público, que se transforma en rentabilidad privada extraordinaria.
En palabras del diputado Carlos Raimundi, también invitado a disertar en la jornada, “existe una masa de recursos destinadas a la salud que se traducen en ganancia de los laboratorios privados. Una transferencia de ingresos de la población trabajadora a las empresas, donde muchas de estas muestran estructuras de tipo oligopólica o fuertemente concentradas” lo que fomentaría una política de la enfermedad antes de una política de salud. Es decir, un gasto destinado a curar y no a prevenir, lo que tiene su peso en un país en que el consumo per cápita de medicamentos es el más alto de la región y uno de los más altos del mundo.
“Este sistema privilegia la enfermedad”, señaló por su parte el diputado Gastón Harispe, lo que también tiene eco “en la necesidad de más obra pública, de cloacas, y todo ello frente a una crisis externa que encuentra una balanza comercial desfavorable para el tema de medicamentosque presenta en la actualidad un déficit de 1700 millones de dólares, lo que lleva a la necesidad de desarrollar un proceso de sustitución de importaciones, ámbito en el que también la actividad se encontró con dificultades, y a la imperiosa necesidad de avanzar en estas medidas que apunten a regular precios, donde existe una fuerte distorsión y disputa en este sentido”.
El tema de la rentabilidad de los laboratorios es polémico, porque la estructura de costos es una enigma de la que casi no existe ningún tipo de conocimiento.
Sin embargo, las estimaciones de los expertos del sector, en la que la producción por parte de los laboratorios públicos, para algunos casos funciona como precio de referencia, permite ubicar estos valores en márgenes que pueden oscilar entre desde un 200% y un 800% de precios  si se lo compara con la producción del genérico.
Muchas veces esa diferencia clave en los precio que separan a los medicamentos comerciales de los genéricos se explica por los mayores gastos de marketing y del propio packaging o embalaje, que resultan fundamentales en la competencia del sector, donde en muchos casos se presupone que es más alto que el valor del propio remedio.
Según indicó Jorge Rachid en el marco de estas jornadas, “no hay ninguna industria ni en el país ni en el mundo que tengan los niveles de rentabilidad de la industria farmacéutica”.
En este sentido, Rachid puntualizó que “es interesante el mecanismo de los laboratorios públicos donde todo lo que recaudan en este concepto lo invierten en investigación y desarrollo, contrariamente a los privados que destinan un porcentaje ínfimo de sus ganancias a I+D”.
Según el especialista “en un país donde el gasto total de salud de la Argentina llega a los 4000 millones de dólares, del cual un 32% se gasta en medicamentos, esto recae fuertemente en los sectores públicos”.
Regulación y cumplimiento. Para Nicolás Santander, Presidente de CAPGEN (Cámara argentina de productores de medicamentos genéricosy de uso hospitalario), cámara que representa a los laboratorios productores de genéricos destinados básicamente a cubrir parte de la demanda estatal y principal proveedora de genéricos del Plan Remediar, “en el momento en que surgió la ley tenía un grado de cumplimiento muy interesante.”
Sin embargo, Santander inmediatamente explicó que “con el tiempo la cuestión se fue entorpeciendo, por lo que la modificación de este artículo permitiría evitar cualquier tipo de confusiones, donde el objetivo de defender al consumidor que prima en su artículo 1ro., es en términos efectivos acotado por la posibilidad de meter el nombre comercial”.
Todo parece indicar que la regulación se centraría acá en otorgar una mayor libertad de elección al consumidor, y que este vuelva así a ser el regulador del mercado mediante la posibilidad de elegir por un precio más bajo.
Por su parte, la diputada Carolina Gaillard opinó que se trata de “un problema esencialmente cultural donde se maldice que el genérico no es eficiente, pero todos pasan por el control de la ANMAT, y esa distorsión cultural en donde el paciente deposita todo tipo decisión en la sugerencia en el medico, fortalece el hecho de que la salud sea un negocio”.
No obstante, la cuestión de la dimensión cultural tiene su límite. Por esta razón, según Torres, hay que ver qué pasa fundamentalmente con la propia distribución pública de medicamentos, cómo se la controla. “Además de las leyes se necesita un poder de policía por parte del estado que haga cumplirlas”, subraya Torres, quien advirtió sobre el problema de la distribución señalando que “genera fuertes distorsiones, no solo en la conformación del precio sino en toda la cadena de dispensación del medicamento”.
En este sentido. Torres remarcó la importancia de que exista un mayor control por parte de los organismo estatales vinculados a la temática. “Se necesita un control del sistema nacional de obras sociales y el PAMI, porque los contratos que esta organización establece son en muchos casos distorsivos y presionan a la suba del precio”.  (ver recuadro).
De aquí que la creación de la normativa y su cumplimentación, son de conjunto un reflejo del poder efectivo que el mercado tiene sobre determinada industria.
El tema es que al tratarse la salud de un derecho, comienzan a distorsionarse los términos, y en definitiva, los mecanismos regulatorios sobre su producción.
A pesar de la declaración del medicamento como “bien social”, la realidad es que mientras su producción y distribución sea privada, es una mercancía.
Y la publicidad forma parte de la competencia privada e independiente, y se traduce en un gasto improductivo para el conjunto de la sociedad. Su publicitación lleva a fenómenos como la automedicalización y las connivencias entre médicos y laboratorios donde lo “social”, termina siendo ajeno a esta dinámica. Sin embargo, todo ello debe ser analizado dentro del esquema general del funcionamiento del sistema de salud.
Muchas veces la automedicalización puede ser respuesta no sólo a la publicidad sino también a la deficiencia de la atención que puede observarse en algunos centros médicos.
