Hubo un hecho paradigmático en junio de 1997 cuando las tres grandes cámaras de la industria CAEME, CILFA y Cooperala crearon la “industria del medicamento”, nombre de fantasía que dio lugar al gran contrato de medicamentos con el Pami.

El contrato capitado con el Pami tiene su peso en tanto que un tercio del mercado del medicamento que se comercializa en el país, es consumido por esta obra social, lo que le otorga a esta negociación realizada con estas tres cámaras un control sustancial sobre este mercado. A través de este contrato, los medicamentos que consumen los beneficiarios de esta obra social, es decir, la gran masa de jubilados y pensionados, son específicos de farmacias, de manera que responden a una marca en particular.

De esta manera, en palabras de Eugenio Semino, titular del Instituto de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la industria se “cartelizó”, porque antes de la conformación de la “industria del medicamento” había cierta competencia de algunos específicos con otros, y a partir de este acuerdo se establecieron precios y cantidades producidas y comercializadas por los laboratorios permitiéndoles una mayor redistribución entre las empresas y por ende un mayor control del mercado y de los precios.

Salvo en internaciones o en algún tipo de atención hospitalaria donde el Pami provee de genéricos, fundamentalmente lo que funciona es este contrato tradicional con la industria médica.

Los laboratorios que forman parte del acuerdo, asimismo establecieron en este contrato la gerencia y distribución de los medicamentos a través de la red Farmalink, lo que para muchos significó un avance en la integración horizontal del sector, es decir productores interviniendo en la comercialización. Farmalinkse encarga de distribuir, auditar las recetas y pagarle a las farmacias. Así es sabido en el sector, que todos los años, en el marco de la renegociación del contrato entre el Pami y la “industria del medicamento”, gracias a este control la distribución se paraliza como forma de apriete a la negociación, lo que no sólo incurre en un relativo desabastecimiento, sino también en su correspondiente suba de precios.

“Los laboratorios públicos pueden transformarse en empresas testigos”

Reconocido militante de la promoción pública de medicamentos, en su experiencia como ex presidente de Laboratorios Puntanos hoy se encuentra frente de la tarea de poner en marcha el Laboratorio de las Fuerzas Armadas, único de jurisdicción nacional. Disertante de las jornadas de difusión del proyecto de modificación de la Ley de Genéricos, dialogó con Tiempo Argentino y opinó sobre el alcance del mismo y las necesidades más acuciantes en la provisión nacional de medicamentos.

–Esto viene a reparar en el mejor de los casos, un error histórico,y en el peor, una concesión. Porque el artículo 2 de la Leyes lo que justamente tergiversó su propio espíritu, donde por un lado se obliga  la prescripción por monodroga, pero por otro posibilita agregar el nombre fantasía. Así pasamos del 70% a menos del 5% en la prescripción de drogas genéricas en el mercado farmacéutico. El nombre fantasía es producto del lucro y de un proceso de sobremedicalización en la Argentina, que incluso incurre en la iatrogenia medicamentosa –enfermedad ocasionada por la propia medicalización–, que impacta fundamentalmente en el segundo nivel de internación.

–Los laboratorios públicos manejan una estructura de costos conocida en la elaboración, producción y comercialización de medicamentos, mientras que los privados no los muestran. Estos destinan una cantidad del gasto en función del marketing y del compromiso con los médicos, donde incluso se producen cuestiones que bordean la ilegalidad. Finalmente lo que sucede es que la incidencia de la materia prima es mínima en la elaboración del costo total del medicamento, donde muchas veces el blíster termina siendo más caro que el propio producto. Así surge un abanico de precios que por ejemplo en el caso del anatril va desde $ 2,5 hasta los $ 90. Los laboratorios públicos pueden dar a conocer sus costos directos e indirectos y así transformarse en empresas testigo de precios frente a cualquier discusión del estado con los privados.

–La primera respuesta es que si efectivamente los privados pueden elaborar a menores costos, entonces ¿por qué no lo hacen? Así no se explica cómo en muchos medicamentos se observan precios que llegan a ser 800 o 900 veces superior que en su producción pública. Tuvimos la experiencia por la cual un laboratorio privado de primer nivel, que ocupa el 33% del mercado hormonal, se le quemó la planta y estuvo durante un año y medio produciendo en un laboratorio público con su personal y maquinarias, y logrando las mismas condiciones de eficiencia, lo que le permitió a ese laboratorio privado, que hoy habla de la ineficiencia de los públicos, mantener su cuota de mercado. Y hay más casos de estos.

–El principal productor a nivel mundial es la India, y le sigue China. En Argentina se llegó a producir toda la droga base del país, luego las políticas neoliberales plantearon que era mejor comprar hecho y hoy todo se importa lo que contribuye a la balanza comercial desfavorable. Pero tenemos el knowhow necesario y los recursos humanos para lograr producirla, por eso el Ministerio de Defensa llevó la propuesta a la Unasur de desarrollar un marco institucional de defensa del medicamento como eje de construcción y soberanía a fines de llegar a proveer droga base para 450 millones de personas pertenecientes a la región.