Por ellos, los funcionarios, especialistas e interesados en la temática, al referirse y profundizar sobre los precios de los medicamentos en la Argentina, lo contextualizan en el marco más amplio de un sistema de producción, distribución, atención médica y sanitaria. «
El peso específico del acuerdo del pami
Hubo un hecho paradigmático en junio de 1997 cuando las tres grandes cámaras de la industria CAEME, CILFA y Cooperala crearon la “industria del medicamento”, nombre de fantasía que dio lugar al gran contrato de medicamentos con el Pami.
El contrato capitado con el Pami tiene su peso en tanto que un tercio del mercado del medicamento que se comercializa en el país, es consumido por esta obra social, lo que le otorga a esta negociación realizada con estas tres cámaras un control sustancial sobre este mercado. A través de este contrato, los medicamentos que consumen los beneficiarios de esta obra social, es decir, la gran masa de jubilados y pensionados, son específicos de farmacias, de manera que responden a una marca en particular.
De esta manera, en palabras de Eugenio Semino, titular del Instituto de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la industria se “cartelizó”, porque antes de la conformación de la “industria del medicamento” había cierta competencia de algunos específicos con otros, y a partir de este acuerdo se establecieron precios y cantidades producidas y comercializadas por los laboratorios permitiéndoles una mayor redistribución entre las empresas y por ende un mayor control del mercado y de los precios.
Salvo en internaciones o en algún tipo de atención hospitalaria donde el Pami provee de genéricos, fundamentalmente lo que funciona es este contrato tradicional con la industria médica.
Los laboratorios que forman parte del acuerdo, asimismo establecieron en este contrato la gerencia y distribución de los medicamentos a través de la red Farmalink, lo que para muchos significó un avance en la integración horizontal del sector, es decir productores interviniendo en la comercialización. Farmalinkse encarga de distribuir, auditar las recetas y pagarle a las farmacias. Así es sabido en el sector, que todos los años, en el marco de la renegociación del contrato entre el Pami y la “industria del medicamento”, gracias a este control la distribución se paraliza como forma de apriete a la negociación, lo que no sólo incurre en un relativo desabastecimiento, sino también en su correspondiente suba de precios.
Entrevista a Jorge Rachid
“Los laboratorios públicos pueden transformarse en empresas testigos”
Reconocido militante de la promoción pública de medicamentos, en su experiencia como ex presidente de Laboratorios Puntanos hoy se encuentra frente de la tarea de poner en marcha el Laboratorio de las Fuerzas Armadas, único de jurisdicción nacional. Disertante de las jornadas de difusión del proyecto de modificación de la Ley de Genéricos, dialogó con Tiempo Argentino y opinó sobre el alcance del mismo y las necesidades más acuciantes en la provisión nacional de medicamentos.
–¿Qué avances presenta este proyecto?
–Esto viene a reparar en el mejor de los casos, un error histórico,y en el peor, una concesión. Porque el artículo 2 de la Leyes lo que justamente tergiversó su propio espíritu, donde por un lado se obliga  la prescripción por monodroga, pero por otro posibilita agregar el nombre fantasía. Así pasamos del 70% a menos del 5% en la prescripción de drogas genéricas en el mercado farmacéutico. El nombre fantasía es producto del lucro y de un proceso de sobremedicalización en la Argentina, que incluso incurre en la iatrogenia medicamentosa –enfermedad ocasionada por la propia medicalización–, que impacta fundamentalmente en el segundo nivel de internación.
–¿De qué manera los laboratorios públicos juegan un papel crucial en este sentido? 
–Los laboratorios públicos manejan una estructura de costos conocida en la elaboración, producción y comercialización de medicamentos, mientras que los privados no los muestran. Estos destinan una cantidad del gasto en función del marketing y del compromiso con los médicos, donde incluso se producen cuestiones que bordean la ilegalidad. Finalmente lo que sucede es que la incidencia de la materia prima es mínima en la elaboración del costo total del medicamento, donde muchas veces el blíster termina siendo más caro que el propio producto. Así surge un abanico de precios que por ejemplo en el caso del anatril va desde $ 2,5 hasta los $ 90. Los laboratorios públicos pueden dar a conocer sus costos directos e indirectos y así transformarse en empresas testigo de precios frente a cualquier discusión del estado con los privados.
–Muchas veces se argumenta que los laboratorios privados tienen más escala y tecnología y por tanto son más eficientes que los laboratorios públicos, ¿pueden entonces funcionar efectivamente como referentes de un precio más bajo?
–La primera respuesta es que si efectivamente los privados pueden elaborar a menores costos, entonces ¿por qué no lo hacen? Así no se explica cómo en muchos medicamentos se observan precios que llegan a ser 800 o 900 veces superior que en su producción pública. Tuvimos la experiencia por la cual un laboratorio privado de primer nivel, que ocupa el 33% del mercado hormonal, se le quemó la planta y estuvo durante un año y medio produciendo en un laboratorio público con su personal y maquinarias, y logrando las mismas condiciones de eficiencia, lo que le permitió a ese laboratorio privado, que hoy habla de la ineficiencia de los públicos, mantener su cuota de mercado. Y hay más casos de estos.
–¿Cuál es la situación mundial y local respecto a la importación de la droga base?
–El principal productor a nivel mundial es la India, y le sigue China. En Argentina se llegó a producir toda la droga base del país, luego las políticas neoliberales plantearon que era mejor comprar hecho y hoy todo se importa lo que contribuye a la balanza comercial desfavorable. Pero tenemos el knowhow necesario y los recursos humanos para lograr producirla, por eso el Ministerio de Defensa llevó la propuesta a la Unasur de desarrollar un marco institucional de defensa del medicamento como eje de construcción y soberanía a fines de llegar a proveer droga base para 450 millones de personas pertenecientes a la región.
Fuente:
http://tiempo.infonews.com

